Organizaciones de la sociedad civil presentaron un pedido de acceso a la información pública ante el gobernador y el ministro de Salud de la provincia de Corrientes para que rindan cuentas sobre el efectivo cumplimiento de las obligaciones de garantizar abortos en condiciones seguras en la provincia, tal como prevé la legislación nacional.
La solicitud se generó como consecuencia de la alarma que producen indicadores provinciales relativos al embarazo infantil, el bajo uso de métodos anticonceptivos y restricciones indebidas en el acceso aborto legal.
Según el artículo 86 del Código Penal el aborto puede ser practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer si se hace con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
En 2018, al menos 146 niñas menores de 15 años cursaron un embarazo y parto en Corrientes, una de las provincias que presentan mayor tasa de embarazos en niñas de esa edad. A esta situación, se sumó el conocimiento del caso de una niña de 11 años que había sido violada por la pareja de su madre y debió llevar adelante un embarazo forzado.
“Nosotros somos una provincia provida declarada por la legislatura provincial”, dijo en comunicación con Toma y Daca, el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés. “Si se aprueba el debate del aborto en el Senado tendremos que tener una legislación acorde a la legislación nacional. Mientras tanto vamos a trabajar como nos indica nuestra legislatura”, dijo el gobernador desoyendo el reclamo de que su provincia cumpla con el código penal.
“Sabemos que estamos en conflicto. Cuando termine el debate en el Congreso vamos a tomar una determinación respecto de los casos”, agregó.
