El titular de la Unidad Fiscal Federal de Salta, que encabeza Eduardo Villalba, y el responsable de la Procuración General de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, hicieron un balance del trabajo de cooperación que desarrollan ambos organismos. 

Se informó que los funcionarios "resaltaron los logros alcanzados, hicieron ajustes y calibraciones, e impartieron instrucciones para avanzar en la investigación de otros hechos, entre ellos los 'ciberdelitos'".

El encuentro se desarrolló el viernes último en el Salón de Reuniones de la Procuración General local, en la Ciudad Judicial de Salta, y participaron también investigadores y representantes de las divisiones especializadas de las distintas fuerzas de seguridad provinciales y federales, y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). En ese contexto, las y los funcionarios destacaron las investigaciones desarrolladas y aquellas que están en trámite, respecto a las técnicas y herramientas aplicadas.

Se analizó que como resultado de ese trabajo conjunto, previsto en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, se afianzó el uso de herramientas y recursos que brindaron resultados exitosos; por sobre todo en la reunión se destacó la afinidad lograda, tanto en los niveles de toma de decisiones, como entre los investigadores de campo.

En tal sentido, el procurador García Castiella y el fiscal general Villalba resaltaron el clima de colaboración alcanzado, el que adjudicaron al criterio previsto en los artículos 90 y 123 del Código Procesal Penal Federal, que facultan y obligan a los ministerios públicos a trabajar en cooperación contra el delito.

El artículo 90 impone sobre el Ministerio Público Fiscal de la Nación el deber de promover “una amplia coordinación y actuación conjunta con los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias”, para lo cual otorga la faculta a celebrar los convenios necesarios. El artículo 123 insta a que las investigaciones se lleven a cabo de manera “conjunta” y en un ámbito de “cooperación”, para lo cual se faculta a los fiscales federales a formar equipos de trabajo, tanto en una misma jurisdicción como fuera de ella.

“Consideramos que este deber de trabajar codo a codo, que llegó de la mano del sistema acusatorio, se vio cumplido ampliamente. Y esto no es porque nosotros lo digamos, sino basta con mirar los casos resueltos de manera conjunta y no sólo en materia de narcotráfico, que ya fueron varios, sino también en hechos de trata de personas y el secuestro extorsivo sufrido por un empresario local”, se dijo en la reunión. 

Además, en el encuentro se recordó el trabajo previo impulsado desde 2014, cuando el gobierno provincial adhirió a la Ley de Desfederalización de Drogas, oportunidad en la que se impulsaron “mesas de trabajo” entre la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y la PROCUNAR NOA.

“En base a ello, es que entendimos y decidimos avanzar para aplicar esta modalidad de trabajo sobre otros ilícitos, incluido los ciberdelitos, pues no podemos siempre ir por detrás", informó el fiscal Villalba. Añadió que "en estos últimos tres años, desde el 10 de junio de 2019, Salta y Jujuy han demostrado que la justicia, a través de la implementación del sistema acusatorio, puede dar respuesta a la sociedad y hacerlo en niveles de celeridad nunca antes vistos”.

Por su parte, García Castiella subrayó “la colaboración recíproca obtenida con la interacción y el aporte entre fiscales y equipos de investigación, lo que permitió lograr resultados exitosos, inobjetables y no suficientemente ponderados y visibilizados en el esclarecimiento de numerosos hechos criminales”.

“Tenemos el deber de anticiparnos en la ingeniería de potenciación en materia de investigación criminal, pues logrando el esclarecimiento de hechos violentos y de modalidades criminales inusitadas, se evita la impunidad y una respuesta contundente y sin fisuras de todas las agencias de investigación y persecución penal del Estado, ya sean federales o provinciales, ante la pretensión de instalación del crimen organizado”, resaltó el procurador.