El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, solicitó al Consejo de la Magistratura el tratamiento del concurso N° 461, destinado a cubrir los cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, ocupados "irregularmente" por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. A través de una carta dirigida al titular del organismo y presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le exige la reactivación del proceso por el cual se designará a los reemplazantes de los camaristas "trasladados a dedo" por el expresidente Mauricio Macri. El ministro también señala las maniobras que evidencian "la decisión de obstruir, a como de lugar, el concurso para cubrir las vacantes".
En la misiva se expresa la "honda preocupación" del ministro ante la falta de resolución del concurso, convocado en diciembre de 2020, mediante el cual se pondrá fin a la ocupación de los cargos por parte de Bruglia y Bertuzzi, designados en 2018 por Macri. Un mes antes, un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que preside Rosatti, había declarado inconstitucionales los traslados por no contar con acuerdo del Senado. Sin embargo, también dispuso mantener a los jueces hasta la conclusión del proceso de selección, que está próximo a cumplir dos años.
Las dilaciones son el resultado de una "maniobra que ha sido orquestada y ejecutada" por la oposición al Gobierno y por sectores del poder judicial, según indica Soria. Las decisiones de la CSJ tuvieron por "mantener los traslados ilegales". De esta manera, cuando el Consejo comenzaba a regularizar la situación de los cargos, se produjo la "inédita intervención" que estableció un cambio en la composición del organismo, que pasaría a presidir el mismo Rosatti, además del "incumplible plazo de 120 días para sancionar una nueva ley".
Para el ministro, se trata de un “criterio selectivo” por parte de los miembros de la Corte: "una Ley sancionada por la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación con 16 años de vigencia debe quedar obsoleta en 120 días, mientras que miembros del Poder Judicial trasladados ilegalmente pueden 'perpetuarse' en sus cargos a pesar de violar flagrantemente la Constitución", señala.
Por otra parte, en la carta se definen como "vergonzosas" las actitudes de los jueces que "sin pudor alguno continúan interviniendo a 'mansalva' y sin simulada animosidad en todas las causas contra funcionarios y ex funcionarios relacionados al signo político que no fue parte de su irregulares designaciones, ello a pesar de ser recusados sistemáticamente". Y se exige el "urgente tratamiento" que garantice "jueces verdaderamente ajenos a los poderes fácticos y políticos de turno".
