El intendente de la localidad catamarqueña de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz (64), quien está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad de una adolescente, volvió a apelar. Se trata de la tercera vez en un año y medio que lo hace y de esta manera el proceso penal en su contra es dilatado.

En su última presentación, el defensor del intendente denunciado requirió que la sobreviviente preste declaración nuevamente, algo que fue rechazado por la fiscal Antonella Kranevitter y por el Juzgado de Garantías, que entendieron que la medida implicaría revictimizar a la denunciante, quien durante la declaración había detallado que padece secuelas del trauma, algo ratificado por los peritajes.

Con la nueva apelación del defensor del intendente denunciado, Guaraz evita nuevamente que la investigación, que ya está casi concluida, sea cerrada y la causa, elevada a juicio oral.

En caso de que la Cámara de Apelaciones rechace el pedido reiterado por la defensa de Guaraz, el Intendente podría recurrir a la Corte de Justicia. Ese requerimiento podría demorar la tramitación de la causa al menos un año más.

Guaraz:Los delitos que le imputaron establecen penas mayores a 16 años

La acusación

De acuerdo con la denuncia judicial, el intendente Guaraz, de 64 años, y que ejerce el mismo cargo -en el que actualmente sigue en funciones- desde hace 14 años, comenzó a acosar a la joven cuando ella tenía 14 años. En ese entonces, se sirvió del cargo de Jefe comunal para ofrecer un trabajo en el municipio a la madre de la chica, algo que la mujer aceptó.

Luego, y durante casi 5 años, la hostigó y amenazó con quitarle el trabajo a su madre si ella no accedía a los abusos. Al cabo de un tiempo, la joven se negó a seguir viéndolo, por lo que Guaraz la secuestró, la llevó a la fuerza hasta su casa, la encerró, la golpeó y finalmente la violó.

A Guaraz solamente se le imputaron los delitos que cometió luego de que ella se negara a seguir viéndolo.

Para poder radicar la denuncia en su contra, la sobreviviente debió huir de su pueblo escondida en el baúl de un automóvil, para llegar hasta la capital provincial. La joven explicó que estaba segura de que, en caso de radicar la denuncia en su municipio, el caso quedaría trunco, por la influencia de Guaraz en la zona.

Luego de la denuncia, los peritajes psiquiátricos y psicológicos establecieron que la joven no fabulaba.

El artículo 82 del Código Procesal de Catamarca establece que "el imputado será sometido a examen mental, a los fines de determinar el estado y desarrollo de sus facultades, siempre que el delito que se le atribuya sea de carácter sexual o estuviere reprimido con pena no menor de diez años de prisión”. En el caso de Guaraz, los estudios aún no fueron ordenados aunque sí fueron solicitadas por la querella.

La denuncia contra el intendente fue radicada el 3 de junio del año pasado. Sin embargo, por los sucesivos pedidos de su abogado defensor, la causa se fue dilatando y el funcionario recién fue imputado formalmente en octubre de este año.