Con la administración del comercio exterior en la mira para resguardar los escasos dólares que conserva el Banco Central, el Poder Ejecutivo sigue descubriendo maniobras ilegales que realizan las empresas para sortear los controles. En este caso, la Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a una empresa por alquilarle a otra firma una medida cautelar que había conseguido en la Justicia y así poder importar sin tener la luz verde del sistema integral del monitoreo de importaciones (SIMI). La apuntada es la textil Yoko S.A., que ahora tiene la mercadería bloqueada, enfrenta una denuncia penal por estafa y deberá pagar una multa de 200.000 dólares cómo mínimo. 

"Entre enero del 2021 y marzo del 2022 salieron del país 1847, si mal no recuerdo, millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales. Con amparos. Más de 6.500 expedientes judiciales de amparos", advertía la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su discurso en la CTA sobre este mecanismo que utilizan las empresas con complicidad de la justicia para sortear la administración del comercio exterior. 

Con la denuncia de la Dirección General de Aduanas, la vicepresidenta retomó el tema en sus redes sociales apuntando contra los empresarios y la justicia: "Argentina se vuelve casi una misión imposible", dijo Fernández de Kirchner tras manifestar la sorpresa que le causó la maniobra. "La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado", acompañó el director general de Aduanas, Guillermo Michel.

Que las empresas importadoras recurran a la justicia para sortear los controles de comercio exterior del Estado a fin de administrar los dólares necesarios para la actividad productiva nació al mismo tiempo que la administración del comercio. Desde 2014 se registran y se fue complejizando en un forum shopping para direccionar las causas hacia los juzgados 6, 8 y 9 del fuero contencioso administrativo que fallan sistemáticamente, con un 90 por ciento de causas, a favor de los importadores.

De esta manera, una empresa que quiere importar determinado producto y no accede a la SIMI para hacerlo realiza múltiples denuncias por una misma importación hasta conseguir que la causa caiga en algunos de los tres juzgados mencionados para obtener un fallo favorable y permitir acceder a los dólares al tipo de cambio oficial. Ese mecanismo le costó al país 1.850 millones de dólares desde enero del 2021 hasta marzo de este año. 

En alquiler

La nueva maniobra identificada por Aduana es todavía más compleja, además de grave en términos judiciales, ya que puede implicar hasta diez años de prisión por estafa procesal, dependiendo la carátula que tome el caso. 

De acuerdo con la denuncia presentada por Aduana, la firma Yoko S.A. obtuvo autorizaciones judiciales, vía medidas cautelares, para importar mercadería salteándose el requisito de validar la declaración del SIMI. Fueron cinco instancias en que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre autorizó a la textil, titular de la marca Bagcherry, a sortear la restricción de importaciones. Primero en abril de 2021, luego en septiembre de ese mismo año, después el 24 de noviembre, el 28 de marzo y el 13 de mayo de 2022. 

Sin embargo, no fue Yoko S.A. la empresa que utilizó las SIMI, sino que "transfirió" este beneficio a otra importadora textil, Tropea. A través de una autorización, un apoderado de Yoko autorizó a Tropea a realizar “cualquier gestión aduanera relacionada a la AFIP” vinculada con la importación de bienes bajo su marca, a “comprar y a vender” bajo la marca Tropea y a trasladar los bienes. Esta autorización era por un mes, en el mismo plazo que regía la cautelar antes mencionada. 

En concreto, Yoko le “alquiló” la cautelar a Tropea para que pudiera importar alrededor de 200 mil dólares de mercadería. A diferencia de las cautelares, que más allá de su controvertido funcionamiento - sobre todo por el forum shopping- no dejan de ser un camino legal, la acción de Yoko puede constituir un delito penal. 

Hasta ahora, el organismo que comanda recientemente Guillermo Michel bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y de una multa que podría ser hasta 5 veces el monto importado - calculan 200 mil dólares de multa de piso- y los acusó de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal. Según supo PáginaI12, la Aduana realizará una denuncia en penal económico por estafa procesal, un delito que se encuentra en el Código Penal y puede significar hasta diez años de prisión. Además, a fin de detectar cuán frecuente es el alquiler de cautelares, asignaron a 15 personas para que comiencen a cruzar la documentación de las SIMI, las cautelares y la mercadería efectivamente nacionalizada en las declaraciones aduaneras.