El Frente de Todos fue una exitosa construcción electoral. El comienzo de esa historia podría fecharse en diciembre de 2017 cuando e macrismo se impuso cómodamente en las elecciones legislativas de medio término. En ese contexto, se producía el reencuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en una reunión no publicada en el Instituto Patria. Hubo mucho de catarsis y reproches cruzados, según versiones oficiosas. Lo cierto es que, dos meses más tarde, el actual presidente recorría el país trabajando por la unidad peronista con la venia de Cristina.
El resto es historia reciente y conocida. La coalición de gobierno no pudo articular un buen funcionamiento interno. La disrupción local y global provocada por la pandemia agravó un escenario que ya era muy complicado por el delicado cuadro económico-social heredado del macrismo. Como se sabe, las internas a cielo abierto fueron debilitando al Frente de Todos. La política tarifaria fue uno de los tantos temas que partieron aguas en la coalición gobernante.
Un poco de historia
El 16 de diciembre de 2020, el Decreto 1020 habilitó al Gobierno el inicio de un proceso de segmentación tarifaria. En principio, la reducción de los subsidios energéticos para los sectores más acomodados no tenía oposición en el Frente de Todos.
Haciendo un poco de historia, la propia CFK había planteado esa cuestión aludiendo a la necesidad de instrumentar la “sintonía fina”, a fines de 2011. Mucha agua corrió debajo del puente después de eso: la quita del subsidio para actividades muy rentables como bancos, aeropuertos, financieras, compañías de seguro, casinos, telefonía móvil, actividades extractivas, refinamiento de combustibles, procesamiento de gas natural, biocombustibles y aceites de exportación, y agroquímicos; un tímido retoque de las tarifas en 2014 que fue denunciado por la oposición como el “tarifazo de Kicillof y De Vido” y el reajuste tarifario de entre el 3.400 y 5.500 por ciento para la luz y del 1.500 al 1.900 por ciento para el gas durante el gobierno macrista.
Más allá de las coincidencias teóricas en eliminar algunos sesgos “pro ricos” en materia de subsidios, las diferencias afloraron cuando había que definir un esquema concreto de segmentación tarifaria. El enfrentamiento mediático entre el ministro Martín Guzmán y el subsecretario Federico Basualdo fue una de las expresiones más reveladoras del conflicto interno.
Finalmente, el empoderamiento de Sergio Massa alumbró un ajuste tarifario bastante mayor al impulsado por Martín Guzmán. En definitiva, el esquema de segmentación tarifaria anunciado implicará un “ahorro” fiscal de 47.500 millones de pesos para 2022 y de 455.000 millones de pesos para 2023, según datos oficiales. En la actualidad, la incidencia del gasto energético en los sectores asalariados se encuentra en niveles similares a 2010, según un informe de la Secretaría de Energía.
No estamos solos
Mientras eso ocurre en la Argentina, el mundo está conmocionado por las altos precios de los productos básicos en general y de los energéticos en particular. La guerra ruso-ucraniana potenció los problemas. Por ejemplo, el Gas Nacional Licuado proveniente de Holanda aumentó 140 por ciento desde el inicio del conflicto.
Según la oficina de estadísticas de la Comisión Europea (CE), el costo de la energía para los consumidores europeos aumentó un 40,8 por ciento en el último año. En ese contexto, la CE propone destinar 40.000 millones de dólares en ayuda a los hogares más necesitados. Además, el organismo comunitario analiza implementar un esquema de compras conjuntas de gas para el 2023. Ese accionar coordinado de los 27 países de la Unión Europea buscaría reducir el costo de adquisición del insumo energético.
Con la llegada del invierno, la comunidad europea prevé apagones, racionamientos y restricciones varias. Para colmo, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (Ecmwf) pronostica un invierno más frío de lo normal. El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que "en el horizonte se avecina un invierno de insatisfacción".
Las protestas ciudadanas se multiplicaron en el último tiempo en todos los continentes. Entre enero y septiembre de este año, la población de más de noventa países salió a las calles para protestar por el precio y/o la disponibilidad de combustibles, según un relevamiento realizado por la BBC. En Europa, los ciudadanos protestaron por el aumento de los costos energéticos en Bélgica, Alemania, Italia, Reino Unido, República Checa, entre otros. En algunos casos esa creciente conflictividad se tradujo en víctimas fatales. Por ejemplo, los enfrentamientos en la capital de Sierra Leona provocaron 25 muertos en agosto de este año. En Sudáfrica también se registraron cuatro muertos. En Ecuador, las protestas comandadas por la Confederación de Naciones Indígenas (Conaei) derivaron en la declaración del estado de excepción en varias provincias de ese país a mitad de este año.
La fragilidad de la economía argentina es mucho más difícil de administrar en este mundo turbulento. Un dato que pareciera ser ignorado en algunos debates parroquiales.
@diegorubinzal
