La Mesa Agroalimentaria repartió 20 mil kilos de verdura frente al Congreso y presentó a los diputados un paquete de proyectos de ley para desarrollar su actividad, la del “campo que alimenta”. Con el Verdurazo, los productores plantearon que pese a tener la estratégica función de cultivar para el consumo interno, el Estado no los protege frente al avance del agronegocio ni frente a las lógicas del sistema financiero. Sus propuestas legislativas apuntan a cuestiones como el acceso a la tierra, control de los alquileres rurales, financiamiento para la producción, freno a los desalojos en los territorios campesinos y mayores respaldos para quienes hacen la transición a la agroecología.

Como ocurre en cada Verdurazo, en la plaza del Congreso se formaron largas colas de vecinos que se acercaron para llevarse hortalizas frescas. Antes de distribuirlas, los organizadores de la protesta hicieron un acto. "Sabemos que este es un momento difícil. Nos sumamos al repudio del intento de magnicidio de la vicepresidenta, como repudiamos a todos los hechos que tienen como objetivo extorsionar al sistema político para que siga siendo funcional al sistema financiero. Estamos convencidos que para terminar con estas cosas, para consolidar la democracia hay que consolidar la soberanía alimentaria, y de eso se tratan las propuestas que estamos haciendo. Cuando el derecho a la alimentación esté garantizado y los derechos de los productores estén garantizados va a haber un salto en la calidad democrática", señalaron alí

La Mesa Agroalimentaria está formada por la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe). El MNCI Somos Tierra y la UTT reúnen a productores que vienen muy de abajo; en el mejor de los casos, luego de organizarse pudieron acceder a tierras en comodato o a maquinaria agrícola que usan cooperativamente, pero en su mayoría alquilan la tierra que trabajan y viven casillas precarias. Sus reclamos históricos son una ley de acceso a la tierra, a la manera de un Procrear Rural, y el freno a los desalojos.

Fecofe, en cambio, reúne a productores de mayor tamaño; es una organización nacida dentro de la Federación Agraria Argentina en la que hay cooperativas agrícolas, tamberos y productores de cereales, que sumaron a la agenda de reclamos el pedido de segmentaciones impositivas.

“En la Mesa Agroalimentaria nos dimos cuenta que casi todos tenemos los mismos problemas y este paquete de leyes busca solucionarlos”, aseguró Delicia Zenteno. Como productora de la UTT de Santa Fe, contó que en algunos casos, como el de la acelga, los quinteros no están llegando a cubrir los costos de producción debido al alto precio de la semillas y de los arrendamientos rurales. “Necesitamos una mejor regulación de los alquileres en el campo”.

La presentación de los cinco proyectos de ley fue realizada en el Salón de los Pasos Perdidos. “Invitamos a diputados de todos los bloques y a funcionarios”, contó Nahuel Levaggi, el principal referente de la UTT, sobre la actividad. De las cinco, una ya está ingresada: es el proyecto de Acceso a la Tierra, que impulsa la creación de créditos blandos -a la manera de un Procrear- y de un banco de tierras para la producción.

Los otros proyectos son de arrendamientos rurales, de protección de los territorios campesinos y la agricultura familiar, de segmentación impositiva y de apoyo al cooperativismo y la transición a la agroecología.

Estas medidas, indicó Levaggi, “promueven el abastecimiento de alimentos sanos a precios justos al pueblo y garantizan una vida digna en el campo. En momentos difíciles como este, es imprescindible avanzar en este tipo de propuestas”.

Desde Fecofe, Pablo Paillole señaló que la campaña tiene que ver fundamentalmente con elaborar una agenda que represente “los problemas estructurales del campo que están ajenos a la agenda parlamentaria” porque el gran problema del campo “es la enorme concentración y expulsión de medianos y pequeños productores de pueblos originarios y de la agricultura familiar que se ven desplazados por el agronegocio y grandes terratenientes”.

En ese sentido detalló que los proyectos ponen en discusión el modelo agropecuario existente para “hacer una democratización de la producción y la tierra”.