La Justicia frenó la venta de los terrenos de Casa Amarilla

Los negocios de Boca, en suspenso

El Gobierno de la Ciudad había aceptado una propuesta del club Boca Juniors para construir un estadio en un predio que estaba destinado a viviendas sociales. La Justicia suspendió la licitación privada que favorecía al club.

El juez de primera instancia, Guillermo Scheibler, hizo lugar a una medida cautelar que exigía la suspensión de una licitación privada, mediante la cual Boca Juniors se había quedado con tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

El predio, conocido como Casa Amarilla, había sido vendido por el Gobierno porteño al club mediante el pago del 5 por ciento del valor total (180 millones de pesos) y un financiamiento a 14 años. Las tierras eran propiedad del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y estaban destinadas para la construcción de viviendas sociales. 

Los amparistas representados por La Boca Resiste y Propone y el Observatorio del Derecho a la Ciudad habían denunciado la venta como inconstitucional e ilegal, ya que no se había respetado el artículo 82 de la Constitución de la Ciudad, que establece que la venta de tierra pública requiere de la aprobación de la Legislatura. El Juez entendió que en la causa no consta que se haya cumplido este requisito. 

Scheibler también indicó que la zonificación del predio cedido al club no es apta para el proyecto que se pretende materializar: según indicó el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, su idea es construir en las 3,2 hectáreas un estadio al estilo europeo, con restaurantes, tiendas, cafeterías, además de piscina y cancha de básquet.

Por último, el magistrado entendió que tampoco se respetó el procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental, sobre todo teniendo en cuenta las obras proyectadas, en un predio que fue declarado -–mediante la ley 2.240-- en “emergencia urbanística y ambiental”. 

Con todo esto, Scheibler le ordenó al Gobierno de la Ciudad que suspenda la aprobación de planos que hubiese presentado Boca Juniors y la “paralización absoluta” de la ejecución del proyecto.

“Hoy nos tocó una gran victoria frente al poder desmedido de algunos que en vez de un barrio y sus vecinos, solo ven oportunidades de negocios”, indicaron desde La Boca Resiste y Propone. “Las tierras son de los vecinos y somos los vecinos los que debemos decidir qué hacer con ellas. No queremos un estadio shopping ni ningún negociado que deje afuera las necesidades de nuestro barrio”, agregaron en un comunicado.

Desde el 2009, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno, la Ciudad urdió una estrategia fina para que quedaran en manos del club del presidente. Aquel año, el IVC suspendió mediante una resolución las licitaciones para la construcción de 1200 viviendas sociales que estaban sin avance desde 2004. Un año después, en 2010, Macri firmó el decreto 723 y le cambió el destino a las tierras, abriendo la posibilidad de que sea utilizado para crear un espacio público, educativo o de salud.

Con este aval en la mano, el IVC le transfirió los terrenos a la Corporación Buenos Aires Sur, que tiene potestad para los proyectos de este tipo en esa zona de la Ciudad. Pero la Corporación no ejecutó ningún proyecto público, educativo o de salud: esperó a que Boca culminara el proyecto que había insinuado en 2008, cuando había expresado su voluntad de quedarse con las tierras para actividades deportivas, sociales y culturales. 

En paralelo, el vice del club, Oscar Moscariello, también legislador del PRO, presentó un proyecto en la Legislatura para cambiar la zonificación del predio y allanar, finalmente, el camino para que Boca Juniors pueda construir un estadio-shopping en Casa Amarilla. 

El amparo presentado por los vecinos había sido rechazado por el juez Pablo Mántaras, pero la Sala II de la Cámara de Apelaciones revocó su fallo y le envió la causa a la jueza Paola Cabezas Cescato. Sin embargo, la magistrada se excusó y le pasó el expediente a Scheibler.

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