La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció ante la Justicia una maniobra de sobrefacturación de importaciones de la que participaron tres empresas que ingresaron al país 34.000 unidades de test de diagnóstico de Covid-19, con un incremento del 500 por ciento en su valor. Calculan que quedaron en el exterior 272 mil dólares. Además, los tests tenían fechas de vencimiento adulteradas.

La mercadería, originaria de China, era procedente de Uruguay e ingresó a Argentina sin pagar derechos de importación, amparándose en el Decreto 333/2020, que había otorgado beneficios a insumos sanitarios en el marco de la pandemia.

Los investigadores aduaneros encontraron que todos los rótulos adheridos a los insumos sanitarios se encontraban adulterados, y que, en realidad, el material médico había vencido más de un año antes de su importación a la Argentina. "Por lo cual correspondía considerarlo un residuo peligroso, altamente riesgoso para la salud de los potenciales usuarios", aseguró en un comunicado la entidad que dirige Michel.

A partir de allí, y sobre la base de los datos específicos de los productos involucrados (marca, modelo, origen y número de lote), la Aduana comenzó un estudio que permitió reconstruir la ruta del material ilícito incautado. Así, se rastreó un cargamento que en el 2020 había sido exportado desde la Argentina con destino a Uruguay por una empresa dedicada al rubro textil, radicada en el interior de Argentina En dicha exportación, los tests habían sido declarados a un valor de 2 dólares por unidad, vendidos a un presunto comprador uruguayo.        

El organismo determinó luego que los mismos tests fueron exportados nuevamente por la misma firma uruguaya hacia la Argentina (es decir, un rulo de importación), pero ya vencidos y a un exorbitante valor de 10 dólares por unidad —es decir, un incremento del 500 por ciento al sólo efecto de transferir ilícitamente importantes sumas de divisas al exterior, a cambio de residuos nocivos para la salud de la población.

Por tratarse de mercaderías alcanzadas por una prohibición de carácter absoluto y que pueden afectar la salud pública, la Aduana presentó una denuncia ante la Justicia. Intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo del juez Diego Amarante, y el fiscal Dr. Miguel Schamun.

En ese marco, se ordenaron allanamientos que resultaron en el secuestro de la totalidad de los insumos médicos peligrosos, como así también documentación y equipamientos tecnológicos. Además, la Aduana ha realizado consultas al exterior mediante los convenios de intercambio de información aduanera vigentes. A partir de las irregularidades detectadas, entonces, la Aduana ordenó una auditoría integral de las operaciones que involucran las mercancías alcanzadas por el Decreto 333/2020 (test de covid, barbijos, guantes de látex, etc.).