De los tres defensores públicos que vienen exponiendo a favor de los acusados en el sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Jujuy, el abogado Matías Gutiérrez Perea viene destacándose en cuanto a afirmaciones negacionistas, entre frases propias y la lectura de un escrito que el acusado coronel Juan Carlos Jones Tamayo le pidió que acercara al Tribunal Oral Federal N° 1 de Jujuy, que juzga a 20 hombres por crímenes cometidos en perjuicio de 140 personas. 

Los alegatos de las defensas comenzaron el primero de este mes, y vienen sucediéndose cada jueves. El jefe de la defensa pública oficial, Gutiérrez Perea, alegó por Jones Tamayo, para el que pidió la absolución lisa y llana, y otros 13 acusados. 

Ya venía derramando afirmaciones que generaron malestar en las querellas, cuando el último jueves terminó la jornada leyendo un escrito en el que el coronel Jones Tamayo,  un negacionista que reinvindica acciones de la represión ilegal, desconoció "la autoridad de la justicia (civil) para juzgar hechos de guerra". 

El militar recordó que los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar "fueron orquestados a partir de 2003", cuando se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final. Pero se juzga solo a los integrantes de las fuerzas legales, se quejó Jones Tamayo. "Los terroristas siguen gozando de esas leyes y beneficios. Hoy muchos terroristas siguen siendo funcionarios de este gobierno y todos siguen en libertad”, aseguró.

Tras enumerar lo que él considera irregularidades, Jones Tamayo afirmó que "la totalidad de estos procesos no son legales, sino una actitud política ideologizada que se encuentra infiltrada y mimetizada como seudo legal”. 

En el escrito el coronel detalló su carrera militar (aunque no completa, señaló HIJOS Jujuy), el ejercicio de la docencia (entre ellas la ironía de que fue profesor permanente de educación democrática en el Liceo Militar General Paz en 1971).

Y recordó que estuvo destinado al Grupo de Artillería de Montaña 5, Jujuy, de 1972 a 1976 y nuevamente en 1980, “como oficial de operaciones” y de 1981 a 1983, como segundo jefe. Por su permanencia en ese tiempo en Jujuy se lo juzga aquí. 

Aunque Jones Tamayo negó pertenecer a la especialidad inteligencia del Ejército y reiteró que “nunca participó ni ordenó ninguna ejecución de ningún tipo de delito”, él mismo reseñó que en 1974, "siendo jefe de la Batería de Comando de la Unidad 5 fue designado también como oficial de inteligencia de esa unidad”, función que desempeñó también en 1975. También desde Jujuy, con el grado de capitán, fue parte del Operativo Independencia en Tucumán, donde el 14 de febrero de 1975 participó en Pueblo Viejo de un enfrentamiento con "elementos de la llamada Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez y del Ejército Revolucionario del Pueblo".

Jones Tamayo es salteño. Integra el Centro de Estudios de Historia, Política y Derechos Humanos (que usa la sigla CES) de Salta, una organización que se opone a la investigación de los actos de terrorismo estatal y trata de presentar a los represores como víctimas de una persecución revanchista. 

El coronel estuvo prófugo durante años y fue capturado por efectivos de la Policía federal el 1 de octubre de 2014 en la ciudad de Buenos Aires. 

lxs testigxs víctimas, familiares que fueron brindados en este juicio y en los que la mayoría contó que escuchó las órdenes de torturar, trasladar o lo vio en los centros clandestinos o estuvo en persona con el represor Jones Tamayo. Todxs coinciden en que el que daba las directivas era él, esto también se puede constatar con los testimonios de los de las propias fuerzas de seguridad.

"Memoria contaminada"

El defensor oficial Matías Gutiérrez Perea representa a 14 imputados en largo proceso: Jones Tamayo, el alferez de Gendarmería Nacional Carlos Raúl Pérez, el comisario de la Policía Federal Rodolfo Oscar López, los oficiales de la policía de la provincia Hugo Armando Ruiz, Raúl Armando Claros, Humberto Cachambe, Virgilio Choffi, Pedro Ríos, Juan de la Cruz Kairuz, Bernando Salinas, y a los penitenciarios Juan Carlos Lucero, Zeferino Narváez, Osvaldo Héctor Caraballo y Mario Marcelo Gutiérrez.

También vienen alegando Maximiliano Ponce y Soledad Carreras Jurado, integrantes de la Defensoría Pública. 

Las defensas plantearon nulidades, algo habitual en estos juicios. En este caso, Gutiérrez Pera cuestionó los tiempos judiciales, la duración excesiva de los procesos y los juicios tardíos. "Estamos a 45 años de los hechos", destacó, a pesar de que es sabido que estos procesos se demoraron precisamente por la impunidad que la misma dictadura planificó. "La duración de estos juicios, que lamentablemente llegaron tarde, han producido una contaminación de la prueba. Y esto acarrea una nulidad", sostuvo el defensor. 

A continuación puso en duda la memoria de las personas que dieron su testimonio, con lo cual también relativizó las terribles experiencias que vivieron, nada olvidables. “La memoria está contaminada, desvirtuada", insistió. Añadió que es un problema tanto para la persona testiga que no recuerda como para la defensa, debido a que "es imposible tratar de realizar alguna teoría del caso que nos oriente o alguna prueba de descargo luego de 45 años porque la persona no está, no existe", aseguró. 

Otra nulidad planteada se funda en la "irrazonabilidad de la pena". Las defensas cuestionan que la fiscalía y las querellas hayan pedido penas de 25 años, "el máximo de pena previsto en nuestro ordenamiento, inclusive se pidieron penas de prisión perpetua, pese a no estar vigente", cuando se trata de personas mayores de 70 años de edad, "lo que implica concretamente un pedido de pena de muerte", exageró Gutiérrez Perea. 

Inocentes centros clandestinos

El 15 de septiembre el defensor oficial Maximiliano Ponce, alegó por Hugo Armando Ruiz y Raúl Armando Claros, que en los años de terror estatal actuaron en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio (CCDTyE) que funcionó en el Comando Radioeléctrico de Jujuy. “Solo cumplían tareas administrativas”, sostuvo el abogado.

Sobre Claros, que cumplió funciones de inteligencia, el defensor negó esta actividad, insistió en que sólo cumplía órdenes, que era "un oficial de servicio" y no indagaba en los motivos de las detenciones, y hasta llegó a decir que no existía ilegalidad en esas detenciones, dado que no eran centros clandestinos, sino “transitorios”.

Ponce solicitó la absolución de ambos por “beneficio de la duda” y, si no, consideró que su conducta debe ser comprendida en la figura de "error de prohibición", porque “pensaban en forma equivocada que su actuar era legal”. Ruiz y Claros ya fueron condenados en el cuarto juicio de lesa humanidad en Jujuy.

Ponce también alegó en defensa de Carlos Humberto Cachambe, Virgilio Choffi y Pedro Ríos, responsables del secuestro de Guillermo Genaro Díaz, quien aún permanece desaparecido. También en este caso planteó una nulidad y pidió la absolución por la duda. 

Y también los excusó en que eran jóvenes, recién recibidos, que estaban "subordinados" y cumplían órdenes, con lo que reeditó la excusa de la “obediencia debida”, ya desestimada en Argentina. 

Kairuz, "un simple agente oficinista" 

Ponce alegó además en defensa del ex policía Juan de la Cruz Kairuz, quien cumplió funciones como agente del Departamento de informaciones Policiales (DIP-D2) de la Policía de Jujuy, que estaba a cargo del espionaje político de la Unidad Regional 2, cuya jurisdicción era la zona del Ramal jujeño, que comprende a las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua, Fraile Pintado, entre otras.

Kairuz es juzgado en este proceso por la primera detención ilegal del médico Luis Ramón Aredez (que en una segunda detención fue desaparecido), y el posterior allanamiento en la casa de su familia. El defensor oficial, que también planteó una nulidad, aseguró que esta acusación se hace "por la sola circunstancia de haber cumplido su función en el momento de los hechos" y solicitó la absolución lisa y llana. 

Y luego, al repasar el legajo de Kairuz, lo describió como un "simple empleado administrativo, un agente oficinista" y aseguró que no cumplió tareas de seguridad ya que era solo un "jugador de fútbol". Efectivamente, Kairuz era futbolista y luego fue director técnico de fútbol, pero también fue policía y actuó en los años de la represión terrorista que desplegó el Estado argentino en la última dictadura. En este juicio hubo testimonios que dan cuenta de su participación en los hechos denunciados, en amenazas y la persecución y el hostigamiento a familias que eran vistas como objetivos del plan sistemático de eliminación de personas, y también se detalló que se movilizaba en vehículos de la empresa Ledesma, que fue partícipe del terrorismo estatal. 

La táctica de cuestionar a las víctimas

En la última audiencia la defensora oficial Soledad Carreras Jurado alegó en representación de Bernardo Salinas, acusado por delitos sexuales, torturas y vejaciones perpetradas en perjuicio de detenidas en el centro clandestino de Guerrero. Empezó pidiendo la nulidad de los alegatos de la fiscalía y las querellas. En subsidio, para el caso de que el Tribunal no declare la nulidad, solicitó la disminución de la pena requerida.

En cuanto a la violación, aseguró que la detenida no pudo identificar a Salinas, y tampoco otro testigo de la violación. También recurrió al argumento de la obediencia y la juventud.