La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) exhortaron al Estado de Panamá a continuar preservando el derecho a la protesta pacífica y a mantener el proceso de diálogo inclusivo y efectivo para atender a los reclamos legítimos de la ciudadanía ante las protestas encabezadas por representantes de sindicatos.

Desde el 6 de julio se realizaron paros y manifestaciones en todo el país ante el alza de precios del combustible y de los alimentos durante los últimos seis meses. Además, se sumaron otros reclamos vinculados con los derechos de los pueblos indígenas, la transparencia en la gestión pública, las políticas en materia de educación y la desigualdad económica en Panamá.

El organismo comentó que estas manifestaciones incluyeron el bloqueo completo de carreteras y que afectaron el abastecimiento de alimentos básicos, insumos, el traslado de pacientes y personal médico y la libre circulación de personas en las ciudades. 

En ese contexto, la CIDH sostuvo que el 19 de julio hubo situaciones de violencia y que resultaron heridos manifestantes e integrantes de las fuerzas públicas en acciones para despejar las autopistas bloqueadas, en Santiago y en la Ciudad de Panamá. Sobre esto, añadió que durante el proceso de apertura de vías bloqueadas, la Defensoría del Pueblo de Panamá registró enfrentamientos entre manifestantes y unidades policiales que habrían puesto en peligro la integridad de terceros, personas mayores, niños, niñas y adolescentes que no formaban parte de las protestas sociales. 

También documentó que 56 personas –entre civiles y policías– recibieron atención médica ambulatoria. Adicionalmente, de acuerdo a la información recibida por la CIDH y su Relatoría Especial, 21 personas habrían sido detenidas en relación con su participación en las manifestaciones –entre ellas, tres adolescentes– y que, según informó la Defensoría del Pueblo, todas habrían sido liberadas sin cargos.

Para finalizar, el organismo recuerda al Estado la importancia de asegurar la coexistencia de todos los derechos humanos en tensión en contextos de conflictividad social, teniendo el uso de la fuerza pública como último recurso para garantizar la paz social.

Adicionalmente, la CIDH y su RELE recordaron que las detenciones en el marco de las protestas sociales deben cumplir estrictamente con todos los requisitos impuestos por las leyes internas y los estándares internacionales.  Además, hacen un llamado a que las fuerzas de seguridad que intervienen para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones tengan como prioridad el respeto de los derechos humanos de las personas manifestantes. Finalmente, urgen al Estado privilegiar el diálogo y la negociación, incluyendo a los diferentes sectores, para responder a las causas de la movilización social.

Acuerdos del gobierno

El gobierno de Laurentino Cortizo acordó este lunes, tras más de tres semanas de protestas, bajar el precio de algunos productos de la canasta básica.

A través de una mesa de diálogo, se llegó a un consenso para reducir y controlar el precio de más de 72 productos que incluyen alimentos y productos de higiene. Sin embargo, las agrupaciones sociales y el gobierno no pudieron acordar otros puntos también relacionados con la regulación de precios.

Según explicó el Ejecutivo, el Consejo del Gabinete "aprobó la modificación de incisos arancelarios en el Arancel Nacional de importación, para poder abaratar productos de la Canasta Básica. Este Decreto de Gabinete está propuesto para una vigencia de 6 meses prorrogables".

Además de la baja de los alimentos, Presidencia publicó que congelaron el precio del combustible, uno de los puntos que los manifestantes demandaban. "Hemos implementado la medida de congelar el precio del combustible a B/.3.25 por galón para la gasolina de 91 y 95 octanos, y el diésel bajo en azufre, un alivio que beneficia a toda la población", escribió Presidencia.

Previamente, los sindicatos nucleados en la Alianza Nacional del Pueblo Organizado habían llegado a un acuerdo con el gobierno, pero lo rompieron porque, según alegaron, “firmaron bajo presión” y "no vieron las bases para ponerse de acuerdo".