Frente al escándalo mediático que generó el recorte de las pensiones no contributivas, el gobierno aseguró su restitución y posterior análisis, pero los datos oficiales dan cuenta de una aceleración en las suspensiones y bajas y un mínimo restablecimiento de beneficios caídos. Según un informe realizado sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social, hasta el momento se suspendieron y se dieron de baja 175.363 pensiones, principalmente por invalidez y a madres de siete o más hijos. Tal como informó PáginaI12, sobre este universo de damnificados, la Comisión Nacional de Pensiones No Contributivas restituyó apenas 24.600 pensiones, un 14 por ciento del total, lejos de la totalidad que había asegurado la ministra Carolina Stanley.

Bajo el argumento de un supuesto cruce de datos, la cartera de Desarrollo Social reconoció que el año pasado se quitaron 90 mil pensiones por supuestas inconsistencias en la información. A estas se suman en el primer semestre otras 85.363 pensiones que fueron suspendidas o dadas de baja. En el caso de madres con siete o más hijos, las suspensiones y bajas fueron en enero 1190 y 1040 respectivamente; en febrero, 1800 y 2000; marzo, 1258 y 880; abril, 752 y 550; mayo, 900 y 1320; y junio, 1004 y 963. Por invalidez se registraron suspensiones en enero de 4700. No hay datos de bajas para ese mes. En febrero hubo por ese concepto suspensiones y bajas a 10.900 y 6700 beneficiarios respectivamente; en marzo, a 7000 y 2000; en abril, a 2900 y 2240; en mayo 13.509 y 5300; y en junio de 13.482 y 2975. Casi todas las suspensiones que tuvieron lugar el año pasado pasaron a baja, según denuncian trabajadores de Desarrollo Social.

“Esto no responde a la aplicación o no del decreto en el que se escudan para el recorte, sino a un cambio en la interpretación de esa norma”, dijo a este diario Eugenio Reati, ex director nacional de Promoción y Derechos (Pensiones 2011-2015). Durante su gestión, el gobierno realizaba los mismos cruces de datos para evaluar la condición del beneficiario, pero se realizaba mensualmente antes de librar el pago y sin suspender el beneficio. Con un carácter de mayor apertura y llegada del beneficio a los que más lo necesitaban, se realizaron controles exhaustivos e informes bajo la tutela de universidades públicas, como la UBA y la de La Matanza. “Esto no responde a un cruce de datos, sino que es un manotazo de recorte del gobierno”, concluyó Reati.