La confrontación que actualmente se desarrolla en Ecuador es continuación de aquella otra que tuvo lugar en 2019 y que encontraría un compás de espera en las negociaciones encausadas por el expresidente Lenín Moreno y los principales referentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 

Pero lo que finalmente aquietó la realidad conflictiva de aquella primera fase fue la conciencia de que Moreno terminaba su gobierno en apenas año y medio, y que la siguiente elección presidencial se presentaba como un “barajar y dar de nuevo” que, al menos políticamente, daba aire a todos los sectores en pugna.

Pero desde su asunción presidencial el 24 de mayo de 2021, la gestión de Guillermo Lasso no se apartó en ningún momento de los principales lineamientos de lo que debía ser un gobierno neoliberal. En efecto, quien en los últimos veinte años fue considerado como el principal representante de la “bancocracia” y de buena parte de los sectores dominantes del Ecuador, impulsa un programa económico signado por el aumento del costo de vida, por ajustes y por privatizaciones.

Frente a un gobierno cuyo único mérito fue la correcta campaña sanitaria contra la covid-19 (en contraste, además, con el desmadre que supusieron los últimos meses del mandato de Lenín Moreno), pronto se acumularon los reclamos por desidia, medidas impopulares, corrupción y por una creciente inseguridad que tuvo entre sus casos más resonantes varias masacres carcelarias que señalaron, en un nivel de violencia inusitado, la presencia activa del narcotráfico en el país.

En este contexto, estaban dadas las condiciones para que en Ecuador resurgiera la protesta activa, caracterizada ahora por tres elementos principales.

En primer lugar, la vigencia del movimiento indígena y el peso creciente de la CONAIE como principal articulador de demandas y protestas, y cada vez más escindida de Pachakutik, su brazo político, con una estrategia oscilante en el parlamento. Bajo una agenda de reivindicaciones mucho más amplia que la de 2019, hoy la CONAIE expresa una mayor maduración de la dirigencia indígena conducida por Leónidas Iza.

Pero esta fuerza tiene hoy dos desafíos para conseguir el éxito en sus demandas: trascender a la protesta indígena y campesina que dio origen a la huelga y plantear una propuesta política superadora más allá de los reclamos puntuales, de índole económica y sindical.

En segundo lugar, el gobierno de Lasso luce autoacuartelado, sin capacidad de negociación y, sobre todo, dominado por el ala del gabinete más dispuesta al uso de la fuerza represiva. No es mucho más lo que puede ofrecer un gobernante que hoy tiene un 20% de popularidad (básicamente, el mismo respaldo que obtuvo en la primera vuelta de febrero de 2021), y que dice estar asediado bajo un intento de golpe de Estado.

Por último, asoma un tercer actor con una apuesta más bien de tipo “superestructural”, de acuerdo a la terminología marxista. El correísmo devino hoy por hoy en una disciplinada bancada parlamentaria (UNES), y además ostenta las prefecturas de Pichincha y de Manabí, pero sin ninguna incidencia real en las movilizaciones y protestas sociales.

Los representantes buscan la destitución de Guillermo Lasso y la disolución de la Asamblea (“muerte cruzada”) con el objetivo de provocar el adelantamiento de las elecciones presidenciales. El cálculo electoral apunta a que será la izquierda la que mejor capitalizaría el escenario de protestas sociales en la que hoy se encuentra el país.

Mientras tanto, Ecuador parece acercarse a aquel país de los años ’90 que a duras penas sobrevivía entre embates neoliberales, populismos conservadores y protestas sociales masivas y recurrentes.   

Daniel Kersffeld es doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Investigador Conicet-Universidad Torcuato di Tella.