La jueza de primera instancia Civil y Comercial de Décima Nominación, María Guadalupe Villagrán, calificó a la acción de amparo ambiental, promovida por vecinos de la localidad de San Lorenzo contra el emprendimiento urbanístico Los Maitines SA, como un proceso colectivo. La decisió se tomó tras evaluar que las pretensiones de las y los vecinos sanloreceños era proteger la biodiversidad de las Yungas y la calidad y caudal del agua proveniente del río Castellanos.
Si bien la presentación del amparo fue promovida por 15 personas residentes en San Lorenzo, la jueza Villagrán entendió que se verían afectados todos los ciudadanos que son beneficiados con los servicios ambientales que existen en la zona. Por tal razón, desde la representación legal de los vecinos, se invitó a la ciudadanía de San Lorenzo, Lesser y Vaqueros a sumarse a la acción colectiva.
Antes la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial y la Municipalidad de San Lorenzo dieron los permisos para la ejecución del proyecto, que, según se sabe, pretende avanzar sobre un territorio de 125 hectáreas ubicado justo en medio del cerro Elefante y La Quebrada. Esa habilitación se otorgó a pesar de que la construcción está emplazada en una zona clasificada en la Categoría Amarilla de la Ley Nacional de Bosques, lo que prohibiría el desmonte.
En diálogo con Salta/12, María Fernanda Guillén, litigante en representación de los vecinos autoconvocados, explicó que lo dispuesto por la jueza Villagrán permite sumar al proceso a todo ciudadano que considere que tuvo una afectación de sus derechos por el emprendimiento urbanístico y que, en este caso, perjudica a pobladores de San Lorenzo, Lesser y Vaqueros, ya que se comprobó que no sólo existe un daño ambiental en la selva de las Yungas, sino que también afectaría a las cuencas hídricas.
Contó que por el grupo ue presentó el amparo se propuso ahora hacer conocer que la acción judicial fue reconocida como proceso colectivo, para que otras personas que pudieran ser afectadas por esa iniciativa se presenten en el proceso. En un documento compartido con la prensa convocaron "a todos los vecinos afectados y residentes en San Lorenzo, Lesser y Vaqueros, a comprometerse con la defensa del ambiente y sumarse a esta lucha contra quienes atentan contra la naturaleza". Para ello, se pueden contactar al teléfono 387 5805007.
Guillén dijo que el emprendimiento Los Maitines SA, sociedad de la familia Patrón Costas, mintió desde su formulación. Aseguró que "fue presentado como un proyecto familiar, chico e inocente, pero no lo es" ya que "están por negociar con nuestras Yungas". La abogada contó que en el expediente los representantes del proyecto urbanístico afirmaron que se garantizaría la preservación de las especies nativas, pero "sabemos que con toda acción de desmonte se destruye el ecosistema".
"Lo que sigue es invitar a que se sumen al proceso para que seamos muchos y tengamos más fuerza", manifestó. Añadió que lo que se pretende hacer en San Lorenzo es una acción más dentro de la crisis ambiental que se vive en la provincia de Salta porque "hay un incumplimiento masivo a las leyes ambientales".
En reiteradas denuncias públicas, y en el propio amparo ambiental, los sanlonreceños dejaron asentado que el proyecto de urbanización generaría un gran impacto ambiental, que no sólo se daría en las hectáreas mencionadas, sino que se ocasionaría un desequilibrio ecológico del bosque, afectando la cobertura y diversidad de la flora, las especies y hábitat de la fauna, la calidad del aire y la preservación de la naturaleza.
Además, señalaron que la selva de Las Yungas constituye un bioma fundamental para el equilibrio ecológico de otras eco-regiones, ya que sirve para crear y retener enormes cantidades de agua que luego irrigan y fertilizan grandes extensiones. En ese sentido, destacaron que la zona es reconocida por los famosos acuíferos, que representan "grandes reservas de agua dulce para toda la humanidad", por lo que, "resulta imprescindible su preservación ya que cumplen un papel irremplazable en la regulación hídrica del Noroeste".
La demanda se amplió cuando se supo que se concesionó uso de agua pública del río Castellanos para el proyecto. Los vecinos manifestaron que la desviación de las aguas del río vulnera el derecho de las personas que habitan en los municipios de San Lorenzo, Vaqueros y Lesser.
Expresaron que "la escasez de agua en la zona es palmaria, evidente y de público conocimiento". En la resolución judicial se indica que esa situación se agudizaría "ante la inminente construcción de la urbanización y se agravará considerablemente, de aprobarse la toma o el desvío de las aguas por medio del acueducto Castellanos, ocasionando un daño ambiental y sanitario sin precedentes". Los vecinos aseguraron que si se habilita el desvío la consecuencia será la disminución del caudal del río, que encima tendrá que abastecer a una población mayor.
La jueza calificó el amparo ambiental como una acción colectiva el 1° de noviembre, pero antes, el 6 de octubre, había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por los amparistas, y frenó los desmontes que ya se estaban haciendo. Ese fallo también ordenó a la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, que brinde un informe detallado, con imágenes satelitales y cualquier otro medio gráfico que considere pertinente, que ilustre el estado actual del bosque nativo que se encuentra en el lugar.
Guillén dijo que la Secretaría de Ambiente aún no cumplió esa disposición, por lo que ya solicitaron que se cumpla bajo apercibimiento de desobediencia judicial. Además, dijo que tanto la resolución 117 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como la resolución 1 de la Municipalidad de San Lorenzo, que contiene la emisión un Certificado de Aptitud Ambiental, son inconstitucionales porque "van en contra de lo dispuesto en la Constitución Nacional y leyes nacionales y provinciales".
