Siete personas fueron imputadas ayer en el marco de la investigación judicial por estafas inmobiliarias y lavado de activos, que comenzó el año pasado. En su mayoría, los nuevos involucrados son familiares o allegados de personas que ya estaban sindicadas en el proceso, incluso con pedido de pena. En dos audiencias, los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot les achacaron estafas, falsificaciones y maniobras de lavado. Los imputados quedaron en prisión domiciliaria, aunque las defensas y Fiscalía acordaron que algunos recuperen la libertad tras pagar una caución. Los casos están relacionados con cinco predios de entre 2,5 y 18 hectáreas, ubicados en General Lagos y Arroyo Seco, pertenecientes a Ana María Lacava, quien reside en Italia desde 2011. Esa situación fue aprovechada por los acusados para quedarse con los terrenos. "Hay mayor sofisticación, porque hasta se constituyó un fideicomiso para iniciar un loteo, que no se llegó a hacer", dijo el fiscal. A otro de los imputados se lo acusó por lavado en el caso de un inmueble de Viamonte al 5300. En tanto, uno de los primeros acusados fue denunciado por su hermano. Vínculos con la banda de Los Monos y el empresario Luis Medina, asesinado en 2013.

El jueves, Narvaja realizó nueve allanamientos en los que resultaron detenidos Juan de la Cruz González de Gaetano --arrestado en un departamento de San Lorenzo al 1000, a nombre de quien era esposa del empresario fallecido Luis Medina--, hijo del sindicalista preso en la causa, Maximiliano González de Gaetano; y Omar Busellato, quien fue sindicado por participar de la compra‑venta de una vivienda, mediante falsificación de documentos de personas fallecidas. Ayer, frente al juez Gonzalo López Quintana, el hombre negó los hechos y se acordó una domiciliaria.

Por otro lado, se presentaron en la audiencia Magalí González de Gaetano, hija del sindicalista, imputada por lavado de activos; su madre, Sandra Moresco, sindicada por falsificación y lavado; el escribano José Luis Gordó, quien "montó artilugios" para darle apariencia de legalidad a las maniobras delictivas, con tres falsificaciones y lavado; y Vanina Viglione, esposa del apodado "Gitano" Fernández, acusado por conducir el auto desde el cual fue asesinado Diego Demarre, con Ariel "Guille" Cantero como autor de los disparos. La madre de Fernández es familiar de uno de los prófugos en la causa, Tránsito Retamar Portillo. Sobre Viglione pesa una de las acusaciones más graves: "Lavado agravado por formar parte de una asociación ilícita banda", le achacó el fiscal. El delito tiene pena mínima de 4 años y medio.

Según detalló Haurigot, sobre las maniobras realizadas entre 2014 y 2015 que terminaron con las ventas irregulares de cinco predios, el escribano Eduardo Torres falseó el primer poder a favor de Roberto Aymo --ambos imputados en la causa--. El último fue vendiendo los lotes a su hijo Nicolás, imputado ayer y con orden de prisión domiciliaria (le permiten salidas para cursar la escuela nocturna), a "precio vil". En esos trámite intervino el escribano Juan Bautista Aliau. Luego, los predios fueron pasando a otras manos, mediante el trabajo del escribano Gordó, que está preso en su casa hasta tanto haga efectiva la caución prometida de una propiedad. En el terreno de 18 hectáreas llegó a constituirse el fideicomiso "La Esperanza", para lotear terrenos. En el mismo figuraban Nicolás Aymo como inversor, Magalí González de Gaetano como administradora y su medio hermano, Juan de la Cruz, como quien ponía el dinero necesario. Viglione, en tanto, aparece como compradora connivente y administradora de algunos de los terrenos. La mujer tiene vínculos con la familia Retamar Portillo, a través de su pareja. Ayer, quedó en prisión domiciliaria, al cuidado de su beba de tres meses.

Según los datos aportados sobre las compras y ventas; más los elementos secuestrados (a Juan de la Cruz se le encontró una mochila llena de escrituras) en los últimos allanamientos, podría haber más personas implicadas, que las 18 actuales.

Hermano. Otro dato que se conoció ayer tuvo que ver con la denuncia penal que realizó el hermano mayor del dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef --preso en la causa--, quien lo acusó por la supuesta apropiación indebida de la clínica de San Juan y Oroño. Salvador Jaef, que es odontólogo, se presentó como fundador del lugar y ya había hecho una presentación contra su hermano, en la Justicia Federal.