El juicio oral por el secuestro y homicidio del comerciante y militante radical Fidel Yazlle, cometido el 11 de febrero de 1977 en el pueblo de Coronel Juan Solá (también conocido como Estación Morillo), tuvo un retraso debido al fallecimiento de uno de los dos acusados, Mario Víctor Palermo. Por esta razón, el inicio de los alegatos, previsto para ayer, fue pospuesto para el próximo 9 de agosto por el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Salta.
Palermo, de 87 años, falleció el 25 de julio al mediodía, a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado a su vez por una sepsis abdominal. Estaba internado en la Clínica Santa Clara de Asís de la ciudad de Salta. Tanto él como el otro acusado, el también ex jefe policial Andrés del Valle Soraire, nunca pisaron la sala en las audiencias que se vienen realizando los martes.
En la víspera hubo una audiencia corta, en la que el defensor particular de Palermo, el abogado Horacio Morales, pidió el sobreseimiento del ex jefe policial, aunque lo que el procedimiento prevé en estos casos es que se declare la "extinción de la acción penal por muerte".
La viuda de Yazlle, Teresa Toledo, lamentó la nueva pausa, en el marco de un debate que empezó en abril último, 45 años después de cometido el crimen, y tras largos años de trámites y reclamos para impulsar este proceso. Ella participa del juicio en calidad de querellante, representada por el abogado Javier Sarmiento, que alegará el próximo 9 de agosto.
Junto al también policía Andrés del Valle Soraire, que fue jefe del grupo de tareas Guardia del Monte y ya cuenta con condenas por delitos de lesa humanidad, Palermo estaba acusado calidad de coautor mediato de los delitos de "privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público, con abuso funcional y falta de las formalidades, agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en concurso real con homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas".
Palermo fue subjefe y jefe de la Unidad Regional Norte de la Policía; tenía jurisdicción sobre la zona de Coronel Juan Solá, donde se cometió el crimen de Yazlle. El comerciante fue secuestrado la noche del 11 de febrero de 1977, alrededor de las 20.30, del frente del comedor y alojamiento que administraba. La fiscalía sostiene que hombres armados que andaban en una camioneta, entre quienes estaba el policía Fortunato Saravia (fallecido), miembro de la Guardia del Monte, le preguntaron algo y cuando se acercó lo subieron al vehículo y salieron con rumbo a la localidad de Pluma de Pato. En ese trayecto lo mataron a tiros y luego dejaron su cuerpo sobre las vías del Ferrocarril Belgrano, a dos kilómetros de la estación de Pluma de Pato, donde fue arrollado por el tren.
Palermo viene siendo señalado como responsable de la falta de investigación del homicidio. Los policías que debieron investigar el hecho estaba bajo sus órdenes y, para la fiscalía y las querellas de la familia y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, "ejecutaron distintas maniobras" para lograr la impunidad los autores materiales.
En el inicio de este juicio los fiscales Carlos Amad y Juan Manuel Sivila afirmaron que Palermo y Soraire dispusieron y ordenaron el crimen “desde sus respectivas posiciones funcionales, a través del control del aparato organizado de poder de la policía de la provincia de Salta, dentro del marco del plan sistemático de represión ilegal implementado durante el terrorismo de estado en nuestro país”.
Teresa Toledo afirma que Yazlle fue asesinado porque junto al ex intendente Julio Buryaile, que había sido destituido por la dictadura militar, denunciaban por hechos de corrupción al interventor municipal, Humberto Lazarte, y el comisario local, Zenón Ávila (f).
Toledo también sostiene que Palermo, cuya dependencia se encontraba en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, encubrió el crimen de su marido. El comisario "apuntaba con un arma" a los testigos que iban a declarar, recordó. "Palermo no investigó nada". "Apañó a los asesinos" de Yazlle, aseguró.
Con la muerte de Palermo, el juicio seguirá solo en relación a Soraire, él único de la lista de sospechosos identificados que queda con vida. También recaían sospechas sobre Ávila y Saravia, pero ambos fallecieron sin llegar siquiera a la instancia del juicio oral. A esto se refieren familiares y militantes de derechos humanos cuando hablan de la impunidad biológica, la lentitud de la investigación de estos hechos que propicia que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad fallezcan sin condena.
