El miércoles, Día de la Patria, mientras millones de compatriotas salieron a las calles de todo el país para evocar (es mejor verbo cuando hay poco o nada para "celebrar") el primer pronunciamiento ciudadano de 1810, a la par y asombrosamente esta columna recibió, proveniente de Francia, la sorprendente idea de que los ríos también pueden ser –y son– sujetos de derecho.

Lo que seguramente ensancha las actuales perspectivas, y en algunos países ya está cambiando la creencia de que los ríos no "sienten" ni "sufren" y se puede hacer cualquier cosa –cualquier modo de explotación– con ellos.

La mencionada idea llegó gracias a colegas que, con toda agudeza, tradujeron e hicieron llegar a esta columna el texto de una asombrosa entrevista al intelectual francés Camille de Toledo, seudónimo de Alexis Mital, hoy uno de los ensayistas jóvenes más interesantes y originales de Europa, y además fundador de la Sociedad Europea de Autores.

Nacido en Lyon en 1976, estudió historia, ciencias políticas, derecho y literatura en París, siguió su formación en la London School of Economics y al cabo se mudó a Nueva York para estudiar cine y fotografía. De donde regresó a Francia y fundó la revista Don Quichotte, de la que es editor. Y donde empezó a trabajar una idea absolutamente original: que "los ríos también tienen derechos".

Partiendo de la idea de que "la cólera terrestre puede entenderse como signo de una lucha social de la naturaleza", en su libro "Los vínculos que liberan" relata las audiencias del Parlamento de la región del río Loire, que es el más largo de Francia con 1006 kilómetros de recorrido, baña una cuenca de 117.000 km² y drena más de una quinta parte del territorio francés antes de desembocar en el océano Atlántico.

Dirigido por una comisión constituyente, se llevó a cabo un original experimento, único en Europa, a partir de la idea de dotar al río de personalidad jurídica y sobre todo representar a los no humanos en los órganos de decisión política.

Vale la pena reproducir algunos fragmentos de la entrevista, traducida gentilmente para esta nota por Carlos Schmerkin, argentino residente en Francia y autor de "La paloma engomada: relatos de la prisión 1975-1979".

—¿Son las audiencias del Parlamento del Loire una respuesta a la "ira de los vivos" de la que los incendios del pasado verano son una expresión?

—Lo que nos está ocurriendo (incendios, inundaciones y otros trastornos climáticos) puede leerse como un lenguaje: una ira terrenal. No sólo "los seres vivos" sino el conjunto de las relaciones del sistema terrestre se ven alterados, incluídos los grandes ciclos del agua, la bioquímica atmosférica, las corrientes oceánicas... Podemos entender estas manifestaciones terrestres como una extensión del lenguaje, y podemos también acoger esta "cólera terrestre" como el signo emergente de una "lucha social de la naturaleza". Son estas luchas, estos lenguajes de la Tierra, los que algunos científicos, activistas, investigadores, artistas, políticos y juristas se empeñan ahora en traducir.

—¿Qué querría decir esa idea de "lucha terrenal" en términos legales?

—Desde mediados de los años 60 hemos asistido al desarrollo de una primera era de "derechos de la naturaleza". Una época de "protección" en la que eran los colectivos humanos, y en parte algunos Estados como malvados "guardianes", los que protegían los grandes bienes comunes naturales. Pero con el inicio del siglo 21 asistimos al desarrollo de los "derechos subjetivos" de las entidades naturales, vinculados a la condición de sujetos de derecho. Frente a los sujetos jurídicos-empresas y sujetos jurídicos-estados, que usan y abusan de las entidades naturales, cabe utilizar el mecanismo de la personalidad jurídica para que ríos, lagos, humedales, etc. puedan defenderse en los tribunales y así responder a los ataques y depredaciones que los amenazan. Es como un "alzamiento jurídico terrestre" que amplía las manifestaciones sociales.

—El Parlamento del Loire está estudiando la posibilidad de dotar al río de personalidad jurídica. ¿Cuáles son los precedentes en el mundo?

—En 1972 un actor de Hollywood, Christopher Stone, en el marco de un litigio contra la empresa Disney y basado en la idea de que los bosques y los ríos debían tener derechos ante la ley, impulsó un movimiento global para que los árboles tuviesen el estatus de sujetos de derecho. Años más tarde, en 2008, la Constitución del Ecuador reconoció a la Tierra como sujeto de derecho. Y entre 2016 y 2018 el movimiento se aceleró al crearse una especie de Internacional de los Ríos a la par que algunas leyes y jueces daban personalidad jurídica a algunas cuencas fluviales: el río Whanganui en Nueva Zelanda; el Atrato, que es el tercer río navegable de Colombia; el Ganges y el Yamuna en la India. Hubo jueces que revocaron esas decisiones, claro está, pero la segunda mitad de este siglo 21 será sin duda el tiempo de construir nuevas jurisprudencias.

—¿Qué puede hacer la ley para luchar contra la crisis ecológica y climática?

—Si se dota a una entidad natural de personalidad jurídica, se le permite defenderse por sí misma. Si se le da a una semilla "el derecho a reproducirse", es posible actuar en contra de los intereses económicos que quisieran patentarla. Si se otorga a un río el estatus de sujeto de derecho --como fue el caso del Atrato en Colombia-- no sólo se permite al medio ambiente reclamar daños y perjuicios para su restauración, sino que también se ayuda a las poblaciones locales, que dependen del agua para su subsistencia frente a la lógica de la usurpación o extracción. Así, si una especie de abeja en Canadá tiene personalidad jurídica, podrá exigir una parte de los ingresos. Y lo mismo ocurre con el Loire y el trabajo que realiza para ayudar a producir electricidad. A largo plazo, esto permitiría remunerar el trabajo de la tierra, no en beneficio de intereses privados, sino de la propia Tierra. Y así consolidar, fortalecer y enriquecer los bienes comunes naturales, para que puedan defenderse por sí mismos.

—¿Hay ejemplos concretos?

—En Francia tenemos una ley sobre daños ecológicos que reconoce implícitamente que las entidades naturales pueden pedir reparación, independientemente de los intereses humanos asociados. Esto significa que si un río está contaminado, no sólo debemos compensar los intereses humanos que dependen de él, sino también al propio río. Esto ya es un reconocimiento de un derecho subjetivo de la entidad natural... Hoy todo lo que está bajo la voluntad política del Estado -aplicada a la naturaleza- está expuesto a una forma de esquizofrenia: con un gran sueño de crecimiento por un lado, que mantendría los márgenes y las rentas del capital, y por otro lado una ley protectora. Pero lo que vemos es que el Estado y sus organismos se esfuerzan en garantizar el dominio de los intereses económicos por sobre el medio ambiente. Entonces se trata de crear un tercer actor: el sujeto jurídico del río, de las sierras, de tal o cual especie. Para que los entornos puedan tener herramientas jurídicas para defenderse. Y esto va en la dirección de un mejor equilibrio de poderes, de un "espíritu de las leyes" más justo.