El diputado por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, anunció que volverá a su cargo la semana próxima. El mes pasado tomó licencia ante los pedidos de desafuero que realizaron tanto el juez Mario Dilascio como la jueza Claudia Puertas, por causas de violencia institucional vinculadas a su función cuando era policía, e incluso luego siendo ya legislador.

"A la gente fundamentalmente, a mis compañeros de la Cámara de Diputados, a la política en general, le he demostrado quién soy yo y cómo soy yo realmente, por lo tanto en los próximos días voy a volver a la Cámara como corresponde y luego de haber estado un mes y medio de licencia habiéndome desaforado solo para que la justicia actúe. Lamentablemente, la justicia hasta acá no ha dado ninguna explicación", afirmó Orozco en un vídeo, que grabó en la Ciudad Judicial junto a su abogado, Nicolás Vedia, al que tituló "Me quieren preso, aquí estoy. ¿Dónde está la orden de detención?".

Hay tres causas en la Fiscalía de Derechos Humanos, con decreto de imputación, requerimiento de remisión a juicio, auto de elevación a juicio, y con audiencia de debate fijada y suspendida, según informó hace dos meses el Ministerio Público Fiscal. 

Voceros del Poder Judicial explicaron a Salta/12 que ante los pedidos de desafuero ya presentados en Diputados, en caso de que el legislador regrese a su banca, la Cámara deberá informar si dará trámite a la solicitud del juez Dilascio y la jueza Puertas. 

La licencia sin goce de sueldo le fue concedida a Orozco el 6 de julio, sin plazos ni condiciones, por ende puede volver cuando lo decida. Esa medida tomada por el legislador había frenado que la Cámara tratara el desafuero. 

El argumento de Orozco para regresar a su banca se basa en que durante el tiempo que lleva sin fueros no hubo pedidos de detención para él. "Estamos saliendo del juzgado que había solicitado mi desafuero oportunamente, nos presentamos para averiguar si es que había algún pedido de detención en contra mío o si había alguna causa que justifique por qué ellos habían pedido mi desafuero. Como verán, no hay ningún pedido de detención en contra mío, no hay ningún juicio que tenga fecha fija por lo tanto queda a las claras que mi pedido de desafuero tenía que ver solamente con cuestiones políticas, ¿no?", dijo el legislador.

Además, argumentó que los fueros parlamentarios "de lo que único que te protegen es del arresto. Por lo cual es irónico que yo hoy pueda ser chofer de colectivo, es más, puedo ser hasta intendente", mencionó refiriéndose a que puede ejercer otros cargos porque solo el de legislador tiene fueros. 

Sin embargo, mientras conserve fueros tampoco podrá ser juzgado. El artículo 122 de la Constitución Provincial dispone que: “Cuando se deduzca acusación ante la justicia ordinaria contra un Senador o Diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, puede cada Cámara con dos tercios de votos de los miembros presentes, suspender en sus funciones al acusado”.

Además, el juez Luciano Martini Bonari, del Tribunal de Impugnación, en un fallo por un recurso de casación presentado por el senador Sergio Ramos, dispuso que al formular el requerimiento a juicio, "la fiscalía debe instar al juez para que pida el desafuero a la Cámara que correspondiera". Y hasta tanto el órgano legislativo no se expida positivamente sobre la suspensión de la persona acusada, el proceso no puede continuar.

"Me querían tener de rehén de una situación política. Desde el momento que pedí rinoscopia para los funcionarios públicos tanto del Poder Ejecutivo, como Legislativo y también del Poder Judicial empezaron a pasar una serie de irregularidades", afirmó Orozco. Y añadió que esto pasó también cuando anunció que quería ser gobernador.

Su abogado añadió que "desde el primer momento" Orozco estuvo a disposición de la justicia y cumplió los actos procesales en la Fiscalía y en el Juzgado de Garantías. "Por ende sabemos que cumplimos con la ley y queremos que la ley cumpla con nosotros como defensa y los derechos de mi representado", sostuvo. "No hay ningún impedimento legal para que siga desempeñándose en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta", afirmó.

Los pedidos de desafuero

La jueza Puertas pidió el desafuero luego de que el fiscal de Derechos Humanos de aquel momento, Gabriel González, lo requiriera en el pedido de elevación de una causa a juicio.  

En esta causa, hay cinco hechos de violencia institucional denunciados en los que se encuentran implicados 12 policías, entre ellos el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera, Orozco. Están imputados por imposición de torturas, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, apremios ilegales y vejaciones calificadas por el uso de violencia, todo agravado por el uso de arma de fuego.

Los once policías imputados, además de Orozco, son Víctor Orellana, Diego Arias, Rubén Medina, Nelson Rojas, Andrés Suárez, Javier Reynoso, Víctor Luna, Denis Coronel y Darío Pérez. También las efectivas María Soria y Andrea Díaz.

El otro pedido de desafuero fue realizado por el juez de Garantías 2 de Metán, Dilascio, por una causa con elevación a juicio en la que Orozco está imputado por amenazas en perjuicio de G., por un hecho que se remite al 28 de julio de 2021, siendo ya diputado.

Según la acusación fiscal, Orozco fue al domicilio del denunciante, quien antes le había facilitado la pared lateral de su casa para pintadas de propaganda política y lo amenazó: "'te voy a hacer cagar, no te vas a salvar, te voy a encontrar en la calle y te voy a matar', mientras introducía la mano en la cintura y se levantaba la remera con el ademán de sacar un arma”.

El juez de Garantías de Joaquín V. González, Héctor Sebastián Guzmán, había solicitado que se tramite el pedido de desafuero del diputado para juzgarlo pero se suspendió por apelaciones de la defensa. Lo último fue un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta, que falló contra los planteos del diputado y ordenó que se realice el juicio. Guzmán no volvió a solicitar el desafuero, porque el expediente de la causa no habría vuelto aún a su juzgado.

La Corte de Justicia también debió dirimir una cuestión de competencia planteada en estas causas y ordenó al juez Guzmán que intervenga en el juicio oral. En este caso las acusaciones son por imposición de tortura, coacción, vejaciones agravadas por el uso de la violencia y severidades en perjuicio de tres víctimas. La Procuración General de la provincia ya creó una unidad fiscal para el juicio oral y público, integrada por los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Oscar López Ibarra.