Un informe de la Auditoría General de la Ciudad señaló una serie de falencias sobre las obras de relocalización en la Villa 20 que lleva adelante el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). El documento advierte falta de control sobre las obras, retrasos y falta de planificación. Las empresas contratadas, por otra parte, son viejas conocidas del PRO: algunas fueron contratadas por Mauricio Macri cuando era presidente para remodelar la Casa Rosada, otras tuvieron denuncias por sobreprecios en la construcción de un Metrobús y hasta hay entre ellas aportantes de campaña del PRO. "La Auditoría detectó la falta de cumplimiento de los plazos en las obras y retrasos de entre 8 y 12 meses. Frente a esto, no se aplicaron multas ni sanciones", advirtió la presidenta del organismo, Mariana Gagliardi.
El informe releva las obras para la Villa 20 en 2017 y ya entonces encuentra serias irregularidades en las tareas para la urbanización de las villas que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, prometió en 2016. El relevamiento se encontró con "la falta de planificación y organización que tiene el IVC, sumado a la ausencia de pautas de control y cumplimiento y un deficiente rol de supervisión de las obras en el barrio 'Papa Francisco'”. La auditoría alcanzó a 1038 viviendas y 58 locales que forman parte del plan de reurbanización (que llegaba a 1700 viviendas).
"Las observaciones son preocupantes: se detectó falta de planificación y organización, ausencia de las pautas de control e incumplimiento en la supervisión de las obras", indicó la titular de la Auditoría porteña, quien indicó que -curiosamente- el Gobierno porteño no aplicó multas por ninguna de estas falencias, en especial la primera que señala el informe: "Ninguna de las tres empresas adjudicatarias han cumplido con los plazos contractuales". Los retrasos eran de hasta un año.
Las empresas
Pero lo más llamativo del informe llega cuando se conocen los nombres de las empresas involucradas en estas obras. Son tres: Conorvial SA, Green SA y Riva SA. Las tres tienen una larga historia en la obra pública en el país y también con el Gobierno porteño. Dos de ellas tienen en común, casualmente, ser aportantes de campaña de Cambiemos.
*Conorvial S.A. En el informe esta empresa figura como una de las que tiene constantes retrasos, pese a lo cual el IVC no le aplicó sanciones. Esta empresa fue utilizada por Macri en su presidencia para la remodelación de la Casa Rosada. Fue la oferta más baja de una licitación, pero luego terminó costando un 13 por ciento más de lo pautado: 255 millones de pesos. En el ranking de las empresas que se benefician de las licitaciones de la Ciudad, estaba primero Nicolás Caputo -"hermano de la vida" de Macri- y supo estar segunda esta empresa. Su vicepresidente Ricardo López Casanegra aportó 200 mil pesos al PRO en las elecciones de 2015.
*Green SA. El informe advierte que en la Villa 20 incurrió "en un atraso en el ritmo de los trabajos durante el desarrollo de toda la obra" que llegó a ser de 10 meses más que lo pautado. "Vale aclarar que a pesar de ello no se han constatado aplicación de sanciones por parte del IVC", indicó la Auditoría. Green participó de los contratos de Participación Público Privada que orquestó Macri (y que luego tuvieron que ser rescatados por el gobierno actual, que habló de un enorme negociado con fuertes sobreprecios). Los empresarios que la conducen son Carlos Amprino y Carlos Arroyo y también estuvieron entre los principales beneficiarios de la obra pública porteña. Sus competidores se preguntan por qué el Gobierno siguió entregandole obras después de que hubiera problemas con los proveedores en las obras del Paseo del Bajo y el Viaducto San Juan, con deudas millonarias.
*Riva SA. Otra vieja conocida. Figura en el informe con una "la caída de la curva de los trabajos de mucha importancia a lo largo de todo el periodo de obra al igual que el incumplimiento mensual de los avances. El grado de avance de los trabajos al llegar al plazo de finalización de la obra se encontraba muy por debajo de la finalización: 65,96 por ciento". De nuevo, no hubo sanciones. Riva tuvo la obra del Metrobus de la 9 de Julio y fue denunciada por el entonces auditor Eduardo Epszteyn por un sobreprecio que habría sido del 50 por ciento del original. Esta empresa constructora junto a otra le sumaron al PRO 500 mil pesos para la campaña de 2015.
Otra cuestión que señala el informe es que, dentro de los acuerdos de la urbanización, se pautó que las empresas adjudicatarias de las obras deberían contar con un mínimo del 20 por de mano de obra de habitantes de la Villa 20, para que de esta forma la urbanización también les diera trabajo. No obstante, según la Auditoría, el IVC no se ocupó de hacer ningún seguimiento de que esta condición se cumpliera.
"Nos sorprende una vez más la falta de planificación del Gobierno porteño en la relocalización de la Villa 20. Es evidente el desinterés del IVC por los principales afectados: familias de los sectores más vulnerables", concluyó la presidenta de la Auditoría.
