El camino que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia emprendieron para llegar al nuevo acuerdo de paz que firmaron ayer fue largo, sinuoso y obligó a los negociadores, tras el triunfo de la oposición en el último plebiscito, a repensar el rumbo de las negociaciones. El primer acuerdo, firmado el 26 de septiembre en Cartagena, debía refrendarse con un plebiscito que se realizó el 2 de octubre y en el que el No ganó por 53.894 votos. El gobierno y la guerrilla colombiana elaboraron un nuevo texto que obligó a implementar una serie de cambios, donde se incluyeron propuestas después del rechazo en las urnas del pacto original. 
Entonces las partes acordaron refrendar el nuevo documento en el Congreso, donde la mayoría descansa en manos oficialistas. El derechista Centro Democrático, fuerza política del ex presidente Alvaro Uribe, dijo que eso constituye un golpe a la democracia. Sus legisladores votarán contra el texto por considerar que los cambios son insuficientes.
La primera versión debía anexarse a la Constitución colombiana una vez refrendada. Ahora, en cambio, sólo se incorporará un artículo transitorio, vigente por tres períodos presidenciales (es decir, por unos 12 años), que señala que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con el acuerdo.
El acuerdo al que se arribó en septiembre esbozaba la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema de justicia transicional encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, que plantea penas alternativas a la cárcel, pero cuyo alcance en el tiempo no había quedado delimitado. Ahora, por el contrario, se establece un período de 10 años para presentar acusaciones, que podría extenderse hasta llegar a los 15 años. Además, se aclaró que los fiscales encargados de llevar adelante las medidas judiciales deberán ser colombianos.
En materia de narcotráfico, el objetivo del nuevo acuerdo busca aclarar la conexión con los delitos políticos. A partir de ahora, este delito sólo será aceptado como crimen conexo a la rebelión –por lo que sería sujeto de amnistía– en caso de que “no haya derivado en enriquecimiento personal”. Pese a estos cambios, los opositores mantuvieron su disconformidad porque, argumentaron, la comisión de este delito se mantendrá impune.
Por otra parte, la guerrilla colombiana aceptó hacer un inventario de sus bienes, que servirán para reparar a las víctimas, y entregará una lista de todos sus miembros, incluidos los que fungieron como milicianos. La participación política de los guerrilleros, un tema que generó controversias entre el gobierno colombiano y quienes apoyaron el No en el plebiscito, se mantuvo sin mayores cambios y constituye la principal objeción de los opositores, que rechazaron toda posibilidad de que los insurgentes que sean culpables de crímenes atroces puedan presentarse a cargos de elección popular antes de pagar con la cárcel por los delitos cometidos.
En la firma del primer acuerdo participaron 15 jefes de Estado y otros 2500 invitados. La oposición, entonces, criticó la ceremonia por considerarla un derroche de recursos públicos. El acto de ayer, por el contrario, se llevó a cabo en el tradicional Teatro Colón, ubicado en el centro de Bogotá, cuya capacidad en su sala principal es de 785 personas. Participaron ex presidentes colombianos, congresistas, magistrados y representantes de organizaciones sociales.
La apertura oficial de las negociaciones de paz se conoció el 4 de septiembre de 2012, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio formal de los diálogos, mediante la discusión de seis puntos. Un mes después, en Noruega se dio apertura oficial a las conversaciones y en noviembre se realizó la primera sesión en La Habana. En la Navidad de 2012, las FARC informaron de la primera tregua unilateral, que luego extendieron en los años posteriores por cortos períodos hasta que en 2015 decretaron un alto el fuego indefinido.
Pese a gestos dados por las partes a lo largo de los tres años y medio de negociaciones, la paz estuvo en vilo por ataques, secuestros, ofensivas militares y desatinos políticos. La situación más crítica se vivió el 17 de noviembre de 2014, cuando el gobierno suspendió el proceso de paz tras el secuestro de cuatro personas en el sur del país, incluido un general del Ejército.
La crisis se superó un mes después, luego de que fueran liberados los retenidos, lo que sirvió de plataforma para bajar la tensión del conflicto, y acordar la entrega de armas y las zonas de ubicación de los guerrilleros una vez firmada la paz. El 26 de septiembre Santos y el jefe de las FARC, Timochenko, firmaron el acuerdo en un acto que convocó en Cartagena de Indias a decenas de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, pero el pacto quedó en el limbo político el domingo 2 de octubre por la noche, cuando el escrutinio del plebiscito sorprendió a todo el mundo con el triunfo del No por un escaso margen.