Desde Santa Fe
El juez penal de primera instancia Jorge Patrizi ratificó ayer la competencia de los Tribunales de Santa Fe para investigar al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y a otros ex funcionarios de su equipo por supuesta violación a la ley 25.520 de Inteligencia Nacional y rechazó el pedido de las defensas para que la causa pase al fuero federal. En un fallo de 28 páginas, Patrizi consideró que los “hechos que se le atribuyen” a los investigados no afectaron la “seguridad de la Nación”, ni “involucraron a agentes del gobierno federal”, ocurrieron en la “órbita de Santa Fe”, por lo tanto, la competencia es de la justicia provincial. La resolución es apelable.
En la audiencia imputativa del 29 de noviembre, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg le reprocharon a Sain, a la abogada histórica de Hijos, Nadia Schujman y a otros seis investigados en la causa varios hechos, entre ellos: “1) La conformación de una asociación ilícita con la finalidad de la comisión del delito de espionaje, previsto en la ley 25.520; 2) La realización de acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25.520, y 3) La comisión de abuso de autoridad por el dictado de órdenes contrarias a la ley 25.520”. En la misma audiencia, el ex ministro de Justicia Juan Lewis que defiende a Schujman y su colega Hernán Martínez que asiste a Sain impugnaron la competencia del fuero ordinario y al día siguiente pidieron por escrito que la causa tramite en el fuero federal.
El miércoles pasado, Patrizi escuchó a las partes y ayer rechazó el planteo de incompetencia, con lo cual confirmó que la causa seguirá en los Tribunales de Santa Fe. Las defensas pueden recurrir ante la Cámara de Apelaciones.
Patrizi discrepó con las defensas que sostenían que al ser la ley 25.520 una norma nacional (que “establece parámetros de los organismos de inteligencia nacionales”) “la competencia, por ese solo motivo, debe ser federal”. Y citó el debate parlamentario en el que un legislador solicitó que la ley “contemple la actividad de inteligencia que desarrollan las agencias provinciales, situación que luego fuera volcada en el artículo 43 ter. Es decir, de la interpretación de la norma en su verdadero alcance, no puede reputarse como de competencia exclusiva de la jurisdicción federal”, agregó el magistrado.
Uno de los hechos que se atribuyeron en la causa –recordó Patrizi- es “una asociación integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que realizaban tareas de inteligencia criminal respecto de determinadas personas, sin contar con autorización correspondiente” y consultaban “diversas bases de datos" que disponían "en razón de sus tareas”, lo cual "quedó circunscripto al ámbito provincial”. Y de las imputaciones, no surgió que “se haya requerido para ello los servicios de los organismos de Inteligencia Nacional”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que se pueden infringir “normas nacionales”, pero “si no se involucra al personal del gobierno federal, la órbita (de la investigación) es provincial”, señaló el juez. Y citó varios fallos en esa línea.
“Los hechos atribuidos a los imputados, conforme al relato de las partes” –dijo Patrizi- no afectaron la seguridad de la Nación”. “No perjudicaron directa o efectivamente a la Nación, ni involucraron a personal del gobierno federal. Los hechos han quedado dentro de la órbita exclusiva de la provincia”, remarcó.
Patrizi recordó también que el 3 de mayo, el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez rechazó la “competencia federal” ante un planteo de la defensa de Sain y fundamentó esa decisión porque en la causa no había una “afectación de un interés nacional”.
Cuando el juez federal Rodríguez resolvió, Sain y los ex integrantes de su equipo aún no sabían por qué los investigaban. Hoy, ya hay “una imputación del MPA a las personas que en ese momento estaban sospechadas”, pero en estos siete meses, el “contexto no ha variado”, por lo tanto “no hay motivo para cambiar el temperamento adoptado por el juez federal”, en el mes de mayo, agregó Patrizi.
“En cuanto a la autoría y calificación de los hechos intimados será materia a verificar en su momento la tipicidad y autoría de los mismos, situación que no ha sido planteada por los defensores”, dijo juez. Y resolvió: “No hacer lugar a la declaración de incompetencia” planteada por las defensas en la causa.
