El presidente Alberto Fernández anunció ayer que impulsará junto a los gobernadores el juicio político "al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones". Poco antes del viaje de Fernández a Brasil donde asistió a la asunción de Luis Inazio Lula Da Silva como presidente, la Casa Rosada dio a conocer la carta pública por el año nuevo en la que hace un pequeño repaso de lo hecho y plantea algunos objetivos a lograr en el 2023.
En el documento indicó además que el requerimiento de juicio político también será para "los restantes miembros del máximo tribunal". El borrador ya circula entre los gobernadores peronistas, según confirmó el Presidente desde Brasil. Y el martes habrá un encuentro de los mandatarios provinciales en Casa Rosada. La oposición macrista radical de Juntos por el Cambio (JxC) ya anticipó su rechazo a la iniciativa.
“Voy a acompañar este juicio político a la Corte Suprema. Estamos citados
los gobernadores para el día martes, ahí conoceremos la presentación",
aseguró el gobernador bonaerense Axel Kicillof en diálogo con Tuny Kollman por Radio 10. "Todo indica que hay una
serie de elementos que se vienen acumulando, que generan cada vez más
indicios de lo que preveíamos: que hay una absoluta colaboración entre
los sectores políticos de Cambiemos y la Corte", dijo. “Hay fallos que
han sido últimamente escandalosos, antijurídicos y de atribuciones de
otros poderes del Estado. Lo último que podemos decir de la Corte es que
son democráticos, constitucionales o republicanos”.
La Carta de Alberto Fernández
"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti", destacó Fernández en el texto difundido por el gobierno aludiendo al conflicto entre las provincias, acompañadas por el Estado Nacional, y la capital porteña por la distribución de la Coparticipación Federal. La Corte Suprema falló a favor del amparo solicitado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y dispuso que el gobierno nacional le entregue el 2,95 por ciento con el que Caba fue beneficiada durante la presidencia de Mauricio Macri en el período 2015-2019.
"Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional", aseguró Fernández en alusión al doble rol de Rosatti, como presidente de la Corte y del órgano encargado de la designación y sanción de jueces. Fernández también agregó que era su deber "promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica".
A su vez afirmó que en los últimos meses se había visto "un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina" y detalló que "diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia", aludiendo a otro escándalo judicial en el que se revelaron chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, principal operador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El funcionario judicial le recomendaba a D'Alessandro los pasos a seguir para que la Corte pueda convalidar judicialmente el reclamo del senador Luis Juez a un lugar en el Consejo de la Magistratura.
"Los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado", indicó Fernández exponiendo algunas de las razones para impulsar el juicio político a Rosatti y el resto de los integrantes de la Corte.
El pedido de enjuiciamiento al presidente de la Corte Suprema debe ser presentado en la Cámara de Diputados para luego ser analizado por la comisión de Juicio Político, que encabeza la legisladora del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard. Si logran darle dictamen favorable se deberá aprobar la acusación con los dos tercios en el recinto de sesiones, número con el que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición.
Otras voces
Por su parte, el canciller Santiago Cafiero detalló desde Brasil que "lo que se determinó en reuniones del Presidente con gobernadores es avanzar en esta investigación que se debe dar en el marco de que se investigue las conductas que ha tenido el máximo tribunal de Argentina, producto de lo que vimos en los últimos meses de intromisiones de un Poder sobre otro". El ministro destacó que el Poder Judicial interfirió "sobre el Legislativo y el Ejecutivo", al haber "determinando decisiones de Gobierno, presupuestos votados por el Congreso, leyes que se deciden anular".
La diputada del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, también salió a defender la iniciativa del gobierno nacional al señalar que el máximo tribunal actuó de forma "antidemocrática", y aseguró que además "está jugando para Juntos por el Cambio y para los sectores poderosos de la sociedad, aquellos que no respetan las reglas democráticas".
Siley afirmó que con las últimas decisiones de la Corte "se está violando la Constitución desde la conducción de ese poder del Estado que es quien más debe garantizarlo, la Corte es la última garante de la Constitución". La legisladora de extracción sindical apuntó que "la sociedad argentina le está demandando al Poder Judicial una reacción, cambios profundos y tenemos que trabajar incansablemente para lograrlo, desde adentro, desde la política y desde la movilización popular".
Juntos contra todo
Apenas difundido el documento presidencial la oposición salió a marcar su rechazo al jury de enjuiciamiento contra los cortesanos. “Fernández, que en cualquier país normal ya hubiera sido destituido por mal desempeño y cometer delitos, amenaza al presidente de la Corte con un juicio político que no va a prosperar porque no tiene los votos", indicó el radical Mario Negri, jefe del interbloque de JxC en Diputados. El cordobés aseguró que se trata de "un apriete infame para congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner y buscar impunidad”. En tanto, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López calificó como una “vergüenza contra la Corte que no será otra mancha más, será histórica”.
