La Justicia instó este martes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que, en el plazo de quince días, informe sobre cada uno de los proyectos urbanos y propuestas de convenios urbanísticos presentados en el marco del Decreto reglamentario 475/2020 que regula la subasta de excepciones inmobiliarias.

La sentencia se dió en el marco de la causa que inició la organización "Observatorio del Derecho a la Ciudad", que pide el real acceso a la información porque considera que el Gobierno porteño no brinda "datos certeros" respecto de la planificación urbanística.

En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) invocó la excepción prevista en el inciso en la legislación porque considera que esos proyectos “no ostentan el carácter de información pública, en tanto contienen información sensible cuya divulgación podría devenir en un perjuicio para los participantes de la convocatoria, lesionando sus intereses”.

En esta línea, informaron que las propuestas de proyectos presentados ascendían a ciento diecinueve (119) y que “al no haber aún un estudio suficiente de los casos, no puede haber una exteriorización de la documentación".

En su justificación, agregaron que "se trata de información reservada amparada por los derechos de autor, propiedad intelectual, secreto profesional, y secreto comercial, ya que sin su consentimiento podría afectarse el nivel de competitividad y/o lesionar intereses de los participantes”.

El Tribunal, por su parte, sostuvo en este punto que “el derecho de acceso a la información pública –como todo derecho– no es absoluto, pero la ley debe garantizar que el acceso a la información sea efectivo y lo más amplio posible, por lo que, en la práctica, las excepciones no pueden transformarse en la regla general". 

Es por esto que concedieron el pedido de la organización y se pidió que la jefatura de gobierno porteña "facilite la información sin obstáculos". 

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad manifestaron que el pedido judicial es porque “la política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños". 

"Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación inmobiliaria. El principal objetivo de los convenios urbanísticos es hacer caja política para las elecciones de 2023" resumieron.