Durante la tarde de ayer, vecinos de la localidad de Nueva Coneta, en Capayán, cortaron ruta nacional 38 para reclamar que la Justicia de Catamarca dé respuestas por el caso de un joven denunciando por abuso sexual a dos niños quien por ser inimputable sigue libre. El acusado, de 21 años, tiene un retraso madurativo y una causa anterior abierta por un hecho similar cometido contra un familiar suyo. La madre de los niños que fueron agredidos aseguró que el fiscal que investiga les dijo que no “tienen dónde ponerlo”.

El hecho se registró el viernes en horas de la tarde. La madre de los niños de 8 y 6 años contó que ambos iban a su casa cuando el acusado se cruzó en su camino y les dijo que el puente para cruzar el canal de riego estaba roto. Los niños decidieron entonces ir por un camino alternativo, más oscuro y cerrado y el sujeto los siguió. Cuando llegaron hasta un lugar donde había una casa en construcción les dijo que ahí dentro tenía un pelota con el objetivo de hacerlos ingresar, pero ellos no quisieron entrar.

Tras la negativa, el sujeto se enfureció y tomó a la niña desde atrás y le tapó la boca para que no grite. Ella se resistió y su hermano comenzó al golpearlo hasta que lograron zafarse y correr hasta su casa.

“El enfermo le rompió el labio por lo fuerte que la agarró. Se aprovechó de que son niños, lo premeditó porque eso fue planeado así que no pueden decirme que sufre de un retraso, sabía lo que hacía” contó la madre a la prensa tras salir de hablar con el Fiscal que entiende la causa.

“Por lo que me cuentan él ya tiene una causa abierta por abuso sexual con acceso carnal a una sobrina. Es decir que tuvimos suerte de que mi nena no sea otra víctima de eso. Yo no lo veo mal, solo tiene una dificultad para hablar y lo peor es que el fiscal me dice que por tener un retraso madurativo, del cual no me dijo qué grado, no puede imputarlo y no tiene dónde ponerlo porque en Catamarca no hay lugares para este tipo de casos”, manifestó angustiada.

Según el relato de la mujer, el acusado vive a escasos cien metros de su casa. “Mis hijos están dañados psicológicamente, hay parientes de él que van a la misma escuela, no puede quedar libre así como así”, dijo la mujer y anunció que por la tarde cortarían la ruta para exigir otra respuesta.

El corte, inició alrededor de las 15 y se extendió hasta las 19 en donde además de la familia víctima se sumaron otros vecinos. En ese lapso, desde la Justicia anunciaron que el acusado sería llevado hasta el área de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista con el objetivo de peritarlo y determinar si puede o no responder por sus actos judicialmente.

Sin protocolo

Catamarca, a diferencia de otras provincias del país no cuenta con lugar para agresores inimputables. Si bien, desde noviembre del año pasado desde la Corte de Justicia local se convocó a reuniones interdisciplinarias para establecer un protocolo de actuación en estos casos, hasta el momento no fue concluido.

En enero, y por un caso similar en donde la justicia de instrucción liberó a un agresor aduciendo que la Ley de Salud Mental impedía su internación involuntaria, Catamarca/12 entrevistó a la licenciada Carolina Álvarez, una de las precursoras de esa Ley en la provincia, quien aseguró que un sujeto con características reincidentes y peligroso para él mismo y para terceros no podía estar libre.

Álvarez, explicó que la Ley de Salud Mental, cuya base es evitar la manicomización de las personas, “No protege a estos delincuentes y agresores. Se trata sólo de confusión que se crea por una palabra. Esto significa que mientras el artículo 34 del Código Penal, establece que en caso de enajenación, se podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio hasta tanto los peritos declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás, la Ley de Salud Mental habla de internaciones involuntarias y en el artículo 23 de esa norma dice de manera clara que quedan exceptuadas las internaciones realizadas en el marco de lo previsto en el artículo 34”, explicó.

“El problema es la palabra manicomio y que en la provincia ya no existen por la nueva Ley, pero sí hay jurisprudencia de creaciones en otras provincias de dispositivos especiales para éste tipo de casos. No vas a meter en la cárcel a una persona con ese tipo de estructura, puede ser peor. Pero existe ese riesgo permanente entonces tampoco está la opción de dejarlo libre. No hay que verlo como alguien como que no tiene culpa. Que él no se sienta culpable es otra cosa, pero lo es”, aclaró la profesional.

“Todo esto me parece que lo que está demandando es un dispositivo especifico. Nunca es dejarlo libre. La ley habla de internación involuntaria. Puede ser muchos años, renovado, se pueden hacer muchas cosas”, dijo y resaltó: “Somos responsables como sistema de los riesgos que corra esta persona y también del riesgo que corre el tercero”. 

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