Este miércoles un grupo de profesores, consejeros y directivos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó una carta abierta en defensa de Cristina Kirchner, en medio del juicio que la vicepresidenta enfrenta por la causa Vialidad.
En este contexto, uno de los firmantes del documento, el Fiscal General de la Procuración y profesor de esa casa de estudios Alejandro Alagia, explicó los motivos de la carta abierta: “La razón principal es que somos profesores de Derecho y tenemos conocimiento de cuáles son las reglas y leyes que se aplican a un proceso penal, y por lo tanto advertimos fácilmente cuando hay una violación grave al debido proceso".
Asimismo, señaló en AM750 que esto es “una opinión, no un comunicado”, y que lo que se advierte es "la privación del derecho abierto a declarar de Cristina Kirchner", porque "cualquier imputado tiene ese derecho, independientemente de que sea su abogado el que realice la defensa".
Por otro lado, se refirió a la condena de 12 años por “asociación ilícita” que pidieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el final de su alegato. El profesor universitario remarcó que esa es una figura legal "muy cuestionada por la doctrina en el país” y que “históricamente se usó para perseguir opositores políticos o para la criminalización de la política”.
"En realidad, es una figura que castiga a actos preparatorios y solamente hay que limitarse a usarla en los casos de golpe de Estado o en situaciones de extrema excepcionalidad, que no son el caso de una administración fraudulenta o el de delitos vinculados con la corrupción", argumentó.
Por otro lado, Alagia sostuvo que la persecución judicial a opositores políticos “está a la orden del día” en la región. E insistió en que la carta abierta se hizo “por los documentos y fotos que salieron a la luz públicamente”.
Por último, se refirió al partido de fútbol que compartieron el juez y un fiscal "en la casa de un presidente", y sostuvo que "esa conducta está sancionada por la ética judicial y muy claramente justificaría el apartamiento" del magistrado y los fiscales involucrados.
