La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este lunes “la nulidad de todo lo actuado” por el juez de Paraná, Daniel Alonso, respecto a la cautelar dictada que impedía que el Congreso designe a sus integrantes para la nueva composición del Consejo de la Magistratura.

En la resolución de ocho páginas, el Máximo Tribunal consideró que el magistrado actuó “con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular la ejecución de la sentencia”.

A su vez, aseguró que el pronunciamiento “conlleva un grave desconocimiento de la superior autoridad que esta Corte está institucionalmente investida” y corresponde “disponer la nulidad de todo lo actuado en el expediente”, iniciado por el diputado oficialista Marcelo Casaretto.

También remitió el fallo al Consejo de la Magistratura para que "evalúe la conducta del magistrado" y, eventualmente, le aplique sanciones.

En un intento de defender las "facultades del Congreso" para sancionar una ley que regule la composición y el funcionamiento del Consejo, Casaretto había pedido que se suspenda "cualquier intento por parte del Poder Legislativo" de designar nuevos integrantes en el Consejo de la Magistratura "hasta tanto se sancione una nueva ley que rija su integración".

Si bien Alonso había dado lugar a esta solicitud, la Corte intervino para que los titulares de la Cámara de Diputados y de Senadores, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, puedan designar a los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura.

El Máximo Tribunal había dispuesto el último 16 de diciembre que el Congreso dicte una nueva ley antes del 15 de abril y, de lo contrario, que el Consejo vuelva a su etapa anterior de 20 miembros.

Vencido el plazo de 120 días, la Corte Suprema ordenó el funcionamiento inmediato del Consejo de la Magistratura de acuerdo a la ley que había sido derogada y, para poder concretar el pase de 13 miembros a 20, se sumarán al organismo el presidente del máximo tribunal, dos abogadas, un juez, un representante de los académicos, un diputado y un senador.