La Cámara Federal porteña, Sala I, se despachó este lunes con un fallo que podría sintetizarse así: “Señora jueza María Eugenia Capuchetti, en el caso del atentado contra Cristina Kirchner, avance hacia el juicio oral y mientras tanto siga investigando a ver si aparece algo de gravedad institucional que pueda relacionarse con este hecho. Ah, investigue a la custodia, a la Policía Federal y a los jóvenes de La Cámpora que le daban seguridad a la vicepresidenta”. La resolución es asombrosa porque sugiere hacer cuanto antes un juicio para la tribuna, con un grupito de imputados, dejando a la sombra todas las conexiones de los atacantes. 

Es una decisión que va en el sentido contrario de lo que vienen reclamando los abogados de CFK: profundizar la investigación, verificar las relaciones con los grupos neonazis, con otras fuerzas de ultraderecha y con los halcones de Juntos por el Cambio, unificar el expediente con el que se ocupa del financiamiento de Revolución Federal y otras fuentes de dinero de estos grupos. En la parte que más trascendió en la mayoría de los medios, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens -razonablemente- ordenaron la libertad de Agustina Díaz porque no está probado que formó parte del plan de matar a CFK y, en cambio, confirmaron la imputación contra el jefe de los vendedores de copos de azúcar, Gabriel Carrizo, por ser cómplice del ataque.

Apure y mande a juicio

La resolución de la llamada Cámara M (por macrista, obvio) le indica a Capuchetti lo siguiente: “Con la premura que el caso impone, eleve estas actuaciones respecto de los imputados cuyas situaciones procesales se encuentran resueltas a la instancia del debate oral y público, esto sin perjuicio de continuar con las diligencias pertinentes en los demás legajos de investigación formados al efecto y profundizar agotando cualquier hipótesis que pueda vincularse con este hecho de gravedad institucional”.

En este momento hay tres detenidos: el que gatilló, Fernando Sabag Montiel, la que parece haber impulsado el ataque, Brenda Uliarte, y Carrizo, el que tiene mensajes diciendo que el ataque estaba previsto para una semana más tarde y pensó que se iba a utilizar un arma calibre 22 que él mismo proveyó.

Los camaristas entonces sugieren que se los mande a juicio como si fueran un grupito aislado que emprendió el plan de matar a la vicepresidenta sin conexión alguna, sin participación ni financiamiento de nadie. Todo cerrado en ellos tres. La idea que parece haber detrás se sintetizaría así: “Hagamos un juicio cuanto antes y, de cara a la opinión pública, haremos un simulacro de que hicimos algo. Le daremos un corte a esto. Después, si aparece algo más, ya veremos”.

Profundizar la pesquisa 

El asombro es doble porque la Cámara M sorprende con un subtítulo: “profundización de la pesquisa”. Y lo único que aparece en ese párrafo es lo siguiente: “ahondar las encuestas en orden a otras posibles hipótesis aún no dilucidadas, como ser la actuación de agencias de seguridad y personal que se encontraban a cargo de la custodia y seguridad de Cristina Fernández”. O sea, investigue a los efectivos de la custodia de la Policía Federal -que depende del Gobierno-, y los jóvenes de La Cámpora que rodeaban a la vicepresidenta. No profundice buscando en la derecha sino en lo relacionado con el peronismo.

A esta altura parece evidente que hubo fallas graves de la custodia, al punto que Sabag se acercó a 35 centímetros de CFK con un arma. Además, en todos los días previos estuvo el grupo de copos, con el carrito, lo que no llamó la atención de quienes debían ocuparse de la seguridad, siendo que era imposible que vendan copos a la noche, en un lugar en el que no había niños.

Pero parece notorio que profundizar la pesquisa no pasa ni remotamente por ahí. Pueden surgir ineficiencias graves, pero investigar el atentado pasa por otras cuestiones, como los cómplices, impulsores y financiadores. Mantener las causas separadas es toda una evidencia de la voluntad de cerrar la investigación rápidamente.

El jefe de los copos

El argumento del abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, también fue llamativo. Se podría sintetizar así: “Está bien, él sí habló de matar a Cristina Fernández, pero su plan se iba a llevar cabo una semana más tarde y con otra arma, una pistola calibre 22, que después hicieron desaparecer. Por lo tanto, no se lo puede responsabilizar de este ataque, él apostaba a otro ataque”.

Los jueces, por supuesto, arrasaron con el argumento. “El objetivo propuesto, la modalidad del ataque y el lugar de su comisión no se vieron alterados, lo que lo ubica en la pesquisa, de momento, como cómplice secundario”. La Cámara Federal tampoco le hizo lugar a otro argumento curioso: que como no había bala en la recámara cuando gatilló Sabag Montiel, entonces no hubo intención de matar. Ya se dijo que eso se debió a la inhabilidad del atacante, que en el nerviosismo del momento no supo mover la corredera del arma.

Los camaristas sí aceptaron que no hubo alevosía, es decir que consideraron que la vicepresidenta no estaba indefensa: los magistrados estimaron que la custodia y los jóvenes de La Cámpora le daban seguridad y Cristina Fernández no estaba en situación de vulnerabilidad. Alguien podrá discutir esa mirada: con un arma a 35 centímetros de la cabeza, nadie tiene defensa alguna. 

Sobre la base de los ingredientes marcados, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens confirmaron la prisión preventiva de Carrizo.

Agustina Díaz, en libertad

Finalmente, los camaristas evaluaron que Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte, no participó del ataque a CFK. Las jóvenes llevaban meses sin verse y por mensaje Díaz le aconsejó a Uliarte que borre cosas de su celular, que se esconda y otras medidas para que no la apresen.

Para los magistrados ni siquiera hubo encubrimiento porque consideraron que Uliarte y Díaz mantenían “una amistad íntima”. De manera que Agustina no tenía obligación de denunciar a Brenda cuando ésta le contó el 27 de agosto que había mandado (a Sabag Montiel) a matar a Cristina Fernández, pero que su novio falló en el intento. Fue aquel sábado en que CFK subió a un escenario improvisado y Sabag Montiel dijo que “ya se perdió la oportunidad porque había una cámara y demasiada gente”. Cinco días más tarde, sí pudo acercarse y un milagro evitó la muerte de la vicepresidenta.