La Unidad de Investigación Financiera (UIF) pidió condenas para cuatro de las siete personas que en el Tribunal Oral Federal 1 de Salta están siendo juzgadas acusadas de integrar una asociación ilícita que lavó activos provenientes del narcotráfico.
La abogada María Eugenia Figueroa, representante de la querella de la UIF, que solo es querellante en relación a estas cuatro personas, pidió 20 años de prisión para Delfín Reynaldo Castedo, nueve años para el contador público Eduardo Torino y ocho años para Raúl Amadeo "Ula" Castedo y Melba Araujo.
El pedido se hizo en el final del alegato de la UIF, la semana pasada. En la misma jornada comenzó la exposición de la fiscalía, que consideró probados los delitos que se les atribuyen a estas personas y a los hermanos Luis y Alberto Yudi y al hijo de este último, Mario Alberto Yudi.
La querellante de la UIF aseguró se probó que Delfín Castedo es "el jefe de la organización" que se investiga en este proceso, y pidió para él una pena de 20 años de prisión más una multa de 700 mil pesos.
Para Raúl Castedo, "el segundo a cargo", que "usando armas amedrentaba a quien se interpusiera", pidió 8 años de prisión y una multa de 90 mil pesos. La querellante recordó el crimen de Liliana Ledesma, asesinada el 21 de septiembre de 2006 en Salvador Mazza luego de que señalara a los hermanos Castedo y al entonces diputado provincial José Ernesto Aparicio (f), por el cerramiento de caminos vecinales para liberar zonas de frontera para el narcotráfico. Figueroa aseguró que "Ula" Castedo aportaba a la organización con el manejo del territorio.
En cuanto a Melba Araujo, que era pareja de Delfín Castedo, afirmó que su papel tomó mayor preponderancia a partir de la detención de este hombre, en julio de 2016. Y recordó los antecedentes de la causa contra Bernardo Alejandro Flores y Ricardo Martínez Cuéllar (o Rolando Roberto Martínez Gutiérrez), por el secuestro de un cargamento de 180 kilos de cocaína en diciembre de 2016. Dijo que las escuchas exhiben que Ricardo Erva, Martínez Cuéllar y Araujo decidieron la logística del transporte de esta droga. Pidió una condena de 8 años de prisión y una multa de 7 mil. Y solicitó además que "se decomisen los bienes que fueron objeto del delito".
Para Eduardo Torino pidió una condena de 9 años y multa de 250 mil pesos. "Vendió inmuebles provenientes del narcotráfico" para que adquirieran apariencia de lícitos y lo hizo "con conocimiento" de esta situación, aseguró Figueroa. Sostuvo que el contador formó parte de la asociación ilícita desde que era liderada por Aparicio "manteniendo relación con los integrantes de la asociación ilícita". "Fue parte del lavado de activos", insistió.
"Fue el hombre de confianza de Delfín (que sucedió a Aparicio en el liderazgo)", quien le daba instrucciones, y fue su testaferro, "simulando la compra de El Aybal". La querellante afirmó que esta finca junto a su vecina El Pajeal, en la frontera con Bolivia, eran usadas para el narcotráfico. Y añadió que todas las operaciones con El Aybal, fueron simulaciones, "en realidad nunca salió esa finca del patrimonio de Delfín Castedo".
La querellante también consideró probado el delito de cohecho, la coima a un comisario de apellido González para que desalojara a Pilar Rojas. Torino "ha sido una pieza clave para el funcionamiento y la comisión de los delitos", afirmó.
Una simulación con escribanos
Tanto la querella de la UIF como la fiscalía cuestionaron la actuación del escribano Mariano Coll Mónico y de su colega Claudia Noemí Lo en las operaciones de traspaso de la finca El Aybal, una extensión de más de 20 mil hectáreas que colinda con Bolivia y también con la finca El Pajeal, que era de Aparicio. Además, querella y fiscalía aseguraron que estas operaciones fueron simulaciones y que El Aybal siempre estuvo en poder de Delfín Castedo.
Figueroa sostuvo que el aporte de Torino a la asociación ilícita fue el de "acercar a su cuñado, Coll Mónico" para que autorizara estas operaciones. Coll Mónico intervino cuando en 2003 Mario Yudi compró El Aybal a la firma Tuar SA. El joven, que entonces tenía 22 o 23 años, pagó 600 mil dólares por esa propiedad. "Llama la atención que el escribano no preguntara por el origen de los fondos", sostuvo la abogada. Y recordó que la última operación con esta finca se hizo poco después del crimen de Liliana Ledesma. "La simulación no fue solo de las operaciones inmobiliarias, sino también de los escribanos intervinientes", aseguró.
El fiscal Amad afirmó que Mario Yudi fue un prestanombres para la adquisición de El Aybal y que la compra "constituye una maniobra de lavado de activos". La primera operación fue el 18 de diciembre de 2003, Mario Yudi pagó a Tuar 600 mil dólares. "El movimiento económico de él no le da para comprar algo por 600 mil dólares", sostuvo el fiscal y aseguró que el joven "actuó como testaferro" con la participación de su tío Luis Yudi y su padre Alberto Yudi, "gente con mucha capacidad de ahorro, por lo que se ve", ironizó. "Ellos pertenecían y tributaban a esta banda criminal".
El 15 de noviembre de 2005 Mario Yudi vendió esta finca a Delfín Castedo en 1.300.000 pesos argentinos. El fiscal recordó que intervino "el cuñado de Eduardo Torino", el escribano Coll Mónico, que "nunca les pidió que acrediten la procedencia de los fondos, aunque ya la ley lo exigía".
Y luego, el 12 de octubre de 2006, "a los 21 días del homicidio de Liliana Ledesma", Delfín Castedo vendió la finca por 1.800.000 pesos argentinos a Torino, que la compró a nombre de Anzeres SA. El fiscal recordó que Coll Monico redactó esta escritura pero le pidió a su colega Claudia Lo que la firmara y ella tampoco cumplió con el deber de aclarar el origen de los fondos ni identificar a los operadores.
Y luego, como Anzeres no hizo el trámite de aceptación de la compra, Torino quedó como titular de la finca. Esa "simulación" de venta "aún hoy genera efectos jurídicos porque sigue siendo Eduardo Torino su titular", sostuvo el fiscal.
Recordó, como antes había dicho la querella, que Anzeres, firma uruguaya, en realidad no podía aceptar la compra porque no estaba inscripta en el país y es más, luego fue disuelta por el Banco Central de Uruguay, por lo que concluyó que estos "fueron todos actos simulados en beneficio de Delfín Castedo".
Hechos acreditados
"Estos hechos han sido acreditados con certeza apodíctica", sostuvo Amad en el inicio de los alegatos de la fiscalía, que continuarán el miércoles próximo.
Dijo que la asociación ilícita era liderada por Delfín Castedo y estaba integrada por Raúl Castedo y Melba Araujo, y "sus amigos el señor Eduardo Torino, Luis y Alberto Yudi y el hijo de este último, Mario Alberto Yudi".
Sostuvo que esta organización se inició a fines de 1999 y funcionó por lo menos hasta 2017. "Durante una época" Aparicio y los hermanos Castedo "formaron una sociedad estable", aseguró. Y Luis, Alberto y Mario Yudi brindaban los soportes para el lavado de activos.
"Sostenemos que la jefatura de la organización cae en la cabeza del señor Delfín Castedo", y que ese liderazgo comenzó antes de la muerte de Aparicio, sostuvo el fiscal. Agregó que las actividades de esta banda no terminaron con la detención de Delfín, en julio de 2016, sino que siguieron "por lo menos hasta 2017". Y mencionó a otros integrantes que no están en este juicio, entre ellos Erva, Martínez Cuéllar, Viviana Leticia Pascuzzo, Sara Jimena Castedo, Basel Castedo.
Dijo que hay evidencias de otros ilícitos cometidos por esta banda: cohecho, amenazas, homicidio, tenencia de armas, tráfico de estupefacientes. Adelantándose a la defensa, dijo que es verdad que no hay un gramo de droga en esta causa, "acá lo que tenemos es el producido de esa droga". "Acá estamos juzgando una asociación ilícita que vive del narcotráfico", aseguró.
Amad sostuvo que los integrantes de esta organización "tienen movimientos económicos" que no se justifican, y además la banda tenía ramificaciones internacionales. Sobre las fincas, destacó que "no son cualquier lugar", que por su ubicación estratégica, limitando con Bolivia, "fueron usadas como base". "Eso no era una empresa agropecuaria, era una empresa narcocriminal", aseguró.
"Estos señores eran dueños de la vida y de la muerte y del paso por esos lugares", aseguró recordando el conflicto con la familia Ledesma que terminó con el asesinato de Liliana Ledesma. Dijo que este hecho fue un punto de inflexión para la banda.
El fiscal sostuvo que la banda tenía "la logística perfecta", con ayuda de funcionarios públicos, de fuerzas federales y provinciales, recordó que en Salta hay experiencia de jueces y miembros de fuerzas de seguridad vinculados a narcotraficantes. Si no, como se explica que en los allanamientos se encontraron listas de escuchas, "estos señores tienen el poder del dinero corrupto", sostuvo.
El auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier empezó recordando el asesinato de Ledesma, y que Delfín Castedo vendió la finca El Aybal apenas 21 días después de este hecho, por el que el sindicado capo narco y su hermano Ula Castedo están procesados en calidad de autores intelectuales. Recordó también que en este juicio las defensas intentaron que la fiscalía no preguntara sobre ese hecho. Ese interrogatorio, dijo, apuntaba a mostrar que los integrantes de esta banda "no tenían límites".
Y expuso también las dificultades de la persecución de estos hechos. "A este Ministerio Público le gustaría decir que aquí están siendo juzgados todos los integrantes de esta banda, y que ha cesado su actuación", pero dijo que cree que no es así.
Viltes Monier aseguró que en este juicio se intentó reparar y dar voz a los integrantes de la Asociación de Productores de Madrejones, personas que habían quedado silenciadas tras el crimen de Ledesma.
Además recordó que la organización tuvo vinculaciones con los clanes Ferreyra, Motok, Farfán, Loza y el clan dirigido por el abogado Carlos Salvatore.
Y se remitió a otros trámites judiciales para mostrar los antecedentes de esta organización. Entre otras, recordó que en el Juzgado Federal de Orán se venía investigando a Aparicio y Delfín Castedo, y que en 2003 en el Juzgado Federal 2 de Salta desdobló un trámite para investigar por un lado al Clan Motok y por el otro a Delfín Castedo. Y Ula Castedo tenía ya en 2002 una causa por tráfico de drogas en Bolivia.
