La directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Gabriela Carpineti, llegó ayer a Catamarca para participar del comienzo del debate en contra de los seis imputados en la causa por la muerte de Diego Pachao, ocurrida en 2012.

“Nos resultaba fundamental estar presentes en el inicio del juicio contra los policías y otros responsables por el asesinato de Diego Pachao hace más de 10 años, 10 años de impunidad, de no saber qué pasó con Diego. Finalmente llegó el día”, expresó la funcionaria a Catamarca/12.

“Claramente hay un enquistamiento en este Estado provincial de mecanismos y de funcionamientos por parte de la fuerza policial que son una rémora de procesos antidemocráticos y dictatoriales. Yo no me olvido más la imagen del 2013, cuando las fuerzas policiales secuestraron a una gobernadora en la Casa de Gobierno mediante el uso de armas. Eso para mí es muy fuerte y tiene la impunidad del caso Pachao”, dijo Carpineti.

Además recordó que la causa “llegó a juicio gracias a que el factor fundamental fue la movilización popular y la tozudez de la madre y de la familia. Debemos continuar la misma tarea en ese tenor. La bocha es corta: los derechos humanos se violan o se respetan”, afirmó.

Mesa contra la Impunidad

El otro punto en la agenda de Carpineti fue la coordinación de la Mesa Interseccional contra la Impunidad realizada en la provincia, dirigida a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones que trabajan en materia de derechos humanos.

Esta mesa, si bien es la primera, viene a dar continuidad a un largo camino de trabajo previo para constituir instancias de encuentro que tengan como objetivo el cuestionamiento de la violencia institucional.

Participaron de esta asamblea representantes de organizaciones sociales, como Nuestramérica, MTE Rural y Barrios de Pie; de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca; el director de Derechos Humanos de la Provincia, Hernán Velárdez Vaca; abogados y abogadas populares y el equipo del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) local y regional.

María Eugenia del Campo, coordinadora del CAJ Catamarca, manifestó que la función de este dispositivo es amparar principalmente aquellas personas en situación de vulnerabilidad que necesiten acceder a la Justicia, en un espacio donde puedan converger lo comunitario y lo institucional.

“La idea es trabajar en pos de que salga una ley sobre violencia institucional, para que podamos reformar los códigos arcaicos que tenemos en la provincia desde la época del Proceso”, expresó.

La Mesa Interseccional contra la Impunidad tiene como fin constituirse en un espacio colectivo bajo el objetivo común de lograr que en la provincia exista una norma provincial interna respecto de la violencia institucional y que se cuente con un área en el ámbito del Poder Ejecutivo que trabaje con profundidad esta problemática.

Hernán Velárdez Vaca, director de Derechos Humanos de la Provincia, hizo alusión a una serie de normas jurisdiccionales que es necesario revisar y derogar por ser anticonstitucionales, como el decreto ley N° 4663 del año 1991, que refiere más a la organización interna de la policía, pero tiene dos artículos (7 y 8) que le permite algunas atribuciones a la fuerza, como detener en la vía pública por averiguación de antecedentes a personas mayores y menores de edad sin justificación alguna; o el Código de Faltas provincial, en cuyos apartados se ampara la detención de personas trans por “prostitución escandalosa” en la vía pública.

“Hemos pedido en varias oportunidades a la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura que se derogue algo que incluso está declarado como inconstitucional dos veces: en el año 2013 por el juez de Garantías, Porfirio Acuña y también por el juez de Menores en la Provincia, Rodrigo Morabito”, manifestó.

En este sentido, Carpineti trajo a colación que justamente fue por ese decreto ley que Diego Pachao fue detenido arbitrariamente hace 10 años: “Entendemos que a Diego se lo privó ilegítimamente de la libertad, que fue torturado y que en ocasión de esa tortura falleció. A Diego se lo detuvo en virtud de un decreto que existe en esta provincia y que entendemos que debe ser urgentemente derogado. Se trata del decreto que faculta a la Policía provincial a requisar y detener arbitrariamente a cualquier ciudadano o ciudadana sospechado que se encuentre en la vía pública. Este decreto data de cuando la provincia estaba intervenida y no fue solamente declarado inconstitucional por magistrados locales, sino que es absolutamente contradictorio con los tratados internacionales de derechos humanos que rigen desde la reforma constitucional del año 94, es decir, posterior a la existencia de este decreto”, remarcó.

Además señaló: “Es necesario que la provincia se actualice en materia de derechos humanos y violencia institucional”.

Bajo esta premisa, la hoja de ruta de la cartera nacional de Acceso a la Justicia en la provincia consta de tres ejes básicos: la derogación del decreto ley N° 4663 del año ‘91 y del Código de Faltas provincial; la organización de un Comité contra la Tortura provincial y el impulso de una la ley integral de violencia institucional, para la prevención, erradicación y sanción de los hechos de violencia provocados por el Estado, donde no solo se trata de violencia policial, sino también judicial, sanitaria y de género desde las instituciones gubernamentales.

“Las tareas desde el área de derechos humanos deben orientarse en la provincia al fortalecimiento de un gobierno civil que actúe eficazmente sobre las fuerzas de seguridad locales”, expresó la directora nacional de Acceso a la Justicia.