La fiscalía federal y las querellas de la familia del militante radical y comerciante Fidel Yazlle y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, coincidieron ayer en pedir condena de prisión perpetua para el represor Andrés del Valle Soraire, que fue jefe de la Guardia del Monte, grupo de tareas que actuó en el interior salteño como parte del aparato represivo de la última dictadura cívico militar. 

El fiscal general Carlos Amad solicitó al Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta que condene a prisión perpetua a Soraire por los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, en concurso real con homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas", cometidos en febrero de 1977 en perjuicio de Yazlle. Los abogados Javier Sarmiento, en representación de la familia del comerciante, y Gastón Casabella, de la querella de la Secretaría de DDHH de la Nación, que alegaron antes, pidieron también prisión perpetua. 

Yazlle fue asesinado la noche del 11 de febrero de 1977. Hombres que andaban en una camioneta de cabina simple con caja, de color claro, y que antes habían preguntado por él, lo ubicaron frente al comedor y hospedaje que administraba en el pueblo norteño de Coronel Juan Solá (más conocido como Morillo, por su estación de trenes), lo subieron al vehículo, le dispararon y luego dejaron su cuerpo sobre las vías del Ferrocarril Belgrano, cerca de la localidad de Pluma de Pato, donde fue arrollado por el tren. 

La fiscalía y las querellas coincidieron en que fue un crimen político, cometido en el marco del plan sistemático de eliminación de oponentes que se llevó a cabo en la última dictadura cívico militar. Sostuvieron que el hecho fue perpetrado por policías integrantes de la Guardia del Monte, que comandaba Soraire, entre ellos, Fortunato Saravia (fallecido), y otros policías como el recientemente fallecido jefe de Zona Mario Víctor Palermo, que estaba siendo juzgado en este proceso, otorgaron la cobertura para lograr la impunidad de los asesinos. 

Los fiscales Amad y Juan Manuel Sivila afirmaron que la situación de Yazlle se tornó peligrosa cuando denunció por corrupción al intendente de facto Humberto Lazarte y el comisario Zenón Ávila (fallecido), y eso lo convirtió en un “perseguido político".

La fiscalía señaló que el comerciante había recibido amenazas de muerte. El 11 de febrero de 1977, "entre las 20.00 y 20.30, una camioneta llegó hasta el comercio de Yazlle y sus dos ocupantes fingieron pedir orientación, pero al acercarse el comerciante reconoció a uno de ellos, circunstancias en que fue introducido al rodado, el que se marchó del lugar”, describió Amad.

Los captores llevaron a Yazlle hasta dos kilómetros antes de llegar a la estación de Pluma de Pato, donde lo mataron a “quemarropa” y luego arrastrar su cuerpo hasta las vías del tren. El cuerpo fue hallado al día siguiente, destruido. La fiscalía sostuvo que de esta manera los asesinos buscaron sembrar terror y asegurarse la impunidad. A pesar del estado de destrucción del cuerpo, algunas personas reconocieron a la víctima, y vieron las heridas de los disparos. 

"Fidel Yazlle era considerado subversivo"

Sarmiento aseguró que el asesinato de Yazlle no fue "una decisión individual" sino "el resultado de un plan sistemático y racional en el que se empleó la fuerza y logística de un aparato estatal para liquidar a un grupo de personas". 

Este homicidio fue considerado primero como un delito común, por lo que la fiscalía y las querellas se anticiparon a la defensa alegando que fue un crimen de lesa humanidad. Sarmiento destacó que cualquier persona, "a discrecionalidad de los efectivos que planificaban y ejecutaban las personas", podía ser incluida entre los enemigos a aniquilar. 

"Yazlle era el enemigo del usurpador, era un militante radical", ratificó a su turno el fiscal Amad. Agregó que el comerciante era muy querido, de una gran sensibilidad social, siempre dispuesto a ayudar. Pero se convirtió en "perseguido político" cuando denunció por corrupción al intendente de facto Humberto Lazarte y el comisario Zenón Ávila (fallecido), dijeron Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, en la misma línea que venían afirmando las querellas. 

Sivila afirmó que los acusados se valieron del aparato estatal para eliminar a Yazlle, quien se había convertido en un “enemigo”, tanto por las denuncias como por su militancia en el radicalismo.

Casabella citó la Directiva secreta 404, del Consejo de Seguridad, que establecía como objetivo la eliminación física de toda persona considerada subversiva , "y subversivo lo fue en realidad cualquiera que se opusiera a lo establecido para el régimen". "Claramente, Fidel Yazlle era considerado subversivo", sostuvo. 

En un anexo que en 1975 se agregó a esta directiva, "el grupo humano que se identifica como enemigo y opositor era amplio", añadió, no se limitaba a militantes de organizaciones más radicalizadas, como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) o Montoneros, "sino que extendían el calificativo de opositor al régimen a todo aquel que se presentara como un peligro para entorpecer al régimen que se pretendía instaurar". En ese marco recordó que Yazlle tenía ascendencia social en Morillo, era un militante radical. "Era un hombre de gran sensibilidad social", estaba ligado al deporte. Y eso le daba mayor legitimidad a las denuncias que hacía contra Lazarte y Ávila. Era "un oponente político al régimen de gran trascendencia".

En cuanto al hecho específicamente, Sarmiento sostuvo que el grupo de tareas que asesinó a Yazlle "nunca actuaba solo, la modalidad represiva no se lo permitía" y esa modalidad implicaba la inteligencia previa para localizar el blanco, la liberación de la zona para secuestrar sobre seguro, la detención, la tortura en clandestinidad y la ejecución, y en su caso la desaparición. Recordó que Saravia fue reconocido en 1986 por Toledo como uno de los hombres que buscó a su marido en febrero de 1977 y aseguró que este hombre no pudo actuar sin la autorización, si no la participación de su jefe, Soraire.

Garante de la impunidad 

A pesar de que la acción penal contra Palermo se extinguió con su muerte, ayer lo mencionaron recurrentemente, porque es necesario hablar de su participación en los hechos para comprender el contexto, explicó el fiscal Amad. 

"Garantizó la impunidad de los matadores desde el primer momento", sostuvo Sarmiento. Lo hizo liberando la zona antes del secuestro, permitiendo que la noche del crimen todos los policías del pueblo concurrieran a una fiesta de cumpleaños y luego direccionando la investigación para acallar a los testigos, incluso deteniéndolos, o amenazándolos, para "así garantizar la impunidad de los matadores". "Todo el conjunto de actuaciones estuvo dirigido a cuidar la identidad de los asesinos, así como para que nunca se supiera la verdad de los hechos ni su verdadero móvil", sostuvo el querellante. 

"Se hizo un sumario policial totalmente fraguado", como se solían hacer en esa época, reforzó Casabella.

Amad y Sivila afirmaron que los mismos policías asesinos trataron de imponer pistas falsas y coincidieron con Casabella en que es algo que “ya hemos visto en otros casos, incluso en el secuestro y asesinato del ex gobernador Miguel Ragone”.

Una lucha incansable

En los tres alegatos que se escucharon ayer hubo coincidencias también a la hora de resaltar la persistencia de la viuda de Yazlle, Teresa Toledo, que dos días después del crimen comenzó a denunciar la participación de la policía y luego, a pesar de los reiterados rechazos que recibió, insistió durante 45 años hasta llegar a esta instancia.

El abogado Sarmiento empezó diciendo que su alegato era posible merced a la "incansable lucha en busca de justicia por parte de la viuda", que en 1977 quedó con tres hijos pequeños, de siete, cuatro y dos años de edad y transitó este camino de reclamo de justicia "en extrema soledad", afirmó, aunque destacó el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El fiscal Amad también resaltó la tenacidad de Toledo.

Contra el negacionismo 

Gastón Casabella comenzó su alegato avisando que hablaba "en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y además en nombre de los 30 mil detenidos desaparecidos, de todas las víctimas del terrorismo de Estado". 

Añadió que debido a los discursos negacionistas, es importante ratificar que "no hubo absolutamente ninguna guerra, no hubo dos bandos equivalentes, no hubo dos demonios como se pretende instaurar".

"No hubo ninguna causal legal que justifique estos hechos aberrantes y siempre son y serán perseguibles mientras vivan sus responsables", afirmó.