El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves que investigará a la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) por una supuesta mala gestión de casos en los que se investigan delitos y abusos sexuales, tras recibir denuncias sobre "humillaciones" a víctimas de parte de los agentes.

En concreto, el Gobierno abrió una pesquisa civil sobre la División de Víctimas Especiales (DVE) de la policía neoyorquina para evaluar si es responsable de discriminación "con sesgo de género", y planea escuchar las "experiencias" de organizaciones y ciudadanos.

Según un comunicado, la oficina comandada por Merrick Garland recibió información sobre "deficiencias" que han persistido más de una década en la DVE y que indican que se omitieron "pasos básicos" en estas delicadas investigaciones y en su lugar se "ha traumatizado aún más" a muchas víctimas.

El Gobierno planea revisar las políticas, procesos y formación establecidos en esa división de la NYPD para realizar las investigaciones, incluyendo cómo los agentes interactúan con "supervivientes y testigos", cómo recolectan pruebas y cómo cierran los casos.

Por su lado, la fiscal general adjunta, Kristen Clarke, señaló que las alegaciones suponen "suficiente justificación" para esclarecer si la DVE "ha seguido un patrón o ejercido discriminación con sesgo de género", y reclamó un trato "efectivo, informado sobre el trauma y centrado en la víctima".

Según medios locales, algunas víctimas de delitos sexuales acusaron a la policía local de no investigar adecuadamente sus casos, mientras que en 2018 la Administración concluyó que se daba prioridad a casos de violaciones por parte de extraños frente a las ejecutadas por conocidos.

En tanto, la Alcaldía de Nueva York señal como las principales causas de estos errores a la falta de personal, un problema que se alarga desde 2010, y a la inexperiencia de los agentes en este ámbito.

Este mismo mes, la fiscalía de Manhattan estableció una nueva unidad dedicada a delitos de violencia sexual para prestar más atención a la "dignidad y bienestar" de las víctimas, tras años de alegaciones sobre permisividad con agresores de alto perfil y rechazo de numerosos casos.