Gravida, la organización vinculada a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que entre el viernes y el lunes la “invitó” a una misa y luego la “alojó” en uno de sus espacios asociados de la provincia de Santa Fe hasta que el Estado reconoció públicamente lo sucedido y -se supone- comenzó a actuar para proteger derechos ya vulnerados, se dedica precisamente a eso.
Sus referentes -laicas voluntariosas, religiosos, personal de salud- la definen como “un servicio”. Fue fundada en 1989 por el entonces Director del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la diócesis de San Isidro, Juan Martín Reddel. De todos modos, reconoce la conducción de dos líderes: un sacerdote, Bernardo Ruiz Moreno, que en su LinkedIn se presenta como “asesor nacional” de la entidad y en la web de Gravida es mentado como “Asesor Espiritual Fundacional”, y una laica, Diana Florez del Castillo, que funge de “Directora Fundacional”.
En 2018, ante el plenario de comisiones de Diputados que llevó adelante las audiencias por la ley de IVE, Florez del Castillo explicó que Gravida existía desde hacía “30 años”. “Estamos en 20 provincias, en 57 localidades”, agregó, y poco después detalló cómo ella misma había logrado que una chica de 12 años que quería abortar desistiera. Esa nena siguió adelante con la gestación que, sin duda, sólo podía ser producto de un abuso, como en el caso de Santa Fe que está todavía hoy, ahora, transcurriendo y marcando para siempre la vida de una chiquita convertida en botín. Esa nena, dijo Florez del Castillo ante diputadas y diputados, al embrión “lo dejó nacer, le puso nombre, dejó que una familia lo amara y protegiera. Y hoy empezó a planificar su fiesta de 15”. En esa misma audiencia pública, un médico de la ONG, Mariano Ghilardi, buscó provocar con un video de un presunto “aborto quirúrgico”; y una voluntaria de Gravida, Lorena Bauza, aseguró que había sido “una persona en riesgo de no nacer”.
Por entonces, Gravida y sus referentes recurrían de manera frecuente a la expresión “embarazos inesperados” y aseguraban que los asistían, que eran un “centro de asistencia a la vida naciente”, o a las “embarazadas en dificultad y a la vida por nacer”. Ahora, con la ley 27.610 sancionada y vigente, se redefinieron como “un servicio de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable”. Su propia web explica que, como parte de la misión de “orientación, contención, promoción y acompañamiento de la mujer embarazada y de la mamá con su hijo recién nacido”, brindan “visitas domiciliarias”.
Forman parte del Área Pastoral del Cuidado de la Vida y la Niñez de la CEA, un espacio que comparten con otras cinco entidades: una de Cáritas (Primera Infancia), “El viñedo de Raquel”, “Proyecto Esperanza”, “Hogares del Abrazo Maternal” y el área de Niñez de la propia Conferencia Episcopal.
Otro de sus caballitos de batalla es la “capacitación especializada”, en la que participan curas y profesionales de la salud, a voluntarios deseosos de ser “Consejeros del Programa de Sanación Raquel”, una práctica basada en la idea de que es preciso atender y “sanar las heridas del aborto”. Para eso, organizan retiros espirituales.
Participó, claro, del intento de hacer que el Estado nacional financiara una “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”, una iniciativa que había sido presentada en sociedad con un gran acto en el Congreso, en 2019, y que buscaba hacer en gran escala lo que estamos viendo hoy con la niña de Santa Fe. Esa vez, el proyecto terminó frustrándose luego de que este diario diera cuenta del convenio que las entidades habían llevado adelante, violando normativas nacionales, con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a cargo entonces de Carolina Stanley.
