Gustavo Arribas y los cuadros más encumbrados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo avanzaron otro escalón en la consolidación de la teoría del cuentapropismo. Este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso que había presentado, entre otros, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejó el firme el fallo con el que la Cámara Federal porteña desestimó en diciembre pasado que haya existido una práctica sistemática de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.

En pocas páginas, los casadores Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos desestimaron los planteos que presentaron CFK y otras de las partes contra la resolución que firmaron hace más de seis meses Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, decisión que les valió un pedido de juicio político que motorizó la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI).

A fin de año, Llorens y Bertuzzi habían sostenido que los espías hicieron tareas de inteligencia ilegal durante la era Cambiemos en busca de su propio rédito, no porque existieran directivas generales de espiar a diestra y siniestra. Esa práctica de inteligencia ilegal fue ejecutada, en su mayoría, por un grupo de espías que pasaron a la fama como los Súper Mario Bros. Los espías eran principalmente integrantes de la Policía de la Ciudad que pasaron en comisión a la AFI en las primeras semanas del gobierno de Macri. Entre otros, espiaron a CFK, a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y a la hermana menor del entonces presidente, Florencia Macri, junto con su pareja Salvatore Pica.

Borinsky, Carbajo y Hornos no se adentraron a analizar la resolución, sino que rechazaron los recursos diciendo que no se estaba ante una sentencia definitiva y que los procesamientos o las faltas de mérito implican que la investigación debe continuar. El expediente está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi después de que Borinsky y Carbajo sostuvieran que no debía tramitar más en Lomas de Zamora, donde el juez Juan Pablo Augé llegó a dictar 38 procesamientos.

En la causa, tras el fallo de la Cámara Federal, solo quedan en pie diez de esos procesamientos. Siguen procesados por violar la ley de inteligencia el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz, el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y los Súper Mario Bros Jorge Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo. También quedaron procesados el exjefe de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Cristian Suriano y su número dos, Juan Carlos Silveira.

Por el contrario, los grandes ganadores son Arribas, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y el exdirector nacional del SPF Emiliano Blanco. Ellos tres quedaron con una falta de mérito. Darío Nieto, el secretario privado de Macri que forzó el pase de la causa a Comodoro Py, ya venía con una situación más holgada porque Augé le había dictado una falta de mérito. En una posición intermedia está la exsubdirectora de la AFI, a quien únicamente le mantuvieron el procesamiento por no controlar qué hacían los espías que estaban a su cargo.

La decisión de la Cámara Federal de Casación de no abrir los recursos presentados contra el fallo que validó la teoría del cuentapropismo no cayó bien en el gobierno nacional que lo ve como una maniobra que termina favoreciendo al propio Macri, que no está imputado en esta causa pero es el eje alrededor del cual orbitan las denuncias. El ministro de Justicia Martín Soria lo criticó en duros términos en diálogo con Página/12. “Al Partido Judicial ya no le queda ni una pizca de vergüenza”, dijo. “Macri ya no solo es salvado por jueces partidarios y parciales: ahora directamente interviene en sus causas un juez que admitió ser su amigo. Un juez que hace un año se excusaba de intervenir en las causas de Macri por razones de decoro, pero que ahora se ve que ya perdió hasta el decoro”, dijo en alusión a Hornos, a quien Soria denunció el año pasado por sus encuentros con Macri antes de asumir en el Ministerio de Justicia

“Hace un año atrás, los jueces Hornos y Borinsky intentaban justificar sus reuniones clandestinas con Macri diciendo que no estaban armando causas, sino que tenían una relación personal. Hoy, esos mismos jueces intervienen en una causa en dónde uno de los denunciados es el propio Macri, violando groseramente el artículo 55 del Código Procesal Penal, que les prohíbe a esos magistrados intervenir en expedientes donde tengan relación con alguna de las partes”, remarcó Soria. “En cualquiera de los dos casos, el Consejo de la Magistratura debería investigarlos y sancionarlos, pero no lo hará porque la Corte Suprema –con el apoyo parlamentario de Juntos por el Cambio– paralizó el Consejo de la Magistratura”, concluyó.