Mientras D. T., de 36 años, continúa presa en Cañada de Gómez, acusada de homicidio calificado por haber tomado pastillas para terminar con un embarazo avanzado, la Colectiva de Abogadas lesbotransfeministas cuestionó la acción punitiva. “Por más extraño que parezca, en noviembre de 2022 una fiscal quiere pedirle prisión perpetua a una mujer por haber abortado”. Se refieren a Gabriela Lescano, del Ministerio Público de la Acusación y también al juez Álvaro Campos de dictar la prisión preventiva tanto a ella, como a su vecino, una persona con miocardiopatía hipertrófica. La Colectiva se presentó ante la fiscal regional María Eugenia Iribarren para solicitar “la adopción de medidas correctivas y sancionatorias que estime pertinentes, como así también que se lleven a cabo capacitaciones efectivas en materia de género con un enfoque interseccional, herramienta que entendemos no existe hoy en muchos y muchas agentes fiscales”.

Al comienzo de esta semana, el hallazgo de dos fetos en el patio de una casa de Cañada de Gómez generó títulos sensacionalistas, alimentados por las comunicaciones oficiales de la fiscalía, que hablaban de un embarazo de más de 30 semanas y del nacimiento con vida. También se difundieron datos erróneos, como que los fetos estaban enterrados. La mujer acusada dijo haber tomado pastillas abortivas para interrumpir un embarazo, y no hay ninguna prueba de que supiera de cuántas semanas estaba. Como ya se publicó, D.T. vive en un grave estado de vulnerabilidad social, con consumo problemático de estupefacientes, cinco hijos que están en custodia de otras personas porque ella no puede hacerse cargo y una voluntad manifiesta de no tener más hijos. Sin embargo, no tuvo acceso a un método anticonceptivo definitivo ni transitorio. De hecho, no hay registros de su paso por un centro de salud en los últimos meses. 

“Pedimos sanciones para la fiscal por el desconocimiento del derecho y por actuar en desconocimiento de los derechos humanos”, dijo la presidenta de La Colectiva, Daiana Araya, a Rosario/12. 

Durante la audiencia imputativa del miércoles, la defensora oficial Florencia Chaumet planteó su oposición a la calificación legal y cuestionó el exceso punitivista en la pretensión fiscal. El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal rechazó también que le hayan tomado declaración estando internada, en pleno puerperio, sin asistencia legal, lo que incumple las garantías constitucionales.

Ante la situación, intervienen las abogadas lesbotransfeministas, quienes cuestionan "varias cosas". "Por un lado, la calificación legal, ya que sinceramente no entendemos de dónde sale. No hay ni siquiera elementos para justificar que se hable de homicidio, sobre todo cuando la acción que llevó adelante esta chica es la ingesta de pastillas para realizar la interrupción del embarazo”, explicó la abogada. 

También rechazan la prisión preventiva. “Sabemos que es una medida excepcional y en este caso no entendemos en qué podría contribuir a la investigación que la persona esté detenida”, afirmó.

Por eso, la Colectiva critica también al juez. “Campos fue fiscal de la oficina tematizada en Género del Ministerio Público de la Acusación, previo a su designación como juez. Sin embargo, pareciera que en esta oportunidad decidió no aplicar perspectiva de género o tiene una interpretación muy particular de la misma”, dijeron desde la Colectiva.

“Nosotras entendemos que el poder judicial no interpreta las leyes internas a la luz de los derechos humanos y los tratados internacionales que tienen rango constitucional. Intentan calificar un delito diciendo que estos fetos eran bebés, pero en realidad nada de eso existió en la audiencia, porque ni siquiera se sabe de cuántas semanas estaba la chica. No hay ni siquiera una autopsia que aclare cómo fue eso”, expresó Araya, y señaló que en la medida pericial se los denomina como fetos. 

También desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto regional Rosario cuestionaron la acción judicial. “No se configura ninguno de los supuestos para los cuales se dicta la prisión preventiva, ninguna de estas dos personas tiene posibilidades de obstruir el proceso ni de fugarse a ningún lado y son dos personas que tienen comprometida su situación de salud”, dijo Lucrecia Aranda, que integra la Campaña y planteó: “hay un cierto alarde punitivista”.

La activista puso el foco en la “presión social, mediática, por cómo ha sido presentado este caso. Creo que no es gratuito decir una mujer que enterró a sus bebés, es una suma de falsedades que construye un relato de una mujer absolutamente perversa, que teniendo la posibilidad de acceder a un aborto decidió porque sí dejar que el embarazo avanzara y los mató y los enterró. Toda una suma de falsedades, porque nada de esto está probado en la causa”.

Aranda subrayó que “en la autopsia preliminar no se ha establecido ninguna de las hipótesis que está manejando la fiscalía para haber cambiado la carátula de aborto ilegal a doble homicidio calificado por el vínculo”. Plantean que “la intención de esta mujer en todo momento entendió que se estaba practicando un aborto, en las condiciones que pudo”.

La integrante de la Campaña también indicó que vivir a tres cuadras del hospital de Cañada de Gómez -como argumentó la fiscal- no es una garantía de acceso a la salud. “Yo quisiera saber cuántos carteles, cuántos afiches, cuánto acceso tuvo a conocer sus derechos en sus anteriores visitas o pasos por el hospital, cuánto fue contenida esta persona para que, teniendo un problema de adicción que era conocido por el estado, no se le hubiera ofrecido la colocación de un DIU (dispositivo intrauterino) por ejemplo, cuando ella tenía, y manifestaba, su voluntad de no seguir teniendo hijos”.

Por su parte, Araya puso el eje en la ausencia estatal previa. “El estado no te ve cuando tenés tantas vulneraciones juntas hasta que te criminaliza por lo que hiciste”, planteó. “Este es un claro escenario de abuso de poder punitivo que pone en riesgo derechos conquistados por la historia de los movimientos sociales feministas”, dijeron desde la Colectiva y señalaron: “No solo resulta absurdo, sino que además es inconstitucional, arbitrario, en extremo punitivista y carente de sentido. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué no vuelva a embarazarse y a abortar? La postura que tomó la fiscalía es clasista y antiderechos”.