"Hay una sospecha fundada", dijo ayer el juez Carlos Leiva, al admitir como querellante a la hija de María de los Angeles París, en la causa que investiga su muerte dentro de la comisaría 10º. Al mismo tiempo, el magistrado rechazó que los hermanos de la bibliotecaria de 45 años también se constituyan, debido a que entiende que la ley habla de herederos forzosos. La querella estará representada por el abogado Enrique Font, de la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, y por Sebastián Sansevich, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); mientras que Amsafé Rosario acompaña a la familia en el reclamo de esclarecimiento del hecho. Además, consideraron que con la resolución judicial de ayer el gobierno "debería apartar a los policías" que estuvieron en la seccional de barrio Alberdi la noche del 3 de mayo pasado, cuando la docente ingresó a hacer una denuncia y falleció poco después. "Hubo malos tratos. Esto tiene muy poco de natural", criticó Font en la audiencia, contra lo que expresa el informe de autopsia acerca de que fue una muerte natural por paro cardio respiratorio. La fiscal de Violencia Institucional, Karina Bartocci, habló de medidas en reserva.

"El 3 de mayo pasado, París terminó de trabajar entre las 18.30 y las 18.45. Más tarde, en la comisaría 10º fue privada de su libertad. Hubo malos tratos y fue esposada dentro del recinto donde falleció", comenzó Sansevich con el relato al juez Leiva, sobre lo ocurrido hacer casi 45 días. "Se trata de una política sistemática policial en la provincia", agregó.

Font, en tanto, habló de la necesidad de acceso a la Justicia de la familia y dijo que el caso encuadra en una muerte en custodia. "No estaba imputada, intentó irse y fue detenida, esposada y en esas circunstancias murió. La obligación del Estado es demostrar que esa muerte no se produjo por algún tipo de ilegalidad, mala praxis o inadecuada intervención de los policías. Debe investigar a fondo y demostrar que esa muerte fue, como dicen, natural. Fue esposada, inadecuadamente abordada su situación (de presunta crisis). Creemos que puede caber desde homicidio, malos tratos seguido de muerte, hasta abandono de persona, pero eso es prematuro ahora". Para el abogado, "si no fuera por la familia, Amsafé, APDH y la Cátedra, buena parte de las pruebas no se hubieran producido". Y reclamó que la primera autopsia que se realizó "no cumple con el protocolo de Minnesota", por lo que piden que se realice una reautopsia en Buenos Aires, a pesar de las quejas por "falta de preservación" del cuerpo. "Esta claro que es un hecho muy serio, porque nadie entra a una comisaría por sus propios medios, con 45 años y habiendo trabajado todo el día, y termina muerto. Eso, de natural no tiene nada", sentenció Font.

El abogado Ignacio Carbone, por la defensa de los cinco policías implicados (dos varones y tres mujeres), entre ellos el comisario Silvio Cortés, que fue trasferido a la seccional 25º, aseguró que no hay elementos que hagan pensar que existió delito.

La fiscal Bartocci indicó que hay medidas en curso, que prefirió mantener en reserva, y que apuntan a determinar qué responsabilidad le cabe a los agentes que aún no fueron imputados, ni apartados de la fuerza. Al mismo tiempo, aceptó como querellante a la hija de la víctima, que tiene 18 años, pero entendió que no era un derecho de los hermanos, por no ser herederos forzosos.

Así también lo entendió el juez, quien además consideró que "el contexto en que el que acontece el hecho sugiere una suerte de interacción que amerita ser investigada para deslindar intencionalidades, imprudencias o un fortuito deceso".

Daniela Vergara, secretaria de Derechos Humanos de Amsafé Rosario, reclamó que el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el gobernador Miguel Lifschitz se "hagan responsables y corran a los policías" que intervinieron aquella noche. Guillermo, hermano de la víctima, señaló que la entidad jurídica fue solicitada por una cuestión clara: "Estamos muy desconformes con el accionar de la Fiscalía porque el día dos le pedí a (Luis) Schiappa Pietra constituirme como querellante y él no lo solicitó. Ahora (con la fiscal Bartocci en la causa) estamos esperanzados en que se realicen acciones esclarecedoras, porque esto venía frenado, con un accionar casi nulo". Claudia, otra hermana de María de los Angeles, aseguró: "No vamos a permitir que esto quede en la nada".

Al término de la audiencia, la angustia de la hija de la víctima se hizo sentir en los pasillos del Tribunal, con llantos desconsolados. Respecto a la no aceptación de los hermanos como querellantes, Sansevich consideró que "la Justicia le dio vuelta la cara a la familia, porque no aceptó a los hermanos, contrario a lo que dicen los tratados internacionales". Para Font, se trataba de "una medida de protección para que no quede expuesta solamente Erika, ya que no hay garantías de este tipo en la provincia; por eso, queríamos que los tíos la acompañaran en la querella". Y agregó: "Ahora tenemos por delante luchar con un sistema que está dispuesto a encubrir, que no tiene interés en investigar, ni cumple con hacerlo".