Los reiterados ataques presidenciales contra el fuero laboral y la acusación, sin pruebas, de la existencia de mafias de abogados laboralistas no se detienen. Ayer, durante un acto organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), donde participaron algo más de 20 organizaciones sindicales, de derechos humanos y ONG, el repudio a la política gubernamental fue generalizado. Por caso, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni aseguró que más que un ataque a los abogados se trata de “una agresión a la clase trabajadora que se inscribe en una regresión general en derechos humanos frente a una mayor concentración de la riqueza”.
El encuentro se realizó en uno de los salones del Hotel Bauen que rápidamente quedó colmado. A modo de introducción en el tema, los organizadores emitieron un video donde mostraban los diferentes ataques y acusaciones que Mauricio Macri realizó contra los juicios laborales. Zaffaroni fue uno de los oradores y pintó un panorama complejo porque consideró que “sería más sencillo enfrentar si solo fuera contra el gobierno actual pero se trata del totalitarismo transnacional corporativo que avanza y que tienes sus virreyes del Siglo XXI”. En ese sentido, indicó que el proyecto político-económico del gobierno nacional prevé una sociedad con un 30 por ciento de privilegiados y un 70 de excluidos. “Este modelo, que incluye la precarización laboral, no cierra sin represión. Por eso es preciso advertir a nuestros pibes para que no caigan en provocaciones”, advirtió.
El titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, no se anduvo con vueltas y reiteró su reclamo por un paro general. “Es preciso dejar de lado las diferencias y pelear juntos para derrotar esta brutal ofensiva contra los trabajadores”. Micheli consideró imprescindible la participación de las tres centrales de trabajadores. La CTA que conduce Hugo Yasky ya dio su visto bueno sobre la convocatoria al paro. Resta todavía que la CGT tome una decisión que, a partir de la convocatoria a una movilización por parte de los sindicatos del transporte, que podrá definir recién la próxima semana. “La respuesta no puede ser dividida, tiene que haber un paro nacional más temprano que tarde”, insistió Micheli.
La intervención al sindicato de Canillitas, que incluyó el desplazamiento de su secretario general, Omar Plaini, integró las listas de pruebas que los expositores presentaron para demostrar que la “agresión” del Gobierno al fuero laboral y a los abogados del ramo es más que nada una herramienta para “profundizar la flexibilización laboral”. Así lo planteó Matías Cremonte, presidente de la AAL, quien además advirtió que la estrategia del Gobierno incluye estigmatizar al fuero laboral y “perseguir a los jueces a través de sus sentencias”, y rechazó que los juicios de los trabajadores perjudiquen a las Pymes “porque acá lo que provoca el cierre de las empresas es el plan económico”. Cremonti anunció además que la AAL presentará “una denuncia ante las Naciones Unidas” y pedirá una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También participó el jefe del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, y uno de los sindicados por Macri de ser el cabecilla de la mafia laboral. El legislador coincidió con el análisis de los otros expositores y también llamó a “juntar todas las voluntades” para enfrentar al Gobierno pero advirtió que “si buscaban debilitarnos, se equivocan porque este ataque nos está fortaleciendo”.
