Equipos de Gendarmería provistos de georradares rastrillaron ayer la casa del abogado Rubén Carrazzone, en el partido bonaerense de Ezeiza, intentando hallar el cadáver de su esposa Stella Maris Sequeira, desaparecida hace más de seis meses, ante la posibilidad de que el cuerpo esté sepultado u oculto en alguna pared de la vivienda. La medida fue ordenada por la Justicia ante un pedido de la abogada Raquel Hermida Leyenda, representante de la hija de Sequeira, Solange, única querellante en la causa. Según fuentes de la investigación, en el piso del baño el luminol reaccionó y podría tratarse de manchas hemáticas. La búsqueda fue interrumpida debido al mal tiempo y continuará hoy.

El allanamiento se extendió durante aproximadamente diez horas, entre las 8 y las 18 de ayer, en la vivienda de la calle la calle Ombú 786, entre Los Álamos y Los Quebrachos, del barrio El Trébol, de la localidad de La Unión, partido de Ezeiza.

El procedimiento estuvo encabezado por peritos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Zona Sur de Gendarmería Nacional, con la colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

De acuerdo a la orden de allanamiento, los peritos trabajaron con “georradares y/u otros métodos geofísicos de inspección”. “Hay tres pozos ciegos que estamos investigando porque no tenemos ninguna prueba de que Stella haya salido de esta casa. Veremos qué podemos encontrar con georradares y luminol. La sospecha es que pueda estar sepultada o emparedada”, dijo la abogada Hermida Leyenda, presente durante el allanamiento.

En la orden juidicial, se sostiene que “el allanamiento solicitado resulta una medida necesaria y conducente para poder avanzar en la presente investigación, máxime si se tiene en cuenta que se trata del domicilio donde residía la víctima”.

Si bien la causa nació como una investigación por secuestro extorsivo, a partir de un presunto llamado en el que exigían un rescate, el fiscal federal Gómez Barbella descartó esa hipótesis y orientó la investigación a “una desaparición forzosa o un femicidio” y pidió el pase a la justicia ordinaria.

Sequeira desapareció el 29 de diciembre del año pasado, el 30 recibió en su teléfono un mensaje de WhatsApp de una amiga que la saludó por su cumpleaños y el 1º de enero su esposo denunció el hecho. Carrazzone manifestó haber recibido llamadas extorsivas en las que le pedían 80.000 dólares para liberarla y el 10 de enero, como consecuencia de diversas medidas de prueba, se detuvo a Miguel Angel Franco (60), ahora procesado por encubrimiento.

El hombre aparentemente tenía en su poder la carcasa de un teléfono celular desde donde se había efectuado alguna de las llamadas y luego contó en su indagatoria que lo hizo por pedido del propio Carrazzone, quien le prometió pagarle por ello y le explicó que era “una joda” que quería hacerle a su esposa para sacarle plata . Con el correr de los días y la sumatoria de pruebas, la hipótesis de que Sequeira haya sido secuestrada se fue desvaneciendo y el fiscal Gómez Barbella presentó un dictamen en el que aseguró que no se puede descartar que la mujer haya sido víctima de una privación ilegal de la libertad o de un femicidio.

Peritos que ya revisaron la casa detectaron con el producto “Blue Star” (luminol) fluorescencia en el piso de la ducha del baño de la vivienda, algo que es tomado como un indicio que de pudo reaccionado por presencia de sangre. Por su parte, Carrazzone aseguró que  “en mi vida maltraté a mi mujer”, versión que se contradijo con declaraciones de Solange, la hija de la mujer desparecida, que aseguró por el mismo medio periodístico que “tenía conocimiento de que la golpeaba”. Solange, la única querellante en la causa, es quien solicitó el procedimiento de ayer. 

El 21 de febrero pasado, Carlos Hassan, fiscal 2 de Ezeiza, dictaminó que no había que recibir la causa y que había que enviarla de nuevo a la Justicia federal. En la actualidad el caso se encuentra en el Juzgado de Garantías N°7 de Lomas de Zamora, que debe resolver si queda en el fuero penal ordinario de la provincia o si vuelve la Justicia federal.