Con el fin de la feria, este lunes a las 8.30 está convocada la primera de las nueve audiencias en que los fiscales formularán la acusación contra Cristina Kirchner y otros 13 imputados en la causa por las rutas de Santa Cruz. A la vicepresidenta no se la nombró nunca en los tres años que lleva el juicio, por lo cual habrá que ver cómo se la arreglan los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para achacarle los delitos de jefa de una asociación ilícita y fraude al estado. En los tres años tampoco hubo una pericia o testigo que dijera cuál o cuánto fue el perjuicio para el Estado y, por el contrario, está claro que en el único chequeo que se hizo de las obras, ordenado por el propio macrismo, se constató que las rutas estaban bien construidas y que no se pagó nada que no tuviera su certificado de obra. En la audiencia de este lunes los imputados estarán por zoom y la defensa de CFK confirmó que la exmandataria dará el presente.

El centro de la causa que llaman Vialidad es que Lázaro Báez ganó las licitaciones de 51 de las 81 rutas que se construyeron en Santa Cruz. Por lo tanto, la acusación es que el constructor fue favorecido principalmente por Cristina y el ministro Julio De Vido, al que tampoco nombraron nunca en las audiencias, pese a que las licitaciones, la adjudicación y el control de las obras las hizo la Provincia de Santa Cruz. Por el juicio pasaron algunos de los empresarios de la Cámara de la Construcción, adversarios de Báez que declararon que las licitaciones fueron normales y que el santacruceño tenía ventaja porque contaba con el personal y la maquinaria allí en la misma provincia. Otros empresarios tenían costos mayores por lo que significa transportar y mantener a los trabajadores y las maquinarias a 2.800 kilómetros de su lugar de actividad habitual. El mismo fenómeno de concentración de obras se dio en buena parte de las provincias.

De todas maneras, Luciani y Mola ya le hicieron saber a los diarios alineados con el macrismo que formalizarán la acusación. Todo indica que su punto de partida será que Néstor y Cristina Kirchner trasladaron a los funcionarios de Santa Cruz a la Nación y esos funcionarios fueron los que beneficiaron a Báez. Es obvio que un presidente no sólo tiene el derecho sino la obligación de designar funcionarios, lo que no le adjudica ninguna responsabilidad porque desde el punto de vista penal, la responsabilidad es personal. Más de una vez, Comodoro Py equiparó la estructura gubernamental a una asociación ilícita, como argumento de persecución política, pero en los tres años de audiencia --que Página/12 siguió todos los lunes y miércoles-- no hubo un solo testigo que dijera que CFK dio alguna instrucción o firmó algo relacionado con las rutas de Santa Cruz. Es más, todas las obras fueron votadas por el Congreso Nacional en los presupuestos nacionales.

Las pericias

Es seguro que los fiscales utilizarán el grotesco ocurrido con las pericias. En la vergonzosa investigación inicial del expediente a cargo del juez Julián Ercolini, que junto con el fallecido Claudio Bonadio fueron las puntas de lanza de la persecución, nunca se hizo una pericia. Por eso los integrantes del Tribunal Oral Federal número 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andres Basso, tuvieron que ordenar pericias sobre sólo cinco de las 51 obras supuestamente irregulares. Los dos peritos oficiales Eloy Bona --el que twiteaba contra Cristina-- y Roberto Panizza, sostuvieron que hubo sobreprecios, pero hicieron agua en las audiencias. Es que basaron sus cálculos en la comparación con otras obras no comparables o en los datos de la revista El Constructor, que calcula valores en base a obras chicas de la Provincia de Buenos Aires, no de Santa Cruz.  

La perito de las defensas Adriana Alperovich, en cambio, planteó que no hubo sobreprecios y que las obras se hicieron dentro de los valores de las licitaciones: Alperovich calculó ítem por ítem los costos en Santa Cruz en el momento en que se construyeron las rutas. La improvisación de este expediente impidió, por ejemplo, que se convocara a más peritos que actuaran como árbitros de las distintas metodologías usadas por los tres especialistas. Lo cierto es que en la única auditoría real que se hizo, la ordenada por el macrismo, se concluyó que las obras estaban bien hechas, que entre lo construido y lo pagado apenas había un 0.01 por ciento de diferencia y que los atrasos en las obras eran similares a los de otros distritos. 

Los fiscales van a utilizar a su favor una asombrosa decisión que tomo el TOF 2: que se pueden utilizar pruebas de otros expedientes. Por ejemplo, los “arrepentidos” de la causa cuadernos o algún testimonio de Hotesur-Los Sauces o del caso denominado La ruta del dinero. Es obvio que las defensas alegarán que no tuvieron ningún control sobre esas pruebas o testimonios. O sea, que los fiscales pretenderán usar si un “arrepentido” del expediente Cuadernos dijo que pagó o cobró una coima para lograr un beneficio en las obras de Santa Cruz. Será una fuerte polémica, aunque en general esos arrepentidos o los testimonios fueron contra José López --el que tiró los millones de dólares en el convento-- o un secretario de los Kirchner ya fallecido, Daniel Muñoz, que apareció con sociedades que se encontraron en la investigación conocida como Panamá Papers, cuentas en las Islas Vírgenes y propiedades en Estados Unidos.

Todo indica que el juicio de las rutas de Santa Cruz no terminará este año. Los fiscales se tomarán tres semanas, pero luego vendrán las catorce defensas, lo que llevará una cantidad enorme de tiempo. El expediente es clave para todo el proceso de persecución a CFK porque una parte importante de las causas se fueron cayendo “por inexistencia de delito”. La alianza judicial-mediática-política apuesta a una condena y ya se sabe cómo ha jugado Comodoro Py en los últimos años, con la Corte Suprema ahora cada vez más agresiva y hegemónica. Raúl Eugenio Zaffaroni ya ha dado a entender que este es el expediente que usarán para intentar proscribir a la vicepresidenta. 

Ya usaron la justicia para proscribir a Lula en Brasil y a Rafael Correa en Ecuador, por lo que no faltan quienes sostienen que ese es el modelo que aplicarán en la Argentina.