El jueves fue un día convulsionado para la comuna de Rosario de La Frontera, al sur de la provincia de Salta. Por la mañana, un equipo de la Fiscalía Penal local, allanó las dependencias del municipio buscando documentación en la Secretaría de Hacienda. En el mismo momento, el Ministerio Público anunciaba que Nicolás Rodríguez López, a cargo de la investigación, había ordenado la detención de la secretaria, Carolina Solís, hermana del intendente, y que el viernes se leerían los cargos de su imputación.

Ayer Rodríguez López reveló que decidió imputar en forma provisional a la funcionaria por el delito de fraude a la administración pública, incumplimiento a los deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado por la supuesta emisión de cheques del municipio para una persona registrada como proveedora y que luego fueron endosados y cobrados por un empleado municipal. Además de allanar las oficinas municipales, de donde retiraron documentación, lo hicieron también en los domicilios particulares de la principal investigada y de otra persona vinculada a la causa.

Rodríguez aclaró que la detención cautelar de la secretaria de Hacienda obedeció a que constataron que estaba entorpeciendo de la investigación, direccionando, mediante mensajes por WhatsApp, a testigos que aún no habían declarado. Y que esos mensajes estaban destinados a “aleccionar e inducir supuestas coartadas a fin de frustrar la finalidad de la investigación”, sostuvo el funcionario del Ministerio Público. Pero añadió que accedieron al pedido de su defensa para que la detención sea domiciliaria.

Tras conocer la acusación en su contra, Solís manifestó que declarará por escrito. Y la fiscalía solicitó mantener su detención.

Lo que más llamó la atención de lo que está sucediendo en Rosario de la Frontera fue que justo el mismo jueves, mientras se realizaban los allanamientos, otro fiscal penal, en este caso Oscar López Ibarra, requirió elevar a juicio ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán, la causa en la que se encuentran imputados desde septiembre del año pasado el intendente, su hermana, y cinco funcionarios municipales más por asociación ilícita, falsedad de instrumento público, y peculado.

López Ibarra los acusa por supuestas maniobras fraudulentas respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que aseguran no haber percibido dinero alguno.

Desde el municipio, el único que habló fue el secretario de Gobierno, Luciano Elvira, quien repitió que el municipio siempre estuvo y estará a disposición de la justicia. Aunque no dejó pasar la ocasión para aclarar que era muy extraño lo que estaba sucediendo: “Esperemos que el movimiento sea netamente judicial y no con otras intenciones”.

En el 2020, Solís denunció persecución política por parte del gobierno provincial por no pasarse al oficialismo, cuando en ese entonces la Auditoría General de la provincia, a través de Mariano San Millán, se presentó en fiscalía a denunciar irregularidades en las cuentas del municipio pero durante el período 2017, y que ya habían sido auditadas en 2018.

La ex intendenta de Isla de Cañas a jucio

La fiscala penal 3 de Delitos Económicos Complejos de Orán, Mónica Viazzi, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, para Angelina Lucía Canchi, por los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta por supresión de documentos y peculado.

La imputación se dio tras la denuncia de quien fue su sucesor, Jorge Canchi, ni bien asumido, quien asegura, y así lo sostiene la fiscala, que la ex jefa comunal de esa localidad del departamento Iruya, incurrió en el delito de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo al librar tres cheques, que firmó y selló el 26 de diciembre de 2019, cuando ya había cesado su mandato.

A su vez, la acusan de fraude porque según la funcionaria del Ministerio Público ocultó, mutiló o hizo desaparecer toda la documentación o registración que había en el municipio, impidiendo de esa manera cualquier tipo de control para que la nueva gestión pudiera conocer el estado financiero y contable. Por lo que supone que de esa manera se disponían los fondos públicos de manera discrecional “con evidente perjuicio al erario municipal con lucro indebido a propios y ajenos”.

De la pericia realizada, se pudo determinar que antes de cesar su gestión, Canchi libró 42 cheques entre el 7 de octubre y el 27 de diciembre de 2019, vaciando una cuenta del municipio.

A la ex intendenta se le imputan cuatro hechos de peculado. El primero de ellos se refiere a bienes pertenecientes a una fábrica de dulces que funcionaba como cooperativa y que Angelina Canchi recibió al asumir su gestión, sin embargo, nunca se puso en funcionamiento y los bienes fueron sustraídos mientras se encontraban bajo su custodia.

El segundo hecho corresponde al pago mediante un cheque del municipio a un trabajador particular para realizar reparaciones en su domicilio particular. El tercero es por el pago, efectuado días previos al cese de sus funciones como intendenta, de un préstamo personal bancario con dinero del municipio. Y por último, está acusada por el desvío de fondos municipales destinados al pago de una obra eléctrica en noviembre de 2019, y que no se encuentra respaldado documentalmente respecto a la suma percibida y cuál fue el destino.

Denunciaron a Eugenio Herrera

Tampoco se libró de una denuncia penal el intendente del municipio de Iruya, Eugenio Herrera. En este caso fueron la presidenta y el vicepresidente del Concejo Deliberante de aquella localidad los que lo acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa compleja en perjuicio de la administración pública.

Gloria Herrera y Felipe Velásquez presentaron un largo listado de pedidos de informes sobre el destino de los fondos, ingresos y gastos de obras que se vienen anunciando en el pueblo y que nunca recibieron una respuesta por parte del municipio.

En una de las pocas rendiciones de cuenta que contestó Herrera, encontraron que los gastos superaban en más de $1.500.000 a lo que se decía se había erogado. Y al contactarse con los proveedores se enteraron que esas compras nunca se habían efectuado, o que los montos finales se habían adulterado.

A su vez aseguraron que hay obras inconclusas e incluso algunas inexistentes, y que, sin embargo, figuran en las rendiciones trimestrales de 2020 y 2021. Entre ellas, la construcción de ocho viviendas edificadas por el IPV en 2019 para las familias afectadas por un alud. Según los ediles, el intendente no los deja ingresar a pesar que los beneficiarios recibieron las llaves.

Sumaron fondos girados por el IPV para la construcción de núcleos húmedos y soluciones habitacionales pero que aún que no se utilizaron. Y un faltante de más de $10.000.0000 por obras viales para el mantenimiento de los caminos carreteros que no tuvieron entre 2020 y 2021.