El Gobierno bonaerense conformó una mesa interministerial, en la que participan el Ministerio de las Mujeres, la Subsecretaría de Deportes y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), con el objetivo de buscar estrategias para erradicar las violencias del deporte y unificar criterios para las sanciones que le quepan a quienes ejercen ese tipo de violencias.

La Mesa Interministerial se reunió y analizó la situación de Paula Bolaño, la jugadora de fútbol del Club Cañuelas, el cual por permitirle participar de las primeras 12 fechas del torneo, fue sancionado por la Liga de Buenos Aires con la quita de los puntos logrados hasta el momento.

"Este caso es testigo de muchos otros que involucran a niñas y adolescentes que quieren ser o ya son parte de equipos mixtos, y no se les autoriza a competir. En este sentido, de acuerdo a lo conversado, se trabajará en una solución que favorezca la inserción de las jugadoras", precisó un comunicado del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial.

Otro tema que se trató en el encuentro fue el de las sanciones en los casos de violencia por razones de género en el deporte, y la necesidad de unificar criterios.

En este sentido, el caso de la árbitra Dalma Magalí Cortadi, agredida en un partido de Reserva de la Primera División de Tres Arroyos por un jugador del club Deportivo Garmense, institución que lo suspendió de por vida.

"La importancia de unificar criterios radica en que los clubes e instituciones deportivas proceden en su mayoría según sus estatutos, los cuales generalmente no contemplan las tipificaciones incorporadas por la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales", precisó la cartera que conduce Estela Díaz.

Por último, se consideraron otras líneas de acción como campañas masivas de prevención de la violencia en el deporte, y capacitaciones sobre la problemática destinadas a instituciones deportivas, entre otras.

En su primer encuentro, celebrado hace unas semanas, la Mesa acordó el retorno del público visitante a las canchas de los partidos de fútbol de las ligas del interior por un plazo de 90 días, durante los cuales deberán mejorar la infraestructura edilicia y realizar capacitaciones de género en el marco de la Ley Micaela.