"Ha quedado demostrada la existencia de esta asociación ilícita" con "clara división de roles, permanencia en el tiempo y pluralidad delictiva", aseguró la abogada María Emilia Figueroa, al comenzar los alegatos en el juicio que en el Tribunal Oral Federall N° 1 de Salta se sigue contra siete personas acusadas de integrar una organización delictiva que lavó activos provenientes del narcotráfico. 

Figueroa, y las abogadas Sofía Karlen e Inés Astudillo, alegaron en representación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que es querellante en este proceso. 

"Los miembros de la asociación ilícita se encuentran identificados", siguió Figueroa. De las siete personas que están siendo juzgadas, mencionó como integrantes de esta asociación a Delfín Reynaldo Castedo, su ex esposa Melba Araujo y el martillero público Eduardo Torino, a quienes querella la UIF. 

Está probada, dijo, "la existencia de una banda" que llevó a cabo "un sinnúmero de delitos". "Todo se encuentra comprobado y acreditado en esta causa", ratificó. Considerando a la totalidad de las personas juzgadas aquí, Raúl Amadeo "Ula" Castedo (hermano de Delfín) y Luis Yudi, su hermano Alberto Yudi y su sobrino Mario Yudi (hijo de Alberto), recordó que entre ellas hay lazos familiares y lazos de confianza. 

Citó el testimonio de un comandante de Gendarmería, que dijo que Delfín Castedo era el jefe de este clan familiar, "la decisión la tomaba Delfín Castedo", dijo el testigo, "haciendo referencia al acuerdo de voluntades en relación a esta asociación ilícita", memoró la abogada. 

Afirmó que no es necesario que estén todos los integrantes de la asociación ilícita en este juicio para llegar a la condena a las personas que sí están como imputadas aquí. Y recordó entonces que en su momento la querella de la UIF había propuesto medidas de prueba para profundizar la investigación respecto a las otras personas que serían parte de esta organización, y las nombró: Oscar Michel, Juan Francisco Racedo, Micaela Romero, Alfredo Michel. Y también Ricardo Erva, Alejandro Flores y Ricardo Martínez Cuéllar. 

"Todas estas personas tuvieron una directa implicancia en la administración de alguna de las fincas involucradas, principal asiento territorial de esta asociación", sostuvo, y añadió que con estas medidas podrían aparecer participando "en maniobras de lavado de activos". Además de recordar que por la investigación en la causa de lavado de activos Erva, Flores y Martínez Cuéllar fueron imputados por narcotráfico, y los dos últimos fueron condenados. 

"Un narcotraficante de toda la vida"

Sofía Karlen recordó que esta investigación se inició teniendo como principal sospechoso al ex diputado provincial Ernesto Aparicio, "un narcotraficante de toda la vida" que fue el "primigenio organizador de los actos de narcotráfico", quien diseñó en principio las maniobras de lavado. 

"Uno de los elementos principales de esas maniobras fueron las fincas El Aybal y El Pajeal" que fueron usadas por Ernesto Aparicio y Delfín Castedo, "que eran conocidos como socios", para llevar a cabo las maniobras delictivas, sostuvo la abogada. Recordó que El Pajeal era de Aparicio y El Aybal, de Castedo. Las fincas fueron objeto del lavado de activos y a su vez territorio de ilícitos, añadió. 

Insistió en que Aparicio y Castedo diseñaron y ejecutaron maniobras de lavado de activos. Y tras la muerte de Aparicio, en 2013, Castedo quedó como líder de esta asociación ilícita que buscó asegurar la impunidad de las acciones de narcotráfico y asegurar el silencio de los testigos, usando la violencia de ser necesario. "Todo esto con el fin de lograr un rédito". 

Karlen afirmó que "los vínculos de Delfín Castedo y la organización con operaciones de narcotráfico" se han extendido al menos desde 2006 hasta 2017, "es abundante la prueba", sostuvo, y citó expedientes y testimonios. También enumeró causas federales en las que se investiga a Delfín Castedo: una radicada en la justicia de Lomas de Zamora, donde está requerido a juicio por narcotráfico; otra por Carbón Blanco, en la que el abogado Carlos Salvatore (f), que fue condenado como líder de esa operación, lo sindicó como el proveedor; otra contra Salvatore en la que el imputado Blas Norberto Barberá dijo que Castedo proveía la droga de Carbón Blanco; otra radicada en La Plata, en la que está procesado por narcotráfico. 

Citó también la causa contra Alejandro Flores y otros por el transporte de 180 kilos de cocaína, que se secuestró el 22 de noviembre de 2016, en un operativo en la ruta nacional 16, investigación que se abrió por datos obtenidos a partir de esta causa que está en juicio ahora en Salta y en la que "se comprobó que el transporte fue organizado por Delfín Castedo" con la colaboración de Ricardo Erva, que "se encargó de la logística", y Melba Araujo, que "coordinaba el momento y las condiciones de ingreso" de la droga, y de cobrar la carga. Flores y Martínez Cuéllar fueron condenados por este hecho el 20 de mayo de 2021. "Indudablemente existe una conexión" con Delfín Castedo, afirmó la abogada de la UIF, recordó que esta investigación avanzó con las escuchas a los teléfonos de Castedo y otros implicados y destacó que aún detenido, el capo narco "no había cesado en sus planes criminales". 

También acusó a Melba Araujo. Recordó que en las escuchas se habla de que necesitaban la autorización de "la señora", que en ese momento estaba en Bolivia, para avanzar en el traslado de la droga. Y precisamente en ese momento Araujo estaba en el vecino país. "No deja de ser sumamente importante la acción de Melba en estos hechos", ratificó.

El asesinato de Liliana Ledesma 

Las fincas El Pajeal y El Aybal "constituyeron el asiento territorial de la asociación ilícita" y "fueron estratégicas para la actividad, por limitar con Bolivia y porque colindaban entre sí" y porque en ellas había tres pasos ilegales a Bolivia, aseguró Karlen. 

Añadió que para poder llevar a cabo las actividades ilícitas en ese asiento territorial la organización criminal cerró el camino vecinal que atravesaba El Pajeal y que era usado por productores rurales. Recordó que esa medida provocó el reclamo de la Asociación de Pequeños Productores de Madrejones y se inició un conflicto que terminó con el asesinato de Liliana Ledesma, vocera del reclamo de los puesteros. 

En este punto la abogada recordó que el 21 de septiembre se cumplieron 16 años de que "la familia Ledesma busca justicia y que se condene a los autores intelectuales de este aberrante hecho, que son acusados en esta causa", en referencia a Delfín Castedo y su hermano Raúl.  

Karlen memoró que en una entrevista con FM Noticias Ledesma y el también productor rural Sergio Rojas afirmaron que el cierre del camino vecinal estaba motivado en el narcotráfico y tras hacer esa denuncia responsabilizaron a Aparicio y a los Castedo si les pasaba algo. Citó las escuchas en las que los hermanos muestran su enojo por las denuncias públicas de Ledesma y la amenazan, y terminó este punto recordando que sus asesinos materiales, ya condenados, le hicieron un corte en la boca. 

El alegato de la UIF no terminó. La abogada Inés Astudillo estaba hablando sobre "el manejo de armas con fines disuasivos" en esta organización, pero se acabó el tiempo previsto para la audiencia de ese día, así que seguirá el próximo 12 de octubre.