Desde Santa Fe
El Tribunal Oral de Santa Fe dará hoy su veredicto en el juicio a un grupo de tareas de la Policía Federal y el Ejército investigados por la persecución política a militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que terminó con el fusilamiento por la espalda de dos de ellos, Carlos Cattáneo de 25 años y Fernando Lucio López de 17, cuando intentaban escapar de un operativo de fuerzas conjuntas, el 27 de febrero de 1976. En los alegatos, el fiscal Martín Suárez Faisal y la abogada querellante de Hijos Lucía Tejera pidieron prisión perpetua para los cuatro imputados de la Federal: el comisario Rodolfo Gómez Trintinaglia, el sargento Ricardo Olivera y los cabos Víctor Stahlberg y Elbio Eduardo Píccolo por el “homicidio agravado” de Cattáneo y López y el secuestro y torturas de sus compañeros Eusebio Cabral, Carlos Courault y María Inés Gutiérrez. Y en un segundo hecho, coincidieron en solicitar la condena a un cabo de la Policía de Santa Fe –adscripto al Area 212 del Ejército- Lucindo Benencia juzgado por el martirio de otro perseguido del PRT, Juan Clemente Chazaretta, pero con penas distintas: Suárez Faisal pidió cuatro años de prisión para Benencia por “privación ilegítima de la libertad agravada” y Tejera 15 años de prisión por ese cargo, más “tormentos agravados” a Chazarreta, que murió en la Comisaría Primera, en junio de 1976.
El sexto imputado en el juicio es un coronel que operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar 122, Héctor Melitón Martínez, a quien Suárez Faisal le pidió seis años de prisión por la “privación ilegítima de la libertad” y “tormentos agravados” a otro militante del PRT, Horacio Alberto Amado, el 23 de enero de 1976. Melitón Martínez ya cumple una condena a 12 años de prisión –en su domicilio en Rosario- por los mismos delitos que le reprochan ahora en su segundo juicio.
A las 9.30, los seis imputados podrán decir sus últimas palabras y al mediodía el Tribunal integrado por los jueces José María Escobar Cello (que presidió el debate), Luciano Lauría y Germán Sutter Schneider darán su veredicto y anunciarán la fecha en que se conocerán los fundamentos de la sentencia.
El fiscal solicitó también a los jueces que la sentencia incluya los “ilícitos cometidos” por imputados que no llegaron al juicio, entre ellos el ex jefe de la Comisaría Cuarta, Ricardo Silvio Ramón Ferreyra, que estaba acusado por la “privación de la libertad agravada” y “tormentos agravados” a catorce militantes políticos. Ferreyra falleció el 18 de marzo de 2021. El debate comenzó el 30 de mayo de 2022.
Suárez Faisal fundamentó su requerimiento en el derecho de las víctimas a la “verdad histórica” y el “acceso a la justicia”. “Es el derecho de la sociedad a saber lo que ocurrió en la Argentina y en Santa Fe”, en la persecución a los militantes del PRT en febrero de 1976, un mes antes del golpe del 24 de marzo y “el comienzo de la dictadura cívico militar”. “La obligación internacional del Estado argentino es investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos, como manifestación del principio de justicia universal”, agregó.
En la misma línea, el fiscal solicitó al Tribunal que señale como parte del circuito represivo de Santa Fe a un centro clandestino de detención que operó a cien metros de la Casa de Gobierno y fue reconocido en el juicio. “Entre los hechos que se juzgaron se encuentran los sucedidos en el inmueble ubicado en calle San Martín 1309, mencionado como pertenteciente a la Unión de Docentes Argentinos por las víctimas que estuvieron privadas de su libertad” en el lugar. “Quiero poner de manifiesto eso porque la actividad probatoria que se llevó a cabo en este juicio, también aportó a la comunidad santafesina la identificación de otro centro clandestino de detención que integró el circuito represivo de Santa Fe y en consecuencia es menester que eso conste en la sentencia que se dicte”, planteó Suárez Faisal.
