La intimidación corporativa de grandes empresas asociadas al Poder Judicial, para frenar los juicios de consumidores afectados por productos que no respetan garantías ni responden a las promociones de la marca, asume formas variadas ante la posibilidad de que los juicios que las imputan, fallen, masivamente, a favor del consumidor. Tal es el caso que preocupa a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), según expresaron sus directivos. Refieren a la denuncia penal que lleva en Córdoba la Fiscalía de Delitos complejos, que investiga ilícitos vinculados al poder.
En nombre de Fiat, esta fiscalía inició una investigación contra los abogados que defienden a quienes compraron las 15.500 camionetas Fiat Toro Freedom --versión caja manual, gasolera— que ingresaron al país en 2017. Las mismas que, por sus fallas de fábrica reconocidas públicamente por la empresa y por la peligrosidad que ostentan, la propia multinacional dejó de vender al año siguiente.
El reclamo de Faca, a través de la comisión de Derechos del Consumidor, que dirige Osvaldo Bassano, identifica en la investigación que busca amedrentar a los abogados que defienden a los consumidores, un caso de “extrema gravedad institucional”. Porque "todos tiene derecho a la defensa, y porque se los acusa de falsear pruebas", cuando en rigor las pruebas son parte de legajos de la propia empresa.
Ante la consulta de este diario, la empresa efectivamente justificó la investigación que pidió a la fiscalía cordobesa donde involucró a damnificados y testigos sin decirles que estaban involucrados en un pedido de la empresa. "Los hechos presentados como prueba podrían ser falsos, por eso pedimos la investigación", esbozaron.
El abogado Rodolfo Ferrari Rueda lleva más de trescientos juicios por la Fiat Toro, en Córdoba. Otros tantos se realizan en otros puntos del país. Al masificarse el caso, la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) inició en 2018 una acción colectiva por todos los damnificados poseedores de las “15.555 camionetas Fiat Toro caja manual que se vendieron en el país”, según informó la propia empresa.
Exequiel Vergara es abogado y hace 15 años litiga en defensa de los consumidores. En representación de UCU lleva esta acción colectiva, “la más grande de Argentina y Latinoamérica”, explica a Página/12. Desde que comenzó se avanzó poco, lamenta. Es una causa compleja pero "la traban las dilaciones impuestas por Fiat". Entre ellas la acusación a los abogados por presentar pruebas falsas, en una suerte de "asociación ilícita" para “enriquecerse a costa de la empresa”.
“Esto es una práctica tipificada: es antiética cuando la hace un colega, y un ilícito, si lo hace una empresa. Es coacción, porque nos acusan de haber inventado la causa. Aunque la peligrosidad de la camioneta la informó la Dirección de Defensa de Consumidores en 2017”, fundamenta Vergara. La empresa justifica, en comunicación con este diario, que “pidió investigar los hechos, ya que se cree que las pruebas podrían ser fraudulentas”. Admiten “inconvenientes en la comunicación sobre el uso del vehículo, que llevó a reclamos ante la justicia”. Pero argumentan: “tenemos 45.000 vehículos circulando”. Esto evidenciaría, según ellos, que no hay fallas de fábrica.
El filtro que no filtra
La peligrosidad del vehículo, sin embargo, fue reconocida por Fiat “en diciembre de 2017 cuando llamó a una revisión porque el vehículo podía causar daño a conductores, acompañantes y terceros”, repasa Rueda. Veinte días después dejaron de importarla. Y en vez de retirarlas del mercado y solucionar el problema --devolviendo el dinero a los damnificados-- “ocultaron el desperfecto que llegó a generar incendios de los vehículos en forma completa”. La falla en el DPF (filtro de partículas diésel) produce la mezcla de gasoil con aceite y afecta el funcionamiento del motor, explican los expertos.
Para no contaminar, el filtro necesita ser limpiado a velocidad: el conductor debe circular a más de 60 kilómetros por hora durante al menos 15 minutos. Esto es difícil en ámbitos urbanos, y se ocultó a quienes las compraron, explica Rueda. Recién por el informe de Defensa del Consumidor, Fiat reconoce que “pasa gasoil al aceite lubricante del motor”. El abogado se explaya: “Fiat puso esta denuncia para amedrentarnos por haber llevado el tema a la justicia”.
El caso ya se había presentado en Faca en 2021, recuerda Bassano. Por amenazas a los consumidores. "Se agravó ahora por la denuncia. Y nos tiene escandalizados porque defender a una persona podría ser considerado una asociación ilícita, como en Comodoro Pi. Las malas enseñanzas prenden”, refiere Bassano por el contexto político que enmarca el accionar de la automotriz italiana con filial en Córdoba.
“Fiat informó del peligro, no es un invento --añade Vergara--, pero quieren que dejemos de litigar”. La influencia de la empresa en la provincia es inevitable al definir: “Estamos ante un acto de coacción motivado por la impunidad”, sostiene el abogado. Llamaron como testigos a clientes e ingenieros --cuenta--, incluso al diseñador de la web ‘Afectados Fiat Toro’, del estudio jurídico Paz y Di Giusti, que informa los avances de la causa, ya que ese estudio también integra la defensa de la acción colectiva.
El riesgo, a toda velocidad
“Esto no tiene precedentes. Solo cabe pensarlo como un acto de impunidad frente al enorme caudal probatorio que tenemos” razona Vergara. La acción colectiva no involucra los vehículos que compraron instituciones provinciales como la Policía o el Poder judicial. “Teóricamente son útiles para la ciudad” ironiza Vergara. El problema del filtro es que solo puede limpiarse “violando las leyes de tránsito urbano, esto convierte al vehículo en peligroso como la misma Fiat reconoce”, agrega Rueda.
En ruta, la falla puede ocasionar accidentes con consecuencias fatales. “Si estas tratando de pasar a otro y se te clava el motor, es peligrosísimo” precisa Vergara. Además, se incendian, suma Bassano. Es parte del deterioro del motor, explican los ingenieros citados en la causa penal, solo por haber hecho un dictamen contra Fiat. Rueda aporta: “Hemos presentado pruebas de seis camionetas totalmente incendiadas”.
La preocupación de Faca es el usuario: “Uno tiene derecho a un abogado y a reclamar. Si la Justicia dice que no es responsabilidad de Fiat, será otra cosa. Pero la respuesta de la empresa no puede ser denunciar. Esto sienta un precedente muy peligroso”, explica Bassano. “La citación a clientes -usuarios y demandantes civiles- en carácter de testigos se dio sin la debida asistencia legal, y sin conocimiento de que se trataba de una denuncia penal ingresada por la misma empresa” reclama la Federación.
La denuncia está amparada por el poder económico más importante de Córdoba: la Fiat, argumentan. Una cautelar de 2020, que Rueda logra a favor de tres particulares para que les reemplacen los vehículos hasta que termine el juicio, lo demuestra. El Tribunal Superior estimó que “era un mal ejemplo y podía afectar la imagen pública de la empresa que podría irse del país por ese motivo”, lamenta Rueda. El fallo, añade, “pone sobre las espaldas de los consumidores, en su mayoría gente de clase media que recurrió a un autoplan; lo que tarda un juicio de este tipo cuando tiene en frente a una multinacional, a la que le sobran tiempo y recursos para sostener el proceso”.
Antecedentes y un recuerdo inquietante
“Fiat no puede interferir en el proceso ni quejarse por la situación. Si lo hace, es porque tienen un problema serio con el producto”, comparte Bassano. “A Toyota le pasó lo mismo y no hizo este escándalo: devolvió la plata, cambió las camionetas –recuerda--. Llama la atención que Fiat prefiera denunciar antes que solucionar el problema. Le pasó a Ford hace años en EE.UU., con un modelo que hacía chispas y explotaba, lo sacaron de circulación y tuvieron que pagar miles de dólares a los consumidores. Tienen que pagar. ¿No lo quieren pagar? Bueno, lo lamento, lo tiene que solucionar la justicia”.
Respecto a la normativa, Bassano sostiene que “hasta que no haya un Fuero del Consumidor, los jueces no admiten que hay que defender a la persona, que es un débil jurídico”, frente a una multinacional, subraya. “El consumidor tiene protección de jerarquía constitucional y los abogados que los defienden tienen que ejercer ese derecho --suma Rueda--. Esta investigación que nos ubica en medio de una denuncia penal, nos complican el trabajo como abogados”, detalla. “Necesitamos jueces especializados”, insiste Bassano, y explica: “En 2014 se sancionó la Ley 26.993 que creó Juzgados de Defensa al Consumidor, pero Macri, siendo presidente, la suspendió”.
En otros países, cuando pasó algo así se resolvió rápidamente, coincide Vergara. En EE.UU. fueron presos los directivos de Volkswagen. Puede verse en un capítulo de la serie “Dinero sucio” (Dirty Money, 2018) en Netflix --recomienda Vergara--, aunque esos 550.000 vehículos no fallaban, solo producían daño ambiental. “Aquí debería fijarse audiencia para plantearle a Fiat la necesidad de una solución a los usuarios y no esperar que llegue a la Corte Suprema, porque a muchos no les va a alcanzar la vida para verlo, son jubilados y pusieron todos sus ahorros en esto”, afirma.
La Fiat, en tanto, guarda un antecedente inquietante: en los años '70, acosaba y amenazaba a quienes defendían a obreros en demandas laborales. No denunciaba como ahora. Amenazaba, a los trabajadores y abogados. La causa fue la enfermedad de saturnismo --envenenamiento con plomo-- que contraían los obreros al pintar los coches, en la planta de la empresa en Palomar.
Mendoza: La "Toro" de Graciela, guardada en el garaje
“Nosotros la adquirimos en 2017, pero a mi Toro, ya antes de los 10 mil kilómetros se le subió el aceite significativamente. El técnico me dijo que la varilla era muy larga. Lo que estaban preparados a decir”, cuenta Graciela. Es docente, vive en Rivadavia, Mendoza –a 60 kilómetros de la capital provincial—, y trabaja en dos escuelas. Es abuela de tres niñas y fue una situación con sus nietas lo que la decidió al juicio. “Fui a pasar un vehículo, iba con mis nietas, y no la pude acelerar. Tiritando entera, me tiré al costado de la ruta. Ahí decidí usarla lo indispensable, está guardada en el garaje. Tuve que conseguir un escribano y un mecánico matriculado que constataron que subía el aceite y al mezclarse con el gasoil eso desgasta el motor. Por el escape salía hollín como de una estufa. Me dijeron que acelerando se iba. Como yo la uso poco me achacan eso, que no la uso a velocidad. Nos culpan, y en parte por eso sigo luchando. Amen que tengo un vehículo que no me animo a usar. Tomé créditos para cancelarla. Está valuada en 5, 6 millones hoy, y son defectuosas. Me dicen: sáquele el filtro de hollín. Pero va a contaminar, y eso va contra lo que pienso. Nunca la hubiera comprado si no podía usarla de manera urbana. Es una tortura. Estoy esperando que cumplan con la garantía. Todo han ido empañando y tapando. Y me siento cautiva de la empresa. No puedo desprenderme del vehículo que está judicializado. Espero que la Justicia nos escuche. Fiat es una multinacional. ¿Qué esperan? ¿Que se prenda fuego con criaturas adentro? Cuando inicié el juicio me intimaron. Ahora me llamaron por si quería cambiarla por otra mejor, solo para tener una camioneta menos en litigio. Cuando la limosna es tan grande, hay algo bajo la mesa, seguro”.
Córdoba: La Fiat Toro “larga olor a podrido”
Félix es comerciante, tiene un pequeño restorán en las afueras de Córdoba capital. Compró su Fiat Toro en 2017. Y pronto sus amigos le advirtieron que “la chata tenía problemas” cuenta. “Se le subía el nivel de aceite, me decían. Yo decía que no, porque era nueva. Pero cuando fui a ver, el nivel estaba dos dedos arriba de la marca. Y tenía olor a gasoil. Voy a Fiat y me dicen que no es nada, que la ande así” recuerda sobre el periplo en el quedó atrapado. “El sistema solo no hace la eliminación de hollín, y el gasoil hace un retroceso y va al aceite –explica--. En ruta, a 110, 120 pierde velocidad. Me paro atrás de la chata y se siente un olor de gas muy malo, olor a podrido. Funciona mal. Voy al técnico donde la compré, y le han cambiado correa, tensor, bomba de agua, resetearon la memoria. Y sigue mal. Estoy pagando la cuota 68, ya me queda poco. Pero se comportan mal, por eso hice juicio. Y porque le voy comprando tres cero kilómetros a Fiat. Por planes. Y para llegar a la chata pusimos los ahorros, además de otro coche. Somos gente de trabajo, y les compré de buena fe. Pero cuando fui a Defensa del Consumidor tenía tres abogados de ellos. ¡Epa! Acá pasa algo, digo. Y me empezaron a atacar. Que la varilla del aceite la habían hecho muy larga me dicen. Yo entiendo de mecánica ¡no me podés decir eso! Y se empezaban a mirar unos a otros. ¡Unos nervios he pasado! ¿A quién le vendo este vehículo ahora? Tiene un problema, pobrecita, salió fallada. Si uno la usa en ruta, no sabe si va a volver, muchas se han prendido fuego. Esperemos que nos reconozcan la compra, porque la pagué por buena. La propaganda era fabulosa. Y la cuido, porque costó tanto sacrificio llegar a tener esto, que no hay que bajar los brazos, para que haga oídos la Fiat, y nos escuche la justicia”.
