Unas 237 alertas de focos de incendios intencionales se registraron en las islas del Delta del Paraná en la primera quincena de julio, contra 269 en junio y 181 en mayo. Esta semana, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, amplió esa información, presentada el 15 de julio ante la Justicia Federal de Entre Ríos, en una denuncia con datos georreferenciados sobre las quemas, por la causa en la que se investigan los incendios en ese territorio. Desde 2020, el ministerio aporta a la Justicia la geolocalización para que investigue e identifique quiénes son los dueños de los campos quemados por acción humana. Pasados dos años, los avances son pocos, la Justicia todavía no detuvo a nadie y los focos se siguen reproduciendo como si no existieran responsabilidades.
La investigadora Paulina Martinetto, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) del Conicet, describe que entre 3,3 a 3,6 mil millones de personas viven en puntos críticos de alta vulnerabilidad al cambio climático, distribuidos en Centro y Sur de América, en Africa oriental, central y este, y en estados que se desarrollan en pequeñas islas y el Ártico. “Cada pequeño incremento en el calentamiento global tendrá mayores repercusiones en las personas y la biodiversidad”, advirtió Martinetto en la presentación del informe realizado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y vulnerabilidades, un estudio en el que participaron 270 autorxs de 77 países, tres de ellxs de la Argentina. “Por ejemplo, un aumento de la temperatura a 1,5° derivará en la pérdida de especies y ecosistemas de alta montaña, arrecifes de corales tropicales y humedales costeros. Si se supera esa temperatura y se llega a 3°C, estas pérdidas se incrementarán hasta diez veces.” Los grupos más afectados son y serán, se prevé, las mujeres en situación de pobreza.
