La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia anunció la imputación de 22 militares y tres civiles por la muerte de 303 personas entre los años 2005 y 2008 como parte de los “falsos positivos”.

Entre los imputados se encuentra el general en retiro Henry Torres Escalante, quien es acusado de ser quien daba las órdenes en la organización criminal que operó dentro del Ejército que secuestró y asesinó a miles de personas, en su mayoría jóvenes campesinos, para luego presentarlas como guerrilleros o delincuentes dados de baja en combate, a cambio de lo cual los soldados recibían beneficios.

En este caso se trata de la ejecución de 303 personas en 218 ataques en los departamentos de Casanare, Meta, Boyacá y Arauca. Una vez asesinadas, "las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes", determinó la JEP. "Los miembros de la Brigada XVI [liderada por Torres Escalante] denominaban a estos implementos el 'kit de legalización'", agregó. También detalló que entre las víctimas se registraron nueve mujeres, una de ellas embarazada, y dos trabajadoras sexuales.

Esta es la primera vez que la JEP imputa a militares por utilizar “niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades”. También son acusados de cometer un “crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género”.

Para este caso, la JEP contó con ocho informes aportados por la Fiscalía y la Procuraduría, así como de organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. Asimismo, 106 personas comparecieron en audiencias, tanto soldados como generales y civiles.

En total, 6.402 civiles fueron asesinados por militares para presentarlos como guerrilleros o delincuentes y sus muertes fueron utilizadas para “responder a la presión por bajas 'a como diera lugar'”, explicó la JEP.

Durante la investigación, se determinó que estos crímenes de lesa humanidad no fueron actos aislados, sino que se trató de una práctica que se inscribió en un mismo patrón macro criminal.

La JEP fue creada a partir del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010 -2018) y los últimos líderes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).