“Acá para decidir poner 250 pesos cada uno para la organización hacemos una asamblea que puede llevar horas y horas de debate ¿Eso es una asociación ilícita? Lo hacemos porque la comida no alcanza para los comedores y merenderos". Ana Julia Ramos, militante de AJI-20 (Agrupación Joven Independiente 20 de Agosto), se hace esa pregunta al promediar la semana en que la policía de Gerardo Morales desplegó 16 allanamientos en casas, sedes de movimientos sociales y comedores populares y repartió notificaciones del fiscal Diego Funes que no sólo los señala como si fueran bandas criminales sino de extorsión por la administración de los planes Potenciar Trabajo, entre otros. "Estos días juntamos plata para pagar el ataúd de un abuelo del barrio ¿Eso es delito? ¿Es extorsión?", se suma Miguel Ramos, de la misma agrupación.
La persecución judicial-política es ostensible, está exacerbada desde que Alberto Fernández visitó a Milagro Sala cuando estaba internada por una trombosis venosa profunda y advirtió que es ilegal que lleve siete años en prisión preventiva. Ahora la ofensiva aprovecha el debate por el manejo de los planes sociales. Pero en Jujuy es de larga data y es poli-temática, aunque todo converge en intentar debilitar a los movimientos y sociales evitar que se vea el fruto de sus estrategias de supervivencia --como la economía popular-- y en especial que ganen las calles. El gobernador Morales, como es conocido, armó una estructura judicial a su medida que es clave en su estrategia. El asedio a las organizaciones populares se instrumenta a través de causas penales y de contravenciones que se judicializan y derivan en multas monstruosas, impagables, 15 días de arresto en calabozos inhumanos o en el ofrecimiento de hacer tareas comunitarias, una verdadera burla para los/as militantes.
Contravenciones y aprietes
“Parece que luchar es un crimen", vuelve Miguel, que tiene 53 años. Por debajo de su boina asoma una tupida melena gris y una argolla que pende de su oreja izquierda. Hay una fila de sillas contra la pared de uno de los salones de la sede de Nuestramérica, donde se comparten bizcochitos. A tres sillas de él habla Silvia Valdiviezo, que lleva una remera con un 22 que se agiganta sobre su panza de ocho meses de embarazo. Es el símbolo del Frente 22 de Agosto. Tiene los pómulos morenos marcados y el pelo lacio negro largo. "El viernes nos llegó una cédula contravencional, por la movilización de los 20 años del asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán. A notificar vinieron ocho policías en una camioneta y un patrullero, para que se entere el barrio", dice. Con el hijo por llegar, tendrá cuatro "y tres contravenciones". A su pareja, Diego Bustamante, que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, lo echaron hace dos años después de ir a ver a Milagro Sala. Ahora hace obras en cooperativas. A su hija, del Ministerio de Salud.
Sebastián Copello, del Partido y del Polo Obrero en Jujuy, estuvo detenido una semana con dos compañeros. Lo acusaron de quemar gomas y obstruir el tránsito en una protesta por asistencia para comedores y merenderos. Lleva una campera azul larga y hasta el cuello. Cuenta que tiene dos procedimientos en su contra: “Uno penal, que está cajoneado, y uno contravencional”. “Me pusieron una multa de 400 mil pesos”, precisa.
Miguel Ramos recuerda que después que detuvieron a Milagro Sala “la gente no se animaba a nada”, pero con el tiempo y la pobreza la lucha siguió. Cuenta sus contravenciones con resignación para no dejarse amedrentar. Recuerda un hecho que causó conmoción en 2021, cuando descubrieron que en el Colectivo Radio Pueblo llevaba tres años infiltrado un agente de la Policía de Jujuy, Ezequiel Rodrigo Rosales, que se hacía pasar por periodista. El hallazgo se produjo cuando su esposa lo denunció por violencia de género. Lo denunciaron pero nada pasó.
La doble vara es explícita: a Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez, ambas de AJI-20, les armaron una causa por por supuestas amenazas contra Morales. Les adjudican un grafiti con la cara del gobernador que dice “se lo busca sin vida”. El expediente no tiene ni una prueba que las comprometa. “No prueba más que nuestra militancia en los barrios”, dice Ana Julia, de pelo negro largo y flequillo, labios y sweater rojos. “Hay capturas de nuestras redes sociales y la lista que presentamos para las elecciones legislativas. En una foto de campaña me marcan con un círculo rojo; de Marisol toman un posteo de Instagram y le ponen ‘fan destacada de AJI-20”, cuenta. “¿Cómo se va a sentir amenazado Morales por un grafiti si los amenazados somos nosotros?”, plantea Ana Julia. El fiscal es Diego Funes, el de los últimos alllanamientos masivos.
Los allanamientos
El fiscal Funes es el número dos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que dirige Sergio Lello Sánchez, un leal a Morales, con denuncias de violencia laboral y de género. Los allanamientos de la semana pasada siguieron el fin de semana: Funes mandó a la policía y a asistentes fiscales a requisar casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones, vinculados con el Movimiento Evita, la Tupac Amaru, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la CTEP, Nuestramérica, el MTR 12 de Abril y el Frente Darío Santillán. Fue una excursión de pesca, para buscar documentos, computadoras, celulares, pen-drives. Quería información de los planes Potenciar Trabajo que reciben y administran las organizaciones. Su primer dictamen hablaba de asociación ilícita –usada para meter gente presa-- y extorsión por el supuesto pedido de un porcentual del plan a las/los militantes o la exigencia de asistir a movilizaciones.
Daniel Galián, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), estaba a las 7 de la mañana del miércoles en la casa donde viven su papá, dos sobrinos pequeños y dos tías en Alto Comedero. A él y su padre los encañonaron y los esposaron. “Nos tuvieron así hasta las 12. Pusieron como excusa que no tenían papel carbónico para hacer el acta." Revolvieron todo. Se llevaron hasta celulares viejos con tapa. A Gonzalo Maurín, de Nuestramérica, le golpeó la puerta temprano “un hombre con una escopeta en la mano”. Además de dispositivos, se llevaron su agenda, una vieja costumbre dictatorial.
“Desde que llegó Morales y se creó el MPA, empezaron con represión en una marcha a la Legislatura, luego órdenes de allanamiento y detenciones. En 2020 nos llevaron a juicio por un corte a ocho militantes de varias organizaciones. Nos condenaron a pagar 150 mil pesos y la sentencia fue publicada en el diario El Tribuno”, cuenta José Surita, del Evita. Ese diario pertenece a Rubén Rivarola, presidente del PJ jujeño, socio político de Morales, con quien diseña la estrategia para 2023. Surita, de 55 años, también fue allanado la semana pasada. No estaba en su casa, en Maimará, porque estaba trabajando en San Salvador de Jujuy. Rompieron un vidrio y la puerta. El broche de oro fue que lo llamó la policía: “¿Anda por Maimará? Pasa que queremos retirar la consigna. ¿Podrá volver?”, le preguntaron. Parecía una broma.
Las y los abogados de los militantes fueron a la fiscalía y les dijeron que, por ahora, no hay imputación para nadie pese a que les incautaron de todo y armaron un show. Están todos con temor de detenciones porque conocen la tradición. El día de los operativos se juntaron en una foto Morales, Rivarola, Facundo Manes y otros dirigentes.
Mensajes y debates
Ivone Aparicio es una suerte de mujer “todoterreno” en el MTE. Entiende que el allanamiento a Daniel Galián fue un mensaje: “El es mi socio comunitario, va a preparar la olla en el espacio, es un aviso de que nos tienen en la mira”, dice, en una época donde apenas les llega alimento. “Yo tengo contravenciones. Mi mamá que tiene 73 años fue la que tuvo que recibir a un operativo de siete policías que mandaron para notificarme. Se enojó y me dijo: ‘qué vergüenza, ni con tus hermanos paso esto'”, explica. Ivone desearía que su madre y tantos entiendan que “en los barrios estamos evitando un estallido, para esto trabajamos en el territorio”. Ella trabaja “con chicos con consumos problemáticos” en un espacio llamado Vientos de Libertad. "La mayoría está en situación de calle”, alerta. Otra de sus tareas es acompañar a mujeres víctimas de violencia de género. “Buscamos sustento de distintas formas, vendiendo empanadas o con nuestro polo textil. Para bancar el alquiler hacemos rifas. Pero claro, ahora parece que si recaudás sos una asociación ilícita. Nadie vive con el Potenciar trabajo y nos encantaría un trabajo formal, mientras creamos nuestra fuente", se enorgullece.
Otra de las formas de hostigamiento en Jujuy es atacar proyectos educativos. En Nuestramérica dan clases en modo taller para gente de 16 años, hasta más de 55. “El plan es crear una cooperativa educativa y bachillerato de educación popular”, cuenta Malka Mercado. Pero no les habilitan títulos oficiales, que quedan reservados para la gestión privada. “No hay legislación de gestión social en la provincia”, dice Malka. “Ahora –suspira-- quieren denunciarnos como espacio ilegal educativo”.
Policías y ladrones
Fani Martínez es concejala de Calilegua desde hace seis meses. Milita en la Tupac Amaru y representa al Frente Unidad para la Victoria en un cuerpo de seis, para un pueblo de 7500 habitantes donde "no hay correo ni cajero automático, sólo un hospital", dice. Su allanamiento la semana pasada tuvo todas las irregularidades habidas y por haber: se hizo sin testigos, antes del horario de 7 a 20 fijado en la resolución de la fiscalía, violando sus fueros (que impiden entrar a su domicilio sin un procedimiento especial e indagatoria previa) y la policía robó 15 mil pesos de su casa. Lo más insólito es que cuando Fani fue a ver al jefe de la brigada "reconoció lo de la plata y me la devolvió".
"Rompieron las puertas, ventanas, tiraron todo, rompieron sillas, se llevaron dos celulares, anduvieron por el fondo por el techo. Era la brigada de investigaciones, eran dos camionetas llenas y una fiscal de Ledesma. En ese lugar ahora vive mi hijo, pero no estaba." Cuando le insistió al jefe policial que quería saber qué estaba pasando, la respuesta fue: “Fuimos por orden de la provincia y la fiscal Moreno”. "Yo trabajo en la organización, dicen que les sacamos plata a los compañeros. Yo no les saco nada. Ellos trabajan vendiendo bollos entre otras cosas para la copa de leche. Siempre digo que no nos conformemos con el plan ni con el bolsón con mercadería sino con obras", señala la concejala que aspira en las próximas elecciones a disputarle la intendencia a Elsa Flores, que lleva dos décadas en el cargo y pasó por todas las fuerzas políticas.
En Lozano
Lozano es un pueblito en la montaña lleno de casas sin terminar y con ladrillo gris a la vista. El hambre acecha y hay varios comedores. Uno de ellos pertenece al Movimiento Evita. Es el único de la zona no alineado con Morales, y por eso es castigado. La semana pasada merodeaba esa manzana un auto sin patente. Allí vive y se ocupa de la comida y la merienda Jackie Salguero, de 36 años. "Empecé atendiendo a 15 chicos hace ocho años, hoy son 120", cuenta mientras amamanta a su bebé. "El intendente (Santiago Tizón) no nos da mercadería para poder dar de comer y administra más planes que nosotros, que al final somos los acusados."
La semana pasada la policía se llevó documentos personales de muchas de las personas que asisten allí como parte de la avanzada del fiscal Funes. Jackie no tiene computadora ni otros dispositivos, apenas un celular, que le quitaron. "No estoy asustada, pese a que nos quieren generar miedo, pero sí con bronca. Nos arman investigaciones para ensuciarnos y que no llevemos gentes a las elecciones". Jackie es bajita, tiene una sonrisa amplia y gran carisma frente a todas las personas que van llegando. Son mayoría mujeres. Es una tarde especial, de "repostería". Las adolescentes prepararon manjares para vender (pasta frola, torta de manzana, otra marmolada, con chocolate también) y poder conseguir la comida para seguir asistiendo a los chicos y chicas que no tienen nada.
