El bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados le pidió a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y al jefe de la bancada partidaria, Cristian Ritondo, que "repudien" las declaraciones del legislador Francisco Sánchez, quien propuso instaurar la pena de muerte para casos como el de la vicepresidenta Cristina Fernández. El oficialismo remarcó que esas afirmaciones "son inconstitucionales y generan un agravio al pueblo argentino y a la democracia". El PRO hizo silencio, pero el diputado Sánchez se vio forzado a retractarse --aunque parcialmente-- de sus dichos.

El pedido del FdT se formalizó con dos notas firmadas por el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, y por la secretaria parlamentaria del bloque, Paula Penacca.

"Nos dirigimos a usted en su calidad de presidenta del PRO y apelando a la responsabilidad que conlleva la conducción de un partido político con representación nacional. En los últimos días, el diputado Francisco Sánchez ha tenido declaraciones públicas que hacen referencia directa a la aplicación de la pena de muerte a la vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner y, en las últimas horas, en ocasión de una entrevista radial, ha ratificado dicha posición", dice la carta dirigida a Bullrich. Los mismos términos contienen la misiva dirigida a Ritondo.

Como se sabe, Sánchez defendió públicamente su proyecto para imponer la pena de muerte para los delitos de corrupción ya que sostiene que implican una "traición a la patria". Y particularmente señaló que debería aplicársele a CFK.

El FdT pidió al PRO y a sus legisladores que se expidan "repudiando dichas declaraciones y que se solicite al diputado que se rectifique de sus dichos, toda vez que son inconstitucionales y generan un agravio al pueblo argentino y a la democracia". 

"Entendemos que declaraciones de esa magnitud no deben ser avaladas, como tampoco convalidadas a partir del silencio. El rol que desempeñamos como dirigentes lo debemos hacer asumiendo la representación del pueblo y en estricto cumplimiento de nuestra Constitución Nacional, la que debemos cumplir y hacer cumplir sin concesiones de ningún tipo", sostiene el texto dirigido a la dirigencia PRO.

En esa línea, las cartas expresan que "declaraciones como las del diputado Sánchez claramente van contra el mandato constitucional y constituyen un desorden de conducta que, reiteramos, no podemos avalar como hombres y mujeres de la democracia”. En el último tramo de la carta, el FdT afirmó que "tal como el sábado 3 de septiembre la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se expidió, con acompañamiento del bloque de su partido, creemos que hacerlo es ni más ni menos que contribuir a la paz social".

Aunque la conducción del PRO no respondió a planteo, el propio Sánchez tuvo que salir a dar marcha atrás. Lo hizo, eso sí, con rodeos y circunloquios. "Ratifico mi posición respecto a declarar los delitos de corrupción agravada como equiparables a delitos de traición a la Patria", comenzó en una nota dirigida a Ritondo. "Yendo específicamente a las manifestaciones respecto de la aplicación de la pena capital para este tipo de delitos, si bien no está expresado en mi proyecto, sí lo expuse como una alternativa de tratamiento, no dirigido a ninguna persona en particular, sino a todos los casos en los que se pruebe fehacientemente delitos de latrocinio", admitió.

Pero acto seguido tuvo que reconocer que eso sería inconstitucional. "No desconozco que nuestra Nación ha abolido la pena de muerte desde la Asamblea del año XIII (...) Tampoco puedo ignorar que la Argentina le ha otorgado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos rango constitucional, con lo que solo modificando nuestra Constitución Nacional podría avanzar una iniciativa del tipo planteado". 

Finalmente, señaló que "teniendo en cuenta la gravedad de la situación social en Argentina, derivada de la crisis económica y de los permanentes agravios a las instituciones republicanas, considero atendible el pedido de evitar la continuidad de manifestaciones que puedan afectar la sensibilidad de personas individuales o colectivas, por lo que desistiré de impulsar un proyecto de estas características". Entre tantos rodeos, no se le escapó ningún repudio al atentado a la vicepresidenta.