No hay un sólo elemento de prueba nuevo en la megacausa que investiga el flujo de dinero a las cooperativas de viviendas de la Tupac Amaru. Sin embargo, la semana pasada, la fiscalía de Estado del gobierno de Gerardo Morales cambió la imputación legal contra el ex gobernador Eduardo Fellner y otros ex funcionarios de la provincia. De buenas a primeras, pasaron de estar imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público a organizadores de una asociación ilícita en la misma línea con Milagro Sala. Por eso el fiscal Diego Cussel pidió sus detenciones. Si todo sigue con la misma lógica con la que hasta ahora se impulsaron las causas, el pedido puede dejarlos efectivamente del lado de adentro de la cárcel. Esto explica el estado de alarma que invadió a Fellner y al PJ local durante el fin de semana y su decisión de romper el silencio después de año y medio. Los legisladores provinciales del peronismo adjudican este movimiento contra el fellnerismo al contexto electoral. “A 20 días de la presentación de las candidaturas a senadores y diputados, siguiendo instrucciones de la casa de gobierno, el titular del ministerio público de la acusación y el señor agente fiscal, efectuaron un insólito e injustificado pedido de detención.”

Fellner se presentó ayer mismo a primera hora ante la Justicia con sus abogados que buscaron ganar tiempo con un planteo de incompetencia. Pidieron que esta megacausa –en la que hace un año ya tiene denunciados también al ex ministro Julio De Vido y a José López– pase a la órbita federal. La opción que no es nada descabellada, podría estar explicando en realidad por qué Morales puso un pie en el acelerador. 

La noticia del pedido de detención sobre buena parte de la estructura de gobierno de Fellner comenzó a circular el viernes y desde entonces tiene el vilo a la clase política jujeña. Fellner se enteró por los diarios. Y hasta ayer el gobierno no había informado nada oficialmente. Ayer lo hicieron en conferencia de prensa desde el área de comunicación de la fiscalía de Estado.

“En fecha 2 de junio de 2017 se promovió acción penal ampliando la imputación en contra de Eduardo Alfredo Fellner (del ex ministro) Luis Horacio Consentini, como organizadores de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, y ampliando promoción de acción pública, en contra de los mismos, por coautoría de fraude a la administración pública por administración infiel, (16 hechos) todos en concurso real”, señala el comunicado. También se promovió acción penal contra el ex titular del IVUJ, José Lucio Abregú, entre otros, como integrante del delito de asociación ilícita y coautoría de fraude a la administración pública. La decisión incluye también a intendentes. Y se amplió acción penal pública contra de Milagro Amalia Angela Sala, como coautora del delito de fraude a la administración pública. “Se sospecha, fundadamente con pruebas –dice el comunicado– que la estructura estatal de la que formaban parte como funcionarios, por sus acciones y omisiones, dejó de cumplir sus objetivos institucionales y legales de control del erario en la ejecución y aplicación de fondos dinerarios para la construcción de viviendas, y procurar un perjuicio deliberado a la administración pública que alcanza la suma de mil trescientos millones de pesos.” 

En clave de alerta, el Consejo Nacional del PJ consensuó un pronunciamiento el sábado con la firma de José Luis Gioja, Gildo Infrán y Miguel Angel Pichetto. “Consideramos que no hay motivo alguno para solicitar la detención de Fellner ni de ninguno de sus colaboradores siendo que siempre estuvieron ajustados a derecho”, dijeron. Y señalaron que era llamativo que las decisiones se tomen en cercanías del proceso electoral. Lo mismo sucedió con el bloque de diputados del PJ de la provincia: por primera vez desde que asumió Gerardo Morales el peronismo local sacó un comunicado de tono muy crítico. “La justicia de Jujuy ha sido intervenida por el gobernador Gerardo Morales”, señalaron, un posicionamiento que se espera desde el momento de la detención de Milagro Sala y que no había ocurrido pese a las denuncias de los organismos de derechos humanos del país e internacionales. “Es prueba de ello la ampliación del número de miembros del Superior Tribunal de Justicia para conformar una mayoría automática”, dijeron. Y adjudican este movimiento al contexto electoral y a una decisión directa de Morales.  

El PJ está convencido de que la orden de detención es un artificio político: que la causa no tiene nueva pruebas y que las imputaciones que le adjudican a Fellner, como haber creado una unidad descentralizada para el manejo de fondos, por ejemplo, era un procedimiento que estaba reglamentado y que ya fue discutido en la causa. De esto habló ayer en el juzgado de Isidoro Cruz, el abogado de Fellner, Horacio José Aguilar, uno de los abogados más conocidos por la clase política local, ex juez federal, más tarde abogado de Carlos Blaquier y socio del estudio jurídico del hermano del gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey. “(Fellner) se va a presentar y a poner a disposición”, dijo Aguilar. “Nos ha causado gran sorpresa porque de las constancias en la causa no surge ningún elemento que indique la posible comisión de un delito. Desde hace un año que seguimos la causa, se produjeron innumerables pruebas, pero no hay elementos que indiquen una asociación ilícita, ni mucho menos”.

Por eso, a la hora de evaluar razones, el PJ habla del contexto electoral. Creen que todo esto se da porque la senadora Liliana Fellner anunció la semana pasada su precandidatura a revalidar su cargo. Que también aparece en medio de una durísima pelea por el control del PJ que enfrenta a los diputados fellneristas con el vicegobernador Carlos Haquim, del Frente Renovador: hoy el partido está intervenido por la justicia federal, pero Haquim se niega a entregar las llaves de la sede partidaria. Alrededor, están las especulaciones entorno a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia por la libertad de Milagro y los mensajes que pueda estar mandando Morales.