Las plataformas globales de video a demanda se han convertido -por el volumen de capital que movilizan y el impacto creciente sobre la producción y distribución de contenidos-, en actores centrales dentro del complejo audiovisual argentino. Sus políticas de licenciamiento, producción y promoción de contenidos originales generan relaciones asimétricas con productoras y prestadores de servicios audiovisuales. Asimismo, ante su funcionamiento desterritorializado, el Estado Nacional tiene un acotado margen de maniobra para encuadrarlas y disponer regulaciones, más allá de su alcance tributario por el Impuesto al Valor Agregado.

Los diagnósticos que caracterizaron como concentrados y dependientes a los sistemas de distribución y exhibición de cine y TV desde la década de 1970, retoman actualidad medio siglo después actualizando ventanas de visionado e inversiones de las plataformas en financiamiento de producciones, que amenazan a cualquier redistribución, y hasta cierto derrame de recursos hacia productoras medianas y pequeñas. Diversos datos de los últimos diez años producidos por el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA) y el Observatorio Audiovisual del INCAA demuestran que a la par de la profundización de una situación deficitaria de la balanza de pagos de las cuentas nacionales de cultura, se fortalecen formas de acumulación de excedentes por fuera del país. Nuestros consumidores y también algunos actores del audiovisual vernáculo naturalizan el debilitamiento de la captación de recursos y su circulación en moneda nacional dentro de la jurisdicción argentina.

Retomamos la ya tradicional escuela crítica al desarrollismo, que cuestionaba los límites del crecimiento por inyecciones de inversión extranjera directa, entre otros factores de pérdida de autonomía sobre el flujo de capitales. Y repensamos la noción de ‘economía de enclave’, si bien acuñada para otras actividades extractivas de la economía, habilitante para abordar las principales características de la actual economía de plataformas: una débil integración con el resto del entramado económico del país; la asimetría tecnológica y de disponibilidad de recursos respecto de potenciales plataformas locales que intenten competir contra ellas, y el debilitamiento del Estado en sus capacidades para imponer regulaciones a las actividades económicas que hacen parte del enclave, parcialmente ajeno a sus formas de regulación sectorial.

Los países periféricos del Sur Global, habitualmente incididos por la cultura del Norte, se insertan en nuevos flujos e intercambios de contenidos desde y hacia distintos mercados. Ya no es Estados Unidos o unos pocos países capitalistas centrales los que le hablan al mundo, pero son sus empresas las que diseñan los nuevos flujos transversales y ascendentes de distribución. Una pieza clave en esa estrategia de negocios es la producción de contenidos “locales”: en términos muy generales, las plataformas encargan algunas películas o series a los actores más consolidados del complejo audiovisual local, para generar contenidos que deben atraer por igual a audiencias del país de origen y de otros mercados donde la plataforma opera. En este punto, nos preocupa la hegemonía de una monocultura donde los recursos argentinos -incluyendo la creatividad y las narrativas-, son ofrendadas a actores globales que diseñan los términos de referencia y condiciones bajo las que se harán esas producciones y retienen a perpetuidad los derechos de comercialización.

Podría tratarse de un nuevo tipo de vínculo extractivista de doble cara: sin dudas contribuye en el corto plazo a dinamizar la parte más robusta del sector audiovisual local con algunas producciones para el mainstream y buenos sueldos para artistas y técnicos involucrados. Esto, sin realizar aportes tributarios específicos y controlando las líneas narrativas, las visibilizaciones y los derechos de las principales producciones, lo cual tenderá a generar mayor debilidad en la diversidad y la autonomía decisional de las políticas y narrativas audiovisuales argentinas.

La necesidad de capturar parte de la renta que generan las plataformas audiovisuales globales en el país y redistribuirlas con criterios acordados a través de leyes y reglamentaciones no solo no está saldada, sino que existen diferentes visiones sobre las múltiples combinaciones de soluciones fiscales, regulatorias y de fomento.

En forma esquemática identificamos dos tendencias: por un lado quienes sostienen una demanda deregulación para los servicios de audio y video a demanda –que hoy ya se hibridan con TV on line, intercambio de videos y gaming-, actualizando las leyes sobre obligaciones registrales, de cuotas de pantalla y de inversión; y por otro lado quienes sostienen que la promoción de inversiones extranjeras genera condiciones atractivas para las plataformas, por cuanto debería ceñirse al mínimo la intervención regulatoria estatal, aunque sí gestionarse facilidades de locaciones, contratación y fomento. Esta última posición confía que la economía de plataformas genere algún tipo de derrame beneficioso de modo estable y equitativo para el conjunto del sector audiovisual.

No resulta razonable dejar en manos de plataformas globales la tarea de garantizar la diversidad y el desarrollo del sector. Las agencias públicas (Ministerios, Entes e Institutos, Universidades, etc., junto al Legislativo) adeudan un debate abierto y participativo sobre la cuestión: las grandes exhibidoras, distribuidoras y productoras son piezas importantes pero no suficientes dentro de una estrategia que permita el desarrollo de actores periféricos del audiovisual, la experimentación, la producción independiente, federal y diversa.

El salto tecnológico y organizacional de los prestadores de audio y video a demanda sobre plataformas multiservicio, y su indisimulable apropiación de excedente producto de regalías de copyright y eficiencia en la cobranza de abonos y giro de publicidad a nivel global con escasa tributación y control, tienden a disciplinar al sector productivo interno y regulatorio del país, intensificar la dependencia respecto de los formatos y ciclos productivos de decisores supranacionales, y distorsionan tanto las formas de negociación con productoras como la contratación de la fuerza de trabajo local.

En el marco de las asimetrías reseñadas, la caducidad de facto del cumplimiento normativo y la inviabilidad política de sus necesarias actualizaciones, concurren hacia escenarios cada vez más cercanos a economías de enclave con predación de recursos locales en donde no tendrán lugar asegurado numerosos actores del audiovisual argentino.

* Conicet UNQ/UNC

** Docente, investigador de la UBA