La secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un recurso de amparo colectivo para que se ordene al Gobierno porteño que cese con “las amenazas, robos y acciones violentas contra las personas en situación de calle” que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata, señaló la presentación, de “claras violaciones a los derechos humanos” de esta población.

Inicialmente, el recurso se planteó como un habeas corpus colectivo que, luego, fue reformulado como amparo y recayó en el Juzgado Nº 20 del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. Sin embargo, por tratarse de días de feria judicial, comenzará tramitando en el Juzgado de Feria Nº1.

La denuncia apunta a la violencia y el hostigamiento sistemático a las personas en situación de calle que, señala, lleva adelante el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, actualmente a cargo de Clara Muzzio. El  el director de políticas contra la violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, Mariano Przybylski, aseguró que “hay una constante política de hostigamiento y amenaza que en lo personal creo que tiene como objetivo que esas personas salgan de la Ciudad y, si no les queda otra que vivir en la calle, que lo hagan en la provincia o en otro lugar”. 

"Siempre fue una política de los gobiernos del PRO ‘limpiar’ la ciudad y que no se vean personas viviendo en sus calles, lo cual para el Gobierno porteño no se logra con políticas de inclusión social o de redistribución de ingresos o de vivienda sino barriendo a la gente hacia el conurbano fuera de la ciudad”, sostuvo el funcionario.

El director recordó que en 2008, durante la gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, "habíamos tenido una experiencia nefasta, histórica, que fue la famosa UCEP (Unidad de Espacio Público), que realizaba las mismas prácticas que vemos ahora pero aflojó cuando se visibilizó, se puso en agenda y tuvo lugar alguna intervención judicial”.

La legisladora Victoria Montenegro ya había presentado múltiples pedidos de informes que no fueron contestados, pero tras la recolección de videos grabados durante estos dos últimos años se armó un corpus que derivó en la conformación de la denuncia colectiva. 

Las organizaciones sociales aseguran que "no son excesos" ni casos aislados, sino que, por el contrario, se trata de violencia sistemática y planificada. 

La presentación señala que la operación seguiría siempre una misma lógica: unos cuatro o cinco camiones hacen el mismo recorrido desde Once y Recoleta, pasando por todo el Bajo, y en el camino obligan a las personas en situación de calle a abandonar el refugio. "Ni siquiera los miran a los ojos. No los conmueve nada", asegura Daniela Camozzi, integrante de No Tan Distintes, mujeres y personas LGBT+ en situación de vulnerabilidad social, una organización que forma parte de la Asamblea Popular PSC. En caso de que las personsa no se retiren, les levantan sus pertenencias y se las llevan. "Les sacan los mismos colchones y frazadas que por ahí recién les dieron desde el BAP (Buenos Aires Presente) o desde el Ministerio", sostiene la mujer. 

Entre sus pertenencias, las personas en situación de calle muchas veces tienen documentación personal, como el DNI o el carnet de vacunación. "Es terrible porque para una persona que circula todo el tiempo en la calle el DNI es todo. Además de que es muy difícil poder hacer luego el trámite si se les pierde", remarcan desde el despacho de la legisladora porteña Montenegro. 

Las personas en situación de calle, sostienen los referentes de las organizaciones que trabajan en el territorio, temen más a los violentos presuntamente enviados desde Espacio Público que a la  policía. La situación empeora cuando empiezan los registros censales de las personas que habitan en la calle, indican.

Voceros del ministerio de Espacio Público indicaron a este diario que "el abordaje de las personas en situación de calle se realiza a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat". "No tomamos intervención con personas en situación de calle", remarcaron. "Si hay una persona en situación de calle se aborda a través del 108 y acude el BAP. Nosotros no intervenimos", aseguraron.

Sin embargo, referentes que participaron de la denuncia aseguran que los voluntarios del BAP hacen un informe sobre las personas en situación de calle, con lo que "realizan la inteligencia que después es utilizada por el Ministerio". Los equipos enviados por Espacio Público "llegan sabiendo cuántos colchones tienen las personas, en qué zona están, cuántos son en total. Tienen data clara de la situación que atraviesan las personas sin techo y la usan para rastrearlos", explican.

"Es tan contundente lo que se observa en los videos que se pudo pasar de una denuncia social a una instancia judicial", advierte Camozzi. 

De acuerdo con los denunciantes, los operativos inclumplirían la ley 3706, de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle. "No coordinan con nadie más, ni con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, ni con el BAP," sostiene Camozzi. "Durante el gobierno de Macri lo hacían de una forma menos descarada por medio del UCEP. Ahora es tal discurso de odio que impera, que lo hacen a plena luz del día", añadió. 

Por su parte, fuentes de la Dirección de Violencia Institucional de CABA, aseguraron a este diario que también recibieron testimonios de casos de violencia institucional por parte de agentes de Espacio Público. Señalan, por ejemplo, casos de recolectores urbanos, y otros en los que la violencia institucional está dada por la criminalización de personas en situación de calle por parte de la Policía de la Ciudad. 

"Los discursos de odio si vienen desde el Gobierno se reproducen en lo social. Tiene que parar la violencia desde el Estado porque es difícil avanzar en todo lo demás", concluyó Camozzi.

Informe: Mercedes Chamli.